Jorge Eduardo Arellano
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Eddy Enrique Martínez Rivera
El 11 de noviembre del año 2008 se publicó en La Gaceta No. 215 la Ley No. 671, por la cual se adicionó un Capítulo a nuestro Código del Trabajo, titulado: “Del trabajo de los Docentes Universitarios Horarios”, y sobre la misma se pronunció el Presidente del Consejo Superior de Universidades Privadas de Nicaragua, en la edición de este Diario con fecha 17 de Diciembre del presente año en donde externó que las Universidades no tienen capacidad financiera para cumplir con la Ley No. 671 para tener a los docentes bajo relación laboral y que podrían ser contratados como “especializados con contratos por servicios profesionales”, me permito opinar sobre el tema:
La Ley No. 671 persigue básicamente dos objetivos: 1) Que sean considerados en estricto sentido laboral como trabajadores bajo una relación laboral; y 2) Que sean cubiertos por el régimen obligatorio de la Seguridad Social. De ser así significa que gozarán de las mismas prestaciones que otorga la ley al resto de trabajadores, tales como su salario, sus vacaciones, décimo tercer mes y la antigüedad; y en cuanto a la seguridad social deberán cotizar en el régimen correspondiente y de igual manera la Universidad, como su empleador, tendrá que aportar su cotización patronal.

La forma de contratación laboral la decidirá la Universidad considerando la necesidad de emplear al docente por lo que podrá ser mediante un Contrato Indeterminado o Permanente; o bien contratarlo por tiempo Determinado (por Cuatrimestre o Semestre) y en este caso no se acumula la antigüedad teniendo en cuenta sí lo que establece el mismo Código del Trabajo en cuanto a la prórroga del Contrato por tiempo Determinado.

Al tratarse de contratos determinados por cuatrimestre o semestre la Universidad deberá adecuar sus controles administrativos y/o informáticos para la determinación de las prestaciones que se acumulen, pudiéndose estipular el pago del salario prestacionado por lo menos en cuanto al décimo tercer mes para evitarse engorrosos trámites administrativos en cada cuatrimestre o semestre, debido a que algunos de esos docentes quizás no sean contratados en atención a la materia o clase que imparten.

Considero importante hacer énfasis en el espíritu de la Ley No. 671 referida, la cual es loable, interesante y de ineludible cumplimiento, y naturalmente que la misma pretende la protección de ese gran número de Profesionales que se dedican a la docencia universitaria de forma ordinaria, permanente y habitual. O sea que esa es su profesión u oficio y no desempeñan otra labor, dedicándose a impartir clases en una o varias universidades de lunes a domingo, por ejemplo. Este docente, entonces gozará de los beneficios que establece la ley aludida.

Pero si el docente es Abogado y Notario, Médico, Ingeniero o cualquier otro profesional, que no depende exclusivamente de la docencia como su medio de subsistencia personal y/o familiar, sino que dedica parte de su tiempo en enseñar sus conocimientos, como elemento multiplicador para coadyuvar al desarrollo social, entonces éste podría ser contratado por Servicios Profesionales, lo que implica el no reconocimiento a las prestaciones laborales referidas.

Lo expuesto se interpreta de lo que estatuye el artículo 202b) de la misma ley, el que deja a valoración discrecional de la Universidad decidir si el profesional a contratar es o no un docente que se dedica únicamente a la docencia, lo que puede motivar a violar los objetivos de la norma jurídica. De todas formas el Legislador debió ser más explícito al respecto considerando que muchas Universidades o no cuentan con capacidad financiera o se aprovechan de los vacíos jurídicos para alegar que no es obligatoria. Toda Ley de la República es de ineludible cumplimiento y quien se considere menoscabado en sus Derechos Constitucionales puede recurrir en contra de ella haciendo uso de los recursos aplicables.