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La realización de un eminente y necesario Diálogo Nacional entre el gobierno del Presidente Daniel Ortega Saavedra y todos los sectores representativos de la vida nacional tiene que ser con el propósito de promover, implementar y fortalecer el Estado Social de Derecho. Por consiguiente, todo acuerdo y resolución emanada de dicho diálogo debe ser en el marco del sistema jurídico vigente, con estricto apego a la jerarquía y al espíritu de la ley; y en su caso, ante acuerdos y resoluciones que vayan más haya del derecho positivo o vigente, éstas deberán implementarse con posterioridad a la aprobación de la ley que debe normarlos. En otras palabras, se debe poner un alto a la reincidente violación a la Constitución Política y a las leyes en general, pues ninguna norma inferior puede ir en contra de una norma superior; ni persona alguna está obligada a hacer lo que la ley no mande, ni impedida de hacer lo que ella no prohíbe.

Por consiguiente, ninguna crisis debe ser resuelta a costa de la institucionalidad, ya sea encubriendo el carácter jurídico de un derecho o de un hecho bajo la apariencia de otro, o mediante una ley ordinaria o decreto para modificar la Constitución en clara violación a los artículos constitucionales 130 y 183, mismos que establecen “ningún cargo concede a quien lo ejerce, más funciones que las que le confieren la Constitución y las leyes”… “ningún poder del Estado, organismo de gobierno o funcionario tendrá otra autoridad, facultad o jurisdicción que las que le confiere la Constitución Política y las leyes de la República”. En tal sentido, por el bien común, por el predominio popular en el Estado, el gobierno del pueblo por el pueblo, es decir por la democracia, el Presidente de la República y todos los sectores representativos de la vida nacional al negociar deben analizar, discutir y resolver cada tema bajo la óptica de la Constitución y de las leyes de la materia, y en su defecto legislar en función de ajustar la realidad a la norma.

Así, por ejemplo, el problema generado por los comicios municipales del nueve de noviembre debe ser analizado, discutido y resuelto de conformidad con la Ley Electoral en cada una de sus etapas del proceso o en su caso la debida revisión de actas en los municipios que así lo ameriten; la participación ciudadana sea cual sea la organización o afiliación político-ideológica por la ley 475, ley de Participación Ciudadana y por el Decreto No. 114-2007 Creación de los Consejos y Gabinetes del Poder Ciudadano; el conflicto de la propiedad por la ley 278 y demás leyes al respecto; sobre los derechos políticos, libertades públicas y libertad de expresión por la Constitución y Declaración de los Derechos Humanos y demás Convenios Internacionales de los cuales somos firmantes. Asimismo, en función de recuperar el apoyo de los países donantes y de la Cuenta Reto del Milenio se debe analizar y discutir si dichos protocolos son o no violatorios a nuestra soberanía, lo que podría llevar a un profundo análisis del concepto soberanía y de nuestra política exterior, etc.

En febrero del año pasado el General Humberto Ortega Saavedra llamó a todas las fuerzas vivas de la nación, en nombre de dos grandes patriotas: el mártir de las libertades públicas Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y el guerrillero heroico Camilo Antonio Ortega Saavedra, a una necesaria concertación nacional. Llamado que ahora se hace más necesario, pues la crisis se ha profundizado no sólo en el plano nacional, sino que internacionalmente. En ese mismo período y en este mismo diario el suscrito escribía en respaldo al llamado del General Ortega “Digamos sí a la Concertación”, enfatizando en dicho escrito, como ahora, que el Diálogo en mención no sólo debe generar cambios positivos en la forma de hacer política, sino también en la sociedad en su conjunto, en especial en las grandes mayorías empobrecidas deseosas de justicia y de equidad. Decía un comentarista deportivo en un programa dominical “que la República de Panamá está por inaugurar 21 hoteles y que nosotros por estar peleando no inauguramos ni cuarterías”. ¡Cuánta razón!
Por tales razones reafirmamos, como en aquella ocasión, que los medios de comunicación escritos, televisivos y radiales están llamados a actuar con mayor responsabilidad, con profesionalismo, con el fin de coadyuvar a una verdadera reconciliación nacional, y con ello al fomento de la participación ciudadana, llámese consejo del poder ciudadano, movimiento comunal, consejo de desarrollo regional, departamental y/o comité de desarrollo municipal, organizaciones gremiales, religiosas en función de salvar a Nicaragua de la crisis socio-económica y política. Crisis de la que somos responsables todos, unos en mayor grado que otros. Estado Social de Derecho es, pues, sinónimo de democracia: gobernabilidad, equidad, igualdad de oportunidades, libertad y justicia.


*Sociólogo y abogado.

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