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Entre la noche del 30 de junio y el 2 de julio de 1934 en la entonces Alemania Nazi de Adolf Hitler se ejecutó la “Operación Colibrí”, que básicamente consistió en una purga sangrienta promovida por el Partido Nazi para que éste pudiera apropiarse de las estructuras del Estado alemán que aún no controlaba. A tal acontecimiento la historia ha llegado a conocerlo como “La Noche de los Cuchillos Largos”, por la sangre que fue derramada con el fin de que el nacional socialismo se garantizara un dominio incuestionable en todos los estratos de la sociedad alemana.

Hoy, si respetamos los evidentes contrastes, podemos ver que en Nicaragua, en pleno siglo XXI, han querido poner en escena una versión adaptada de semejante barbarie. La diferencia es que en nuestro caso no debimos soportar dos noches sino varias semanas de una cruzada de intimidación oficial y una burda arremetida contra nuestro Estado de Derecho, dividido todo en cuatro actos. El primero de ellos lo constituyó una campaña electoral municipal teñida, de casualidad, sólo con la sangre de los simpatizantes de la oposición; el siguiente, un masivo fraude electoral planificado y ejecutado a la perfección, con la maestría de que son capaces sólo quienes han hecho de la conspiración su modus vivendi; el tercero los ataques impunes de unas milicias mercenarias que tenían licencia para lo que sea, dejando en evidencia un apoyo logístico y de inteligencia dignos de una verdadera guerrilla urbana; y el cuarto, una vez que la oposición –como era de esperarse– intentara neutralizar estos abusos en la Asamblea Nacional, pues sin mayor empacho proceder a gobernar de facto, a través de unos decretos ejecutivos dignos de Alicia, la del País de las Maravillas.

Así, pues, lo que hemos visto en estas últimas semanas es a unos sicarios disfrazados de rojo y negro, contratados con el exclusivo mandato de impedir a toda costa que la oposición se desahogara manifestando cívicamente su legítima indignación –seguramente para que el Pueblo Presidente pudiera jurar ante los foros internacionales que en Nicaragua todo está bien–. También fuimos testigos de una ofensiva paralela dirigida cobardemente contra periodistas desarmados, cuyo único pecado es cumplir su jornada laboral en las calles para mantener a la población objetivamente informada. Y, horror de horrores, este acoso a los medios independientes fue oficiosamente anticipado a través de la amigable y diligente “advertencia” de un alto funcionario público quien recordó que no quedaría piedra sobre piedra si –Dios no lo permitiera– se llegare a desatar la apocalíptica ira presidencial.

Y especialmente preocupante es el hecho de que el propio Presidente de la República reconoció que fue él quien ordenó a la policía que apenas contuviera a estos asaltantes, justificándolos como víctimas marginadas de la sociedad que “espontáneamente” manifestaron su arrebato contra esas incómodas e inoportunas denuncias de fraude electoral. El problema es que lo que mostró la cobertura periodística fue a unos delincuentes armados con machetes nuevos, todos recién comprados, lo que deja de manifiesto que en realidad las operaciones de estas atormentadas “víctimas”, lejos de ser espontáneas, fueron dirigidas a control remoto. Es decir que tenemos un gobierno que descaradamente hace apología de la violencia, lo cual demuestra que realmente le importa un comino no sólo la convivencia social, sino también aquella evasiva dama que desde su primer gobierno le ha dado la espalda a Ortega: la estabilidad económica nacional.


Entonces, en vista de que mi voto es papel mojado y de que ni siquiera tengo el derecho al libre berreo en las calles, quisiera compartir con mis compatriotas algunas dudas –aprovechando que hasta ahora no han logrado asaltarme, también, los pensamientos–. Pregunto: ¿Quién mandará realmente en Nicaragua, la ciudadanía o Daniel Ortega? ¿No es una realidad evidente que se está intentando secuestrar la voluntad del pueblo, al no sólo escamoteársele su soberano mandato electoral e impedírsele sistemáticamente protestar de manera cívica denunciando tales atropellos, sino también al pretender ahora “legislar” el Poder Ejecutivo?
Y otras más: ¿Qué significa el famoso eslogan “Unida, Nicaragua triunfa”, si lo que está demostrando Ortega con sus acciones es que le vale un comino la paz social, al convertirse en el reincidente director de orquesta de esta versión renovada del fraccionamiento de la sociedad nicaragüense? ¿Recordará, acaso con remordimiento, toda la sangre que se derramó durante una guerra fraticida que se dio durante su primera presidencia, conflicto a raíz del cual existe una acusación contra el Estado de Nicaragua por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos?
Una última pregunta: ¿No debiéramos los nicaragüenses empezar a llamar las cosas por su nombre, así refiriéndonos a la actual Administración no como el gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, sino como “El gobierno de los cuchillos –o machetes– largos”?

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