Jorge Eduardo Arellano
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La inseguridad ciudadana no es sólo un asunto de cifras y hechos, también es de percepciones y confianza en las instituciones, es integral e inseparable de la dimensión humana. Los delitos y la respuesta de las instituciones (el ámbito objetivo del fenómeno) constituyen el factor detonante que puede desencadenar y/o sumarse a temores, miedos y desconfianzas, que lleva a los ciudadanos a reaccionar de una manera u otra. La educación e información sobre seguridad, delincuencia y medidas de prevención es fundamental para generar confianza; los medios de comunicación juegan un rol muy importante en la percepción e imagen que las personas tengan sobre la problemática; la manera como las entidades públicas se comunican con los ciudadanos, cómo presentan la estadística y enfocan los problemas, abona a mayor seguridad. La Policía es indudablemente una de las instituciones más profesionales de Centroamérica, en la opinión pública es una de las entidades nacionales mejor valoradas y goza, a pesar de sus errores, defectos organizativos y limitaciones humanas y técnicas, de buen nivel de confianza entre la población, sin embargo, el fenómeno criminal es creciente, tiene dinámica propia. La Policía, el Estado y la sociedad deben analizar el comportamiento delictivo, su modus operandi, características de víctimas y victimarios y circunstancias de los hechos, para promover acciones operativas y políticas institucionales integrales y duraderas.

Al cerrar 2008, según cifras preliminares no oficiales que seguramente pueden ser ajustadas en el Anuario Estadístico a publicarse en 2009, la cantidad de denuncias con respecto a 2007 subió en 11%, sobrepasó 154 mil casos: 25% faltas y 75% presuntos delitos de acuerdo a la apreciación policial. Aunque la Policía tiene el mérito de ser una de las pocas instituciones con estadísticas delictivas sistemáticas, no siempre sus cifras son certeras al carecer de conciliación interinstitucional con otros órganos del sistema penal y de salud.

Seis tipos delictivos representan 73 mil hechos (63%): hurtos (20 mil); lesiones (18 mil); robos con fuerza (18 mil); amenazas (10 mil); robos con intimidación (10 mil) y daños a la propiedad (6 mil). El delito más grave, el que atenta contra la vida (homicidio) se mantuvo de conformidad con los casos conocidos, en 13x100 mil habitantes, llegando a 730 muertes, 2.3% más que en 2007, un poco mayor que el incremento poblacional.

Hay que prestar urgente atención a tres tipos delictivos cuyo crecimiento en 2008 es relevante. Éstos son: a) el secuestro, que pasó de 34 casos en 2007 a 97, casi tres veces más. La nueva legislación penal definió el secuestro simple y extorsivo. La cifra es mayor que la registrada en la década del 90, cuando el fenómeno se vinculaba a acciones delictivas provocadas por grupos rearmados y bandas que asolaban el interior del país después del conflicto bélico; b) el robo con intimidación, aquel que usa arma de fuego o blanca intimidando a la víctima y genera gran impacto en la persona, es el de mayor peligrosidad entre la familia de delitos contra la propiedad; según lo conocido por la Policía, pasó de 6,800 en 2007 a 10 mil casos en 2008, representa +47%. La tendencia en los últimos cinco años (2003-2007) fue de +40%, ahora, en un sólo año, ha dado un salto significativo y alarmante. Los departamentos mayormente afectados con este tipo de robos fueron: Managua, Carazo, RAAN, RAAS, Chinandega, Rivas, León, Matagalpa; y c) violaciones cuyos casos conocidos se incrementaron en 9.6%, pasando de 1,750 a 1,925 casos. El total de robos (con fuerza, violencia, escalamiento, intimidación) que la Policía registró son 33 mil, es decir, el 29% del total de delitos conocidos; en 2007 representaban el 26%. Actualmente, la tasa de robos con respecto a cada 100 mil habitantes es la más alta de Centroamérica. De las 154 mil denuncias conocidas (delitos y faltas), el 40% de los casos ocurrió en la vía pública y el 41% en las casas de habitación.

El “Informe anual del Presidente de la República 2008”, en una de sus partes se refiere brevemente a la seguridad; según encuestas de percepción, no constituye todavía en Nicaragua preocupación de primer orden, está en el quinto problema más importante del país, después de los socioeconómicos (desempleo y alza de los precios de productos de consumo básico). El Ministerio de Gobernación enumera la gestión en las Comisiones de Lucha Contra Drogas, Trata de Personas, Educación Vial, Patronatos de Privados de Libertad y Mitigación de Desastres. Como “principales cambios cualitativos que la institución ha dado para cambiar el modelo”: el fortalecimiento de cambios de actitud, respeto a los derechos humanos, “vinculación con la comunidad y sus organizaciones sociales”, e impulso de la política de género. La Policía informa de la desarticulación de 21 bandas y 58 agrupaciones delictivas, el incremento en el enfrentamiento al narcotráfico, la captura de 13,780 kilos de cocaína; según información de 2007, se capturaron 13,489 kilos, esto es un ligero aumento de 3%. Resulta obvia la amenaza del narcotráfico y la delincuencia organizada sobre Nicaragua, dadas su posición geográfica, fragilidades institucionales, el conflicto criminal Colombia-México y las complejas manifestaciones delictivas en el norte centroamericano. Fueron destruidas 13 mil armas de fuego; se integraron 20 mil personas en 3 mil Comité de Prevención Social; desde el Programa de Convivencia y Seguridad Ciudadana se conformó una red de promotores comunitarios y consejeros familiares. Las Comisarías de la Mujer y la Niñez pasaron de 25 a 32, se desmovilizaron 600 jóvenes integrados en pandillas.

Hay más delitos y algunos muestran un incremento significativo, la efectividad policial (esclarecimiento) se ha reducido en 9%; en 2007 fue 35% y en 2008 llegó a 26%. Los casos aceptados por el Ministerio Público disminuyeron en 20%. Lo anterior evidencia que la capacidad policial, a pesar de sus manifiestos esfuerzos, se ha reducido ante el incremento de los delitos. Estamos obligados a hacer esfuerzos articulados y urgentes como nación y sociedad para fortalecer la prevención y mejorar la eficacia policial, penal, estatal y social en la investigación criminal, principalmente de los hechos graves y de aquellos que afectan la seguridad de las personas. El país presenta malestares en su salud social que requieren tratamiento y atención. El gran reto es mejorar la seguridad de las personas y sus bienes, que es inseparable de la confianza, credibilidad y capacidad institucional, evitar que la violencia delictiva siga creciendo, que nos contaminen las manifestaciones del narcotráfico y la delincuencia organizada nacional y transnacional. Se requiere: fortalecimiento y profesionalización de las instituciones, focalizar las funciones policiales sustantivas con racionalidad, prevención policial inteligente y comunitaria, regulación eficaz sobre uso de armas de fuego, consumo de drogas y expendios de licor.

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