Jorge Eduardo Arellano
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El reciente llamado del Presidente Ortega a los partidos políticos a prescindir de la violencia, parezca o no una paradoja, representa un importante paso que debería ser respaldado a lo inmediato por todos los sectores del país, en el entendido de que también va dirigido a su propio partido, el FSLN.

Debemos apoyar este llamado porque la violencia en todas sus manifestaciones está aumentando en forma alarmante en el país, como la misma población lo constata a diario y como lo reflejan diversos estudios e investigaciones y también los datos policiales. El Centro de Prevención de la Violencia, que realiza su intervención en buena parte de la capital, también observa un incremento en los delitos en los distritos IV, V, VI y el municipio de Tipitapa, desde mediados del año pasado.

La semana pasada Alejandro Álvarez, uno de los jóvenes atendidos por Ceprev fue asesinado a balazos y machetazos en el barrio Enrique Gutiérrez. Él hacía sinceros esfuerzos por recuperarse y abandonar la violencia. En una carta escrita poco antes de morir nos pedía “por favor sigan adelante, no se cansen de nosotros que algún día ustedes verán los frutos del gran apoyo que nos han dado. “
Nos duele profundamente que él no pueda ver esos frutos y nos inquieta el auge que está tomando la violencia en los territorios que habíamos logrado pacificar hace varios años, y donde los enfrentamientos de pandillas han resurgido con fuerza inusitada. La red de promotores del Ceprev, que se reúne mensualmente, informó esta semana también el surgimiento de numerosas bandas que cometen asaltos a bancos, microempresas, cambistas y camiones repartidores, en muchos casos utilizando vehículos y motocicletas y disparando con pistolas, rifles y armas automáticas, que según han podido averiguar, se consiguen en los asaltos a guardas de seguridad, son compradas a precios relativamente bajos a policías o militares, en tiendas de armas o en expendios ilegales.

Se considera que las causas de este incremento de la violencia tienen relación con el aumento del narcotráfico y la necesidad de conseguir droga por parte de muchos adictos, la desocupación, el agravamiento de la situación económica y en especial el alza de los precios, pero también con las exigencias del mercado que en términos culturales representa un mandato de consumo inaccesible para la mayor parte de una población atiborrada de excesiva publicidad.

Otros aspectos relacionados con la espiral de violencia actual son la corrupción en el sistema judicial y en algunos casos en el mismo cuerpo policial, junto con la crisis que están viviendo muchos hombres en sus concepciones de masculinidad tradicional debido al desempleo y a los nuevos roles que ocupa la mujer en la vida laboral y la vida pública en general. A todo ello se suma el efecto residual de los desmanes y la violencia política ocurrida tras las denuncias del fraude electoral.

En algunos barrios se han reactivado también los enfrentamientos de pandillas y simultáneamente va en aumento la violencia intrafamiliar y sexual y la explotación sexual de la niñez, estimulada también por una cobertura periodística sensacionalista. El cuadro es bastante desalentador, pero debemos concentrarnos en las soluciones.

La primera de ellas es fortalecer la organización comunitaria y escolar para la prevención de la violencia sin distingo de partidos o iglesias, estimulando la formación de alianzas a nivel local y en especial la creación de movimientos de jóvenes decididos a trabajar por la paz. Esta debería ser una prioridad alentada también por las autoridades municipales.

Pero no podemos avanzar en la comunidad si en el ámbito político empeoran las cosas. Es urgente que todos los partidos se comprometan a llevar a cabo su trabajo por medios pacíficos, lo que exige del Gobierno el respeto a la libre manifestación de las ideas y a la libre movilización, pues éstas son libertades fundamentales para el ejercicio de la ciudadanía.

Efectivamente, no se le debe agregar a la Policía y a las organizaciones que trabajamos en la prevención de la violencia, la carga de tensiones políticas que obliguen a ocupar nuestros recursos y fuerzas en calmar este tipo de violencia, distrayéndonos de otros esfuerzos más urgentes.

Pero la razón más importante para que los partidos abandonen definitivamente este tipo de prácticas tiene que ver con el reconocimiento de que los métodos violentos no deben ser nunca más un recurso para resolver conflictos políticos, sociales o económicos, porque no representan ninguna salida a dichos conflictos y por el contrario constituyen un camino seguro para empeorar la situación que deberíamos resolver.

El FSLN debería asumir públicamente su renuncia a la violencia en todas sus formas, en especial a la violencia armada que en otros tiempos considerara legítima, justamente porque la experiencia de la guerra en la década de los ochenta evidenció como tantas veces en la historia de Nicaragua, que el enfrentamiento armado sólo trae sufrimiento y desgracias para la población, especialmente aquella enviada a pelear y morir por causas políticas que muchas veces le son ajenas. El FSLN, el PLC y demás partidos, deberían inmediatamente llamar al desarme de la población civil y a las autoridades militares y policiales a realizar mayores controles en la venta y tráfico de drogas y de armas, que está aumentando en forma escandalosa y peligrosa para la paz social.

Ambos partidos deben comprometerse desde ya a renunciar a la movilización de jóvenes de barrios pobres, organizados en pandillas u otras agrupaciones con fines de violencia política o partidaria y a promover la prevención de la violencia, también a través de sus redes de organización comunitaria.