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La escalada de prejubilaciones y de jubilaciones anticipadas que recorrió el mundo no hace muchos años ahora está siendo cuestionada. Por una parte porque se ha caído en la cuenta de que la experiencia es un gran activo para empresas e instituciones. Por otra, porque cada vez hay menos jóvenes. Y, sobre todo, porque el sentido común y la racionalidad con la que hay que conducirse también en materia de políticas de personal, aconseja actuar con criterios de igualdad.

En los Estados Unidos de América cada vez hay más trabajadores mayores de 65, algo insólito en la vieja Europa de hace unos pocos años. Un dato para la reflexión: según la oficina del censo yanqui nada menos que el 28,7 % de los mayores de 65 años estaban en activo. En Washington, el 31,8 % de las personas mayores trabaja. La razón que hace posible que en los EU se cambie una tendencia que en el viejo continente ha sido una moda en los últimos años reside en la prohibición de la discriminación laboral por motivos de edad y en las ventajas que se otorgan a las empresas que contratan a este tipo de personas. Además, hay otra razón que pesa más en América que en Europa, ya que los norteamericanos tienen un mayor gasto médico. En efecto, el seguro médico público exige a los pensionistas pagar una prima mensual por gastos no hospitalarios y medicamentos nada desdeñable.

En Europa, en los últimos tiempos, las cosas parece que empiezan cambiar de la mano de Sarkozy, el sorprendente presidente de la república francesa. En efecto, Sarkozy tiene previsto, en su programa de reformas laborales, penalizar las jubilaciones anticipadas y gratificar fiscalmente a las empresas que contraten a personas mayores de 55 años. Por lo pronto ha conseguido, a pesar de las protestas, reformar el sistema de los “privilegiados” regímenes especiales de la Seguridad Social del que disfrutaban
algunos colectivos de funcionarios y se espera que también en estas materias los cambios vayan a buen puerto, porque son razonables, incluso necesarios.

No se trata, en mi opinión, de adoptar medidas generales para todos. Sobre todo, hay que tener presente que hay determinadas profesiones de asesoramiento, de investigación o de resolución de conflictos en las que la experiencia es un valor muy importante, fundamental podría decirse. Por ejemplo, ¿qué problema habría en que los profesores universitarios que estén en buenas condiciones a la hora legal de la jubilación pudieran continuar sus tareas docentes y de investigación sin la humillación de tener que, al final de su carrera, someterse a una autorización previa que en muchos casos no es más que un trámite político? ¿Qué inconveniente tendría que personas que han ocupado puestos de dirección en empresas e instituciones pudieran integrar consejos asesores en dichas corporaciones? O, ¿por qué no se deja a los jueces que estén en buenas condiciones que continúen en la función judicial?

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