Jorge Eduardo Arellano
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Cuando se examina en detalle las contrataciones públicas del Estado de Nicaragua, uno de los hallazgos que sale a flote con prontitud son los millones de córdobas que se están gastando en compra de vehículos, muchos de ellos, de lujo.

El caso de la Cancillería de la República es ejemplar. Entre 2007 y 2008 invirtió más de medio millón de dólares para la compra de 19 vehículos cuyos precios promedios alcanzan los 26,142 dólares cada uno. El hecho contradice la política de austeridad gubernamental y resulta chocante si se contrasta con el déficit de inversión en salud: ¡Con ese dinero se equiparía y rehabilitaría un hospital completo!
La Cancillería recibió la autorización de la Contraloría para comprar estos vehículos bajo la modalidad de exclusión de procedimientos contemplada en la Ley de Contrataciones del Estado, la cual se ha convertido en la actual administración en una virtual patente de corso para contratar bajo procedimientos no competitivos y menos transparentes.

La flotilla vehicular que adquirió Cancillería fue para las embajadas de Nicaragua en Rusia, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Japón, Italia, El Vaticano, Cuba, Estados Unidos (Washington D.C.), el Consulado en Nueva York, el Consulado en Miami, la Misión Permanente en las Naciones Unidas, el Consulado en Houston y la Misión Permanente ante la OEA. En total, en enero de 2008 la Contraloría General de la República autorizó a la Cancillería gastar US$ 370,000 en 14 vehículos, a un promedio de US$ 26,428 por cada automotor. Se trata, evidentemente, de autos de lujo, no de ambulancias.

De igual modo, la Cancillería ya había obtenido autorización de la Contraloría para excluir de procedimientos la compra de un vehículo de US$ 28,000 para el uso del embajador de Nicaragua en Venezuela, Ramón Enrique Leets Castillo; US$ 26,990 para la compra de un Volkswagen Passat 2.0 (2007, de 200 caballos de fuerza), para el uso del embajador de Nicaragua en el Perú, Comandante Tomás Borge Martínez; US$ 25,850 para un vehículo para el uso de la embajadora en El Salvador, Gilda María Bolt González; US$ 17,952 para un vehículo a cargo del embajador en España Augusto Zamora -–el más austero--; y US$ 28,000 para la compra de un vehículo para la Embajada de Nicaragua en Chile, a cargo de María Luisa Robleto Aguilar.

¿Contradicen estas compras públicas una proclamada política de austeridad y de compromiso con los más pobres de Nicaragua? Es evidente que sí la contradicen. Las contrataciones del Estado no son más que el ejercicio del principal instrumento de Política Pública como lo es el Presupuesto General de la Nación, mediante el cual se constata la voluntad real del Estado, despojándola de su “brillo discursivo”. Cuando se prioriza un gasto, hay un sector que gana y hay otro sector que pierde.

En total, la Cancillería priorizó invertir US$ 496,792 equivalentes a 9,510,972.8 córdobas en esta nueva flotilla de 19 automóviles. En su argumentación ante la Contraloría, la Cancillería alegó que comprar en el país los vehículos los encarecería al tener que trasladarlos a cada una de esas embajadas, desde Rusia hasta Venezuela. El alegato oficial también indica que estos vehículos permitirían a los diplomáticos nicaragüenses ejercer sus funciones a plenitud, con “operatividad y seguridad”.

El gobierno también podría argumentar que nuestros embajadores requieren dichos vehículos por la dignidad de su cargo y para gestionar fondos de cooperación internacional, la cual ha sido periódicamente insultada y menospreciada oficialmente. El gobierno podría alegar lo imposible para justificar este gasto, menos, que a través de esta decisión priorizó a los más pobres y necesitados de Nicaragua. ¿Cuántas ambulancias adquirió el Minsa en este período? En la ejecución presupuestaria del Minsa no se registra el dato. Lo que sí se conoció es que en 2008 Japón donó 34 ambulancias por un monto de 24 millones de córdobas, a un costo por unidad de 705,882 córdobas, equivalentes a US$ 36,000, casi lo mismo que se invirtió por cada automóvil de la Cancillería.

El gasto en automóviles por parte de la Cancillería es mayor a los siete millones de córdobas previstos a invertir en la rehabilitación del Hospital Victoria Motta, de Jinotega. Es ocho veces más de lo que se invertiría en 2008 para la rehabilitación del Hospital Vélez Paiz (1 millón de córdobas) y es un tercio mayor a lo planeado invertir en la rehabilitación del Hospital Alemán Nicaragüense en 2008 (6 millones de córdobas).

A estos montos hay que sumar US$ 35,000 que la CGR autorizó contratar para la renta de un vehículo con opción de compra para la sede diplomática nicaragüense en Panamá. Y otros US$ 175,000 para la compra de seis vehículos de varias embajadas, entre ellas las de Ginebra y Buenos Aires. Es decir, la suma total de gastos en vehículos alcanza los US$ 706,700. En total, hasta el primer semestre de 2008, la CGR había autorizado a la Cancillería siete exclusiones de procedimiento por un total de US$ 738,000, procedimientos que reducen la transparencia y aumentan la discrecionalidad, un patrón recurrente en la actual administración.


*El autor es investigador del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP).