Jorge Eduardo Arellano
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La inseguridad ciudadana, entendida como el riesgo a ser víctima de un hecho delictivo, a pesar de ser creciente en la última década en Nicaragua, fenómeno común en América Latina, sigue siendo menor que la del norte de Centroamérica y ligeramente mayor que la de Costa Rica y Panamá. 2008 cierra con 16% de denuncias por delito más que 2007. La amenaza de la delincuencia organizada transnacional (variada, compleja y global), particularmente el narcotráfico, es creciente ante el conflicto en Colombia y México y la demanda del principal consumidor de cocaína, Estados Unidos, en una realidad geopolítica centroamericana que se suma a las profundas fragilidades socioeconómicas regionales, la corrupción pública y privada y a las debilidades del sistema de justicia y seguridad. La preocupación por la “seguridad” como principal problema del país ocupa un lugar secundario, por cuanto se perciben con mayor énfasis los problemas socioeconómicos (pobreza, desempleo, alza de precios).

La tasa de homicidios se ha mantenido relativamente igual con respecto a 2007, aunque ha aumentado la violencia en los delitos contra la propiedad. La Policía Nacional continúa siendo percibida como una de las instituciones más confiables del país, sólo por debajo de la Iglesia Católica, los medios de comunicación y el Ejército de Nicaragua. A pesar de los defectos institucionales, la carencia de recursos, los abusos y errores policiales, es catalogada como una entidad profesional. La seguridad, dada su multicausalidad, no es una situación estable e inalterable, cambia con el tiempo y los acontecimientos internos y externos. Requiere acciones estatales y sociales sostenibles para adecuar las capacidades nacionales a la dinámica de la conflictividad de la convivencia, disponerse ante las amenazas y riesgos, premeditar inteligentemente respuestas eficaces en el marco del Estado de Derecho.

Aunque la violencia delictiva propiamente dicha ha afectado la seguridad de las personas y sus bienes, durante 2008 ha sido la confrontación política-social la que ha distraído reiteradamente a la fuerza policial, descuidando la rutinaria atención al delito común. Los acontecimientos ocurridos por la confrontación política, la etapa pre y poselectoral, los conflictos interinstitucionales y partidarios, la creciente desconfianza, han contribuido a generar tensión, incertidumbre e inseguridad, que sumado a las expectativas ante la crisis financiera internacional que tendrá efectos en nuestra frágil economía real, afectan la “tranquilidad” de los nicaragüenses. “No estamos en un lecho de rosas” aunque nuestros niveles de inseguridad provocados por la violencia delictiva sean tres veces menores a los de Guatemala, Honduras y El Salvador. “No podemos dormirnos en nuestros laureles” porque hay un evidente incremento de la violencia criminal y de la sensación de inseguridad. El año que está por comenzar requiere que juntos consideremos acciones urgentes si queremos frenar la tendencia creciente, y quizás, en un futuro, volver a los niveles registrados en los primeros años de la presente década. Enumero las siguientes 12 propuestas:
1. Fortalecer el nivel de profesionalización de los funcionarios de los órganos de la seguridad pública, particularmente la Policía Nacional.

2. Mejorar salario y condiciones de trabajo de los policías de base y oficiales subalternos. El ingreso del total de policías del nivel ejecutivo y subalterno no cubre el costo de la canasta básica; se encuentran en condiciones de pobreza extrema. Ello afecta la motivación del personal, deteriora su salud física y síquica, incrementa los riesgos de corrupción.

3. Rediseñar el despliegue policial para descentralizar y desconcentrar los servicios policiales operativos y administrativos haciéndolos más cercanos y simplificados para la población.

4. Fortalecer la vinculación de la prevención policial con la investigación e inteligencia criminal para la ejecución de servicios policiales inteligentes que potencialicen sus capacidades organizativas y resultados.

5. Simplificar y racionalizar la organización policial para fortalecer las áreas sustantivas y operativas, destinando los recursos humanos, materiales y financieros al cumplimiento de las funciones fundamentales.

6. Promover regulaciones y/o cumplimiento de las vigentes sobre la tenencia de armas de fuego, expendios de licor y expendios/consumo de drogas. Estos tres elementos contribuyen a incrementar la violencia.

7. Facilitar la participación social en la prevención comunitaria enfocada en la incidencia de las causas criminológicas de la delincuencia.

8. Desarrollar programas especiales con la comunidad, medios de comunicación, organismos gubernamentales y no gubernamentales, para incidir sobre niños y niñas en condiciones de riesgo, la violencia juvenil e intrafamiliar.

9. Desarrollar desde las nuevas autoridades municipales planes de prevención situacional y mecánica para la seguridad ciudadana.

10. Activar el funcionamiento de la Comisión Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana como entidad consultiva de la Presidencia de la República, para la formulación de estrategias y políticas gubernamentales que coadyuven a la convivencia y seguridad ciudadana.

11. Avanzar en la cooperación regional contra la delincuencia organizada transnacional y el narcotráfico.

12. Promover diálogo, tolerancia y convivencia entre los nicaragüenses, desde los poderes del Estado y líderes políticos, sociales, económicos y religiosos para evitar la confrontación violenta que desgasta física y moralmente a la nación y a la Policía, siendo utilizada en conflictos cuyo origen requiere soluciones distintas.

Finalmente, les deseo paz y bien en Navidad y Año Nuevo 2009, que según resolución de la 56ª sesión plenaria (20/11/06) de la Asamblea General de la ONU, fue proclamado “Año Internacional de la Reconciliación”, y es además el “Año Jubilar Franciscano”, en conmemoración de los 800 años de la Orden de Frailes Menores (1209-2009), fundada por Francisco de Asís, aquel pequeño y humilde hombre, amante de la naturaleza y hermano, quien, desde su mensaje investido de ejemplo, puede ser referente para la paz, la reconciliación, la convivencia con equidad y el respeto al derecho ajeno.


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