Jorge Eduardo Arellano
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Siendo que este año tomarán posesión nuevas administraciones municipales, se enuncian a continuación una serie de aspectos que los alcaldes deberían tener en cuenta para sentar las bases del desarrollo municipal:
1. Participación ciudadana. El 7 de marzo de 2008 fue presentado ante la Asamblea Nacional un proyecto de Ley de Reforma a la Ley de Municipios, para hacer efectiva la participación ciudadana en la formulación presupuestaria municipal. La propuesta gira entorno al establecimiento de cabildos donde los ciudadanos puedan expresar sus opiniones y escuchar la rendición de cuentas por parte de las autoridades. Pero deberían incluirse mecanismos de “exigibilidad”, es decir, medios que vayan más allá de ser un simple observador, que permitan a los ciudadanos hacer que se cumplan sus peticiones o solicitar auditorías, asegurando la transparente y correcta administración de los recursos financieros del municipio.

En otras palabras, ningún municipio podría alcanzar un progreso económico, aunque se conozcan las necesidades y problemas de la misma población, si no se ejerce una tutela de los recursos, y quién mejor para hacerlo que los mismos destinatarios.

2. Revisión del marco jurídico tributario municipal. Los municipios cuentan con una legislación obsoleta, si consideramos que ambos Planes de Arbitrios datan de finales de la década de los ´80 y principio de los ´90, siendo afectados directamente por las reformas y derogaciones de la Ley de Justicia Tributaria y Comercial, y posteriormente por la Ley de Equidad Fiscal.

Actualmente muchos contribuyentes no tienen claro qué disposiciones, obligaciones, exenciones o beneficios están vigentes en materia municipal. También es común la confusión del lugar donde el impuesto tiene que ser pagado, sobre todo en los casos de las empresas matrices y sus sucursales, enajenaciones y exportaciones en lugares distintos al de producción, entre otros.


Lo anterior plantea la necesidad de hacer una evaluación de la viabilidad práctica de ciertos tributos en determinados municipios atendiendo el comportamiento de las actividades económicas; por ejemplo, el nivel de recaudación de Impuesto Municipal de Ingresos (IMI) en Managua, no será el mismo en Río San Juan por el poco desarrollo industrial en este último. En tal sentido, el sistema de percepción tributaria debe ser fortalecido basado en el dinamismo de los rubros que puedan ser afectados. Una modificación de las tasas impositivas debe ser abordada con suma cautela, ya que por mandato del artículo 114 de la Constitución Política sólo pueden ser aprobadas por la Asamblea Nacional.

Aspectos como éstos deben ser considerados en el proyecto de Código Tributario Municipal, ya que éste sería una especie de supranorma tributaria municipal y herramienta fundamental para alcanzar la autonomía financiera local consagrada en el artículo 177 de la Constitución Política.

3. Fortalecimiento de los recursos humanos. Toda municipalidad que tiene como objetivo el atender las necesidades de sus habitantes, debe contar con el personal adecuado y capacitado para ejercer sus funciones. Punto a favor es la creación de una oficina de asistencia en las instalaciones de recaudación municipal ya que no todos cuentan con la facilidad económica para contratar un abogado, contador o gestor. Sin embargo, ¿qué está pasando con las auditorías ejercidas por la municipalidad a través de firmas privadas?, la verdad es que en los Planes de Arbitrios no se contempla este procedimiento, y prima la necesidad de una normativa de conocimiento público que contenga derechos y obligaciones del contribuyente y de la autoridad auditora en estos casos.

4. Cuidado con los beneficios fiscales. En nuestro país cuando hablamos de incentivos fiscales, generalmente se piensa sólo en exoneraciones de impuestos; sin embargo, existen otro tipo de beneficios, tales como: moratorias, reconocimientos, seguridad jurídica, acceso a financiamientos, entre otros, que no han sido explorados a plenitud.

Por ello, las nuevas autoridades edilicias deben incluir políticas de fomento novedosas dirigidas a las actividades comerciales y de producción, apoyando principalmente a las pequeñas y medianas empresas, de esta manera mayor cantidad de personas podrán mantener un medio de subsistencia digno.

5. ¿Estabilizar la economía municipal o aumentar el ingreso? Considerando que el nivel inflacionario actualmente ha mermado el poder adquisitivo de las personas, es ineficiente aprobar un pequeño aumento salarial si no pueden ni siquiera comprar la mitad de la canasta básica. En tal sentido, todas las políticas de desarrollo municipal deben tener una coordinación macro y micro-económica a la vez.

Si las familias llegaran a mantener un nivel de vida digno en sus lugares de origen, se evitaría la masiva emigración que ha sufrido nuestro país durante los últimos años. Nicaragua es la excepción en el principio de que la emigración hacia las ciudades es un medio para eliminar la pobreza; por el contrario, las familias que han venido a la ciudad en busca de oportunidades, sólo encontraron la miseria en las calles de Managua. Para evitar esta situación, los municipios deben estar en la capacidad de brindar mejores condiciones y oportunidades a los nicaragüenses.

En conclusión, urgen políticas que involucren a todos los municipios para desarrollar estrategias y programas conjuntos que permitan ir erradicando paulatinamente la pobreza en nuestro país. Factor crucial en este proceso es el autosostenimiento de las municipalidades a través del medio de mayor ingreso, la recaudación tributaria, de manera tal que no sólo se perciba más, sino también que sea distribuida de forma eficiente; para ello hace falta una revisión integral del ordenamiento jurídico actual y de las realidades económicas de cada circunscripción.

*Integrante del Despacho Báez Cortés & Asociados
mafe@cablenet.com.ni