Jorge Eduardo Arellano
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El viernes 16 de enero de 2009 fue un día agitado en la vida política del país. El ex presidente Alemán fue sobreseído por la Corte Suprema de Justicia, los diputados PLC y ALN eligieron a René Núñez para presidirlos dos años más y el Gabinete Económico se reunió con el Cosep para presentar y a la vez recibir aportes a su Plan Económico del año que comienza. Definitivamente el gobierno del presidente Ortega disfrutó de un excelente fin de semana.

Estos acontecimientos no deberían tener mayor trascendencia si no fueran el resultado de negociar mezquinos intereses personales que conllevan graves consecuencias para nuestra querida y sufrida Nicaragua. Al final de ese día, el fraude electoral, la agresión y violación contra los derechos ciudadanos quedaron enterrados bajo siete cuartas. Pero, ¿qué podría motivar a un grupo de 50 personas, entre diputados, empresarios y magistrados con elevado nivel cultural, a cerrar los ojos ante la sangre que ya empezó a brotar y podría llegar a derramarse en toneles? Lo que todos sabemos, la ambición y el interés personal.

La única novedad es que ya sabemos el tiempo que pretenden el FSLN y su comparsa, el PLC, avasallarnos políticamente. Según declaró el magistrado René Herrera, la meta son unos 40 ó 50 años de “estabilidad política”. Casualmente, ese período se asemeja a los 45 años de estabilidad que nos recetó la dinastía Somoza. ¿Y después qué, señor Herrera? Es obvio que lo traicionó el subconsciente, pues alguien sincero habría dicho estabilidad continua y perdurable. Durante ese período, el FSLN que dirige el señor Ortega habrá rediseñado y renombrado la muy probable “Policía Sandinista”, que ya empezamos a percibir cómo se comportará; el Sistema Judicial se llamará “Tribunales de Protección de Derechos del Poder Ciudadano”, y la lista es interminable.

El hecho que diputados y empresarios se acoplaran al gobierno ese nefasto viernes 16, trasciende lo que fue una simple coincidencia de fecha de un plan preconcebido, pues está claro que el Frente necesita, para desarrollar su modelo dictatorial, primero erradicar toda oposición política, gremial o ciudadana, y segundo conseguir el acompañamiento de la empresa privada. Si los empresarios dudan de que estén allanando el camino a una dictadura más en nuestra historia, basta con hacerse unas simples preguntas: ¿al día de hoy, cuántos presos políticos ha habido durante los últimos 15 años en Nicaragua? ¿Y en este gobierno, creen que habrá presos políticos? ¿Cuándo y cuántos? Si Alberto Boschi no hubiera salido del país, no necesitaría preguntarles esto. A pesar de este panorama, diputados y empresarios dan la espalda al pueblo y buscan su propio beneficio.

Escoger entre libertad o dictadura es un asunto de derechos humanos, de dignidad, de valor y desprendimiento. Acaso el Cosep piensa que para defender los derechos políticos de los nicaragüenses son otros los que debemos protestar, arriesgar que nos garroteen, apedreen, despidan o acusen injustamente como al señor Alberto Boschi, o los jóvenes del Grupo NO, mientras ellos se acomodan a producir para que sus utilidades se incrementen y el gobierno dictatorial se fortalezca. Entonces, ¿en qué se diferencian de un diputado que busca también incrementar sus “utilidades” aunque el gobierno se fortalezca? En muy poco.

Algunos podrán decir que invito al caos económico, no, invito a la firmeza de principios, a señalar lo incorrecto y no disculparlo luego de dos meses sin haberlo corregido. El presidente Ortega tiene derecho a gobernar en paz, incluso, tiene derecho a buscar y conseguir políticamente reformas constitucionales que le permitan un segundo mandato, sin embargo, no tiene ningún derecho a impedir con violencia una protesta pacífica, ni violar la Constitución y las leyes, mucho menos a manipular fraudulentamente la voluntad del pueblo expresada en las elecciones municipales recientes.

Ningún sector social se opone ni rechaza medidas positivas del gobierno en beneficio del pueblo, al contrario, hemos visto a Amcham, por ejemplo, interceder por la continuidad de la Cuenta Reto del Milenio, igualmente deberíamos no sólo denunciar, sino oponernos rotundamente contra los abusos de poder, sin margen de negociación alguna. Debido a la naturaleza del orteguismo, resulta fundamental anticiparnos a sus intenciones. Para tal efecto, podría conformarse un frente amplio con dirección colegiada, que aglutine sectores sociales, políticos, gremiales y económicos, cuyo único propósito sea velar por preservar la democracia, la libertad y la integridad de los ciudadanos, sus derechos civiles y políticos, el cumplimiento de las leyes y constitucionalidad del país. Un organismo que no pretenda derrocar o desestabilizar al gobierno por intereses políticos partidarios, pues sólo se activaría ante situaciones de crisis que pongan en riesgo el futuro de paz y estabilidad en nuestro país. Que convoque a la ciudadanía y a los distintos sectores a oponerse firmemente contra medidas claramente dictatoriales o inconstitucionales, de manera que garanticemos que ningún gobierno sandinista, liberal o de cualquier corriente, pueda instaurar una dictadura en Nicaragua. Si
trabajamos desde ahora podremos evitar que se repita otro fraude en 2011. Vivir bajo una dictadura no depende del dictador, sino de la vocación de libertad del pueblo
unido.


Javier.alvarez06@hotmail.com