Jorge Eduardo Arellano
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PALO ALTO

El otoño pasado, el Reino Unido publicó un importante informe oficial dirigido por Sir Nicholas Stern, un economista de primer orden, sobre el cambio climático global. El Stern Review Report on the Economics of Climate Change (Informe del Estudio Stern sobre los aspectos económicos del cambio climático) equivale a un llamado a la acción. Sostiene que se pueden evitar los costos enormes a futuro del cambio climático si se cubren costos relativamente modestos actualmente.

Los críticos del Informe Stern no creen que se justifique emprender acciones serias para limitar las emisiones de CO2 porque subsiste una incertidumbre sustancial en cuanto a la magnitud de los costos del cambio climático global y porque esos costos llegarán en el futuro lejano. Sin embargo, yo opino que se justifica la conclusión fundamental de Stern: estaremos mucho mejor si reducimos sustancialmente las emisiones de CO2 que si nos arriesgamos a sufrir las consecuencias de no actuar, aun si, a diferencia de Stern, descontamos en gran medida la incertidumbre y el futuro.

Dos factores diferencian al cambio climático de otros problemas ambientales. En primer lugar, mientras que la mayoría de los problemas ambientales –como la contaminación del agua, la lluvia ácida o las emisiones de bióxido de azufre se mitigan rápidamente o en un plazo bastante corto cuando se limpia la fuente, las emisiones de CO2 y otros gases permanecen en la atmósfera durante siglos. Por eso, reducir las emisiones ahora será muy valioso para la humanidad en el futuro lejano.

En segundo lugar, la externalidad es verdaderamente de naturaleza global porque los gases de efecto invernadero se desplazan por todo el mundo en unos cuantos días. Como resultado, el Estado-nación y sus subsidiaros, los lugares típicos donde se internalizan las externalidades, están limitados en su capacidad de adoptar medidas correctivas. (Sin embargo, puesto que Estados Unidos es responsable de aproximadamente el 25% de las emisiones de CO2 a nivel mundial, su propia política podría tener mucho peso).

Así, el cambio climático global es un bien (mal) público por excelencia. El análisis costo-beneficio es la herramienta principal para decidir si se justifica alterarlo mediante políticas de mitigación. Hay dos aspectos de ese cálculo que son críticos. En primer lugar, se debe suponer que los individuos prefieren evitar los riesgos. Esto es, un resultado incierto es menos valioso que el promedio de los resultados. Dado que los posibles resultados del calentamiento global en ausencia de la mitigación son muy inciertos, aunque seguramente malos, las pérdidas inciertas deben evaluarse como si fueran equivalentes a una sola pérdida mayor que la pérdida prevista.

El segundo aspecto crítico es la forma de tratar los resultados futuros en relación con los presentes –cuestión que ha recibido mucha atención entre filósofos y economistas. ¿A qué tasa deben descontarse los impactos futuros –particularmente las pérdidas en el consumo futuro—con respecto al presente?
La tasa de descuento del consumo debe tomar en cuenta la posibilidad de que a medida que el consumo crezca, se pueda considerar que la unidad marginal de consumo tiene menos valor social. Esto es análogo a la idea de la utilidad marginal decreciente privada del consumo privado y es relativamente poco polémica, aunque los investigadores no están de acuerdo en cuanto a su magnitud.

Hay mayores desacuerdos sobre en qué medida debe descontarse el futuro simplemente porque es el futuro, incluso si las generaciones venideras no están mejor que nosotros. Mientras que el Estudio Stern sigue una tradición que existe entre los economistas y muchos filósofos británicos de no descontar simplemente porque se trate del futuro, la mayoría de los economistas consideran que las simples preferencias temporales son obvias.

Sin embargo, los argumentos a favor de la intervención para mantener los niveles de CO2 dentro de ciertos límites (digamos, procurar estabilizarlos a alrededor de 550 ppm) son suficientemente sólidos para ser insensibles a esta controversia. Consideremos algunas de las cifras del Estudio Stern sobre los beneficios a futuro de impedir que las concentraciones de gases de efecto invernadero superen las 550 ppm, así como los costos que implicaría lograrlo.

Los beneficios son los daños que se evitan, incluyendo tanto los relacionados con el mercado como los que no tienen que ver con el mercado, que representan el impacto en la salud y el medio ambiente. Si se siguen las mismas políticas que hasta ahora, para 2200 las pérdidas en el PIB tienen un valor previsto del 13.8%, pero con un grado de incertidumbre que hace que las pérdidas previstas sean equivalentes a pérdidas seguras de alrededor del 20%. Dado que se estableció una tasa base de crecimiento económico (antes de calcular los efectos del cambio climático) del 1.3% anual, una pérdida del 20% en el año 2200 equivale a reducir la tasa de crecimiento anual al 1.2%. Dicho de otro modo, el beneficio de mitigar las emisiones de gas de efecto invernadero puede representarse como un aumento en la tasa anual de crecimiento de ahora al año 2200 del 1.2% al 1.3%.

En lo que se refiere a los costos de la estabilización, los cálculos del Estudio Stern van de 3.4% a -3.9% del PIB (ya que el ahorro de energía reduce los costos, este cálculo no es tan sorprendente como parece). Supongamos que los costos de impedir la acumulación adicional de CO2 (y sus equivalentes) se eleven al 1% anual eternamente y, de conformidad con bastantes evidencias empíricas, que el componente de la tasa de descuento atribuible a la utilidad marginal decreciente del consumo es igual al doble de su tasa del crecimiento.

Un cálculo simple demuestra que la mitigación es mejor que seguir las mismas políticas que hasta ahora –es decir, el valor actual de los beneficios supera el valor actual de los costos—para cualquier tasa social de preferencias temporales inferior al 8.5%. Ningún cálculo de las tasas de preferencia temporal, ni siquiera los que han llevado a cabo quienes creen en un descuento relativamente alto del futuro, se ha acercado jamás al 8.5%.

Estos cálculos indican que, aun con un descuento mayor, las estimaciones del Estudio Stern sobre los costos y los beneficios de la mitigación tienen sentido económico. Estos cálculos se basan en los perfiles de tiempo previstos en el informe sobre los beneficios y sus estimaciones de los costos anuales, sobre las que hay muchos desacuerdos. Con todo, yo creo que no puede haber mucha discusión sobre la importancia de una política orientada a evitar incrementos importantes de las emisiones de CO2.


Kenneth J. Arrow, Premio Nobel de Economía, es profesor emérito de Economía y profesor emérito de Ciencias e Ingeniería Administrativa en la Universidad de Stanford.

Copyright: Project Syndicate, 2007.

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