Jorge Eduardo Arellano
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No es por cierto con los mejores augurios que recién hemos iniciado el año 2009. Desde el mes de septiembre pasado, la Asamblea Nacional se encuentra paralizada. Las consecuencias del enorme fraude cometido con los resultados de las elecciones municipales del 9 de noviembre de 2008 por el Consejo Supremo Electoral, con la complicidad del Poder Ejecutivo, siguen generando incertidumbre en la población, inestabilidad y grave deterioro en la gobernabilidad del país. Iniciamos, pues, el año inmersos en una profunda crisis política, institucional y económica.

Esta situación no puede prolongarse indefinidamente, menos en un año como el actual, donde frente a la recesión económica, que ya afecta a varios países que son los principales consumidores de nuestros productos de exportación, Nicaragua necesita concertar un plan, con participación activa de todos los sectores -gobierno, empresa privada y sociedad civil organizada- a fin de tomar las medidas más adecuadas que nos permitan, al menos, limitar o disminuir, los efectos de esa recesión en nuestra débil economía, teniendo presente que tales efectos a quienes más van a afectar es a los sectores empobrecidos del país.

Para enfrentar la crisis que estamos viviendo, y que tiende a agravarse, es necesario partir de una clara apreciación del origen de la misma, sin lo cual será muy difícil salir de ella. Mientras los representantes del gobierno se empecinen en negar el estrecho vínculo que existe entre la crisis económica y la crisis política generada por el monumental fraude electoral, las soluciones que se propongan no resolverán el problema, desde luego que no estarán dirigidas a la causa de la crisis sino tan solo a sus efectos.

Cierto que desde antes del 9 de noviembre la Asamblea Nacional está paralizada. Pero eso no implica que dicha parálisis no esté asociada al fraude electoral, desde luego que éste se preparó mucho antes del 9 de noviembre con una serie de decisiones adoptadas por el CSE como fueron, entre otras, arrebatarle a Eduardo Montealegre la ALN para entregársela a un socio del FSLN y la ilegal cancelación de la personería jurídica de los partidos MRS y Conservador.

Otra percepción equivocada de los personeros del gobierno consiste en atribuir todas las dificultades económicas que enfrentaremos, única y exclusivamente al impacto de la recesión económica internacional. En realidad, dado el tamaño de nuestra economía, ese impacto no es la principal causa de las dificultades. Parcialmente afectará el monto de las remesas que envían nuestros compatriotas (en un 5%, calculan algunos analistas) y el volumen de nuestras exportaciones a los países donde la recesión es ya un hecho. Pero, los asesores económicos del gobierno deberían aceptar que el origen de la crisis presupuestaria y económica tiene dos causas muy claras: en primer lugar, la crisis institucional generada por el fraude electoral del 9 de noviembre y, en segundo lugar, la catastrófica política internacional impulsada por el Presidente de la República, que ha generado la suspensión de una parte importante de la cooperación internacional.

¿Cómo es posible pretender superar la “insostenibilidad del presupuesto de 2009”, si no se reconoce que como consecuencia del fraude electoral Estados Unidos suspendió la entrega de 64 millones de dólares de la Cuenta Reto del Milenio (CRM) y la Unión Europea dejó de desembolsar la mayor parte de la ayuda de libre disponibilidad para financiar el Presupuesto de 2008? Esto significó la suspensión de cerca de 135 millones de dólares para el alivio presupuestario. De entrada, el Presupuesto de 2009, que ya está vigente, aunque aún no lo ha aprobado la Asamblea Nacional, tiene un déficit estimado en cerca de 150 millones de dólares por la suspensión de la cooperación internacional. Pensar que los donantes van a entregar 500 millones de dólares para financiar el Presupuesto de 2009, puede resultar solo un buen deseo. Además, el déficit fiscal se incrementará tanto por la baja de las recaudaciones como por la falta de aprobación, de acuerdo con lo que establece la Constitución Política, de los préstamos del Banco Mundial y el BID. Incluso, la paralización de la Asamblea Nacional pone en riesgo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como bien lo saben los personeros del gobierno.

Es, entonces, urgente emprender un esfuerzo patriótico para superar la grave crisis que estamos viviendo. Tal esfuerzo requiere que el Presidente Ortega reconozca sus errores y se proponga rectificarlos, aceptando lo que es ya un clamor nacional: que se realice un cotejo de las actas de las Juntas Receptoras de Votos en los municipios más cuestionados, con observación nacional e internacional, y que abandone, de una vez por todas, su discurso confrontativo y busque cómo cultivar las mejores y más provechosas relaciones con todos los países que tienen la buena voluntad de ayudarnos.