Jorge Eduardo Arellano
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Si por el título de este artículo algún ferviente despistado me imputa “oscuras intenciones oligárquicas” enmascaradas en el texto, lo siento mucho pues se habría equivocado de plano. Para evitar confusiones, advierto que mis tiros vienen por el lado técnico, jurídico y social, y que haré críticas directas al Gobierno de la República en vista de su notoria incapacidad o ausencia total de una decidida voluntad política para acometer la necesaria reforma que garantice un mínimo de equidad y modernización del sistema tributario nicaragüense.

Dos años estériles
Transcurridos veinticuatro meses de la nueva Administración, su ejecutoria normativa habla de 63 leyes emitidas por la Asamblea Nacional, ninguna de ellas concerniente a iniciativas del Poder Ejecutivo sobre la mil veces anunciada y prometida Reforma Tributaria. A su vez, durante ese mismo período la Presidencia de la República divulgó nada menos que 155 decretos entre los cuales no se encuentra la menor señal de mejoras administrativas en la gestión de impuestos. En suma, ¡218 disposiciones de ambos poderes del Estado y cero cumplimiento tributario!
El momento propicio determinado por la legitimidad política con que inicia todo nuevo gobierno se le escapó de las manos al presidente Ortega y hay vientos de una misteriosa reforma que pende sobre la cabeza de los contribuyentes y amenaza con venir empaquetada –¿en las próximas horas?– bajo el disfraz de la actualización de la tabla del Impuesto sobre la Renta de los asalariados, injusticia fiscal que debe resolverse de inmediato en el Poder Legislativo con absoluta independencia de reforma tributaria alguna. Veamos este caso.

Dolarizando al consumidor
Para asegurar una recaudación estable y sin afectaciones inflacionarias, los sistemas fiscales suelen dolarizar tributos en determinados rubros de la economía. Por ejemplo, el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) de los derivados del petróleo en Nicaragua consiste en montos fijos expresados en dólares, por galón y por tipo de producto (diesel, US$0.54; kerosene, US$0.42; gasolina regular, US$0.69; asfalto, US$0.46; etc.).

De igual manera ocurre con algunas tasas que, por ejemplo, se cobran a las actividades minera, pesquera o de propiedad intelectual, entre otras. Con ello se pretende que los ingresos tributarios no sufran a través del tiempo desgastes por inflación o deslizamiento de la moneda (Efecto Olivera-Tanzi). Por ello, aunque los pagos de esos tributos se realicen en córdobas, su patrón legal de referencia permanece en todo momento atado al dólar.

Cordobizando al asalariado
Pero algo falla en el acto de magia, y es que el conejo sólo aparece en el sombrero de copa, no así en la gorrita, en la boina o en el kepis. ¿Por qué en aras de un elemental principio de justicia tributaria, en el caso del Impuesto sobre la Renta (IR) no se defiende el ingreso real de los asalariados aplicando un criterio similar al mantenimiento de valor que rige en los gravámenes al combustible, o mediante un sencillo y automático mecanismo legal de ajuste periódico de dicha tabla como ocurre en la gran mayoría de los países del mundo cuando se trata del impuesto al salario?
Si las tres administraciones anteriores fueron insensibles frente a situaciones como ésta, obligando a pagar más IR a los trabajadores, ¿por qué entonces el actual Gobierno se empeña en entonarnos exactamente la misma cancioncita? Y si acaso la ortodoxia fondomonetarista se atreviera a rechazarla porque “afecta la estabilidad macroeconómica de la nación”, ¿cómo se explicaría entonces la existencia legal de la Ley No. 607 (La Gaceta No. 11 del 16 de enero 2007) que ordena actualizar con mantenimiento de valor, en noviembre de cada año, las pensiones otorgadas por el INSS?
Conclusión y advertencia
La desfasada tarifa del IR de los asalariados, vigente desde 1997, debe renovarse cuanto antes con la misma vehemencia que el FSLN exigió actualizarla durante la campaña electoral de 2006. Por tanto, urge fijar en 100 mil córdobas el techo exento de dicho impuesto (hoy es de 50 mil córdobas) y además asegurar un método de actualización permanente de dicha tabla. Asimismo, debe permitirse a los empleados deducir de su ingreso gravable los gastos médicos, de educación y vivienda –propuesto ante la Asamblea Nacional por el hoy partido de Gobierno cuando otrora reclamaba desde la oposición–, tal como aplica en la mayoría de los países de Latinoamérica.

Pero, mucho ojo, cuidadito nos hacen trampa, que esta medida de elemental justicia fiscal no sea manipulada como la quintaesencia de una reforma tributaria que a nadie se ha consultado. Con o sin reformas, sean coherentes señores del Gobierno y defiendan a los asalariados más allá de encendidas retóricas.