Jorge Eduardo Arellano
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Por muchos siglos en la mayoría de los países de Occidente (Inglaterra, Francia, Italia y España), predominó el absolutismo monárquico, modelo en el que el rey era el jefe del Estado. En este sistema el pueblo era súbdito, sometido a la autoridad del monarca. Los ideólogos de la monarquía conciben que el poder del rey emana de la voluntad de Dios, derecho que se transmite por herencia a los hijos del monarca. En la antigüedad el rey era legislador y ejecutor de la ley. Cuando un súbdito violaba la ley, éste era llevado a la presencia del soberano, quien juzgaba y dictaba sentencia, fuera ésta condenatoria o absolutoria. Como el poder del rey venía de Dios, el monarca en este sentido estaba por encima de la ley, podía infraccionarla sin ninguna consecuencia para el infractor.

En 1789 nace en Francia la Revolución Francesa, Y las agudas contradicciones llevaron a la ejecución del Rey Luis XVI y su Emperatriz, María Antonieta; la Revolución abolió el sistema monárquico, surgió la Primera República, con una Asamblea Nacional, con funciones legislativas y un directorio como Órgano de Gobierno. En pleno apogeo de absolutismo monárquico, a inicios del siglo XVII, Luis XIV, Rey de Francia, dijo “El Estado soy yo”, que significa que el soberano está por encima de la ley.

En América, en el año 1776, con la independencia de Estados Unidos de Inglaterra, nació una nueva República. Los fundadores de la naciente nación hicieron una Constitución Política, la cual creó el sistema de gobierno presidencialista, con un Presidente de la República como jefe de Estado y gobierno, un Congreso divido en dos cámaras, la baja y la alta, es decir, diputados y senadores. Tanto el Presidente como los miembros del Congreso son electos por el voto del pueblo. En la Carta Magna de EU, el Presidente de la República se encuentra obligado a respetar y hacer cumplir la Constitución Política y la ley.

El artículo 150, ordinal 1, de nuestra Constitución Política textualmente dice: “Son atribuciones del Presidente de la República: 1. Cumplir la Constitución Política y las Leyes, y hacer que los funcionarios bajo su dependencia también la cumplan. El precepto constitucional es meridianamente claro, el Presidente de la República, como los funcionarios bajo la dependencia del Ejecutivo (ministros, etc.), están obligados a respetar y cumplir con el ordenamiento jurídico del país, en otras palabras, el primer magistrado de la nación y sus funcionarios deben dar al pueblo el mejor ejemplo en respeto y observancia con lo que manda la Constitución y la ley.

Sin embargo, la ciudadanía a diario observa que los mayores infractores de las leyes y la Constitución del país son precisamente el Presidente de la República y funcionarios de Gobierno. Si al mandatario de turno y ministros no les a gusta una determinada ley, descaradamente, sin pudor ni vergüenza alguna, la violan. Es vox pópulis que el Presidente de la República ha orientado a los mandos de la Policía Nacional para que ésta no acate las resoluciones o sentencias que emanan del Poder Judicial, y como la Policía está subordinada al Presidente, todos los jefes departamentales de la Policía acatan la orientación, negándole a los Jueces del Poder Judicial el auxilio necesario, por lo que muchas sentencias no se ejecutan. Con esa conducta el presidente de la República viola el arto. 167 de la Constitución, que establece que las resoluciones judiciales son de ineludible cumplimiento.

Otra violación a la ley, por parte del Presidente de la República, se encuentra en el manejo de millones de dólares que provienen del petróleo venezolano. Los fondos no han sido incorporados al Presupuesto General de la República, de manera que ni los diputados de la Asamblea Nacional ni el pueblo de Nicaragua conocen cómo se está administrando centenares de millones de dólares, ni el destino que tiene el sesenta por ciento de la factura petrolera, la cual es una deuda pública que tarde o temprano el pueblo de Nicaragua tendrá que pagar a Venezuela.

El Procurador General de la República, actuando por orientaciones del Presidente de la República, ha estado violando las leyes de este país, usando como disfraz el problema de la propiedad, dicho funcionario sin tener potestad alguna viola la ley del Catastro Nacional (Ley 509), orientando expresamente a Ineter, que se abstenga a aprobar planos topográficos relativos a títulos supletorios, prescripción, mensura, etc. Asimismo, el Procurador ha presionado al Poder Judicial para que los jueces no den trámite a solicitudes de título supletorio, prescripción, mensura, etc.

Nuestra Constitución fue confeccionada para la impunidad. En el arto. 138 de la Constitución, por ningún lado consta que el Poder Legislativo tenga potestad para llamar al Presidente de la República a rendir cuentas por violaciones a la ley. No existe un tribunal político que permita juzgar al Presidente y exigir su destitución por infracción a las leyes. En conclusión, en Nicaragua tenemos un Presidente de la República que está por encima de la ley, que se asemeja al monarca Luis XIV, Rey de Francia, que dijo: Estado soy yo. Señores diputados no sigan lamentándose que el Presidente de la República viola la ley, la solución es cambiar la actual Constitución, estableciendo un procedimiento para juzgar a los funcionarios públicos del gobierno hasta lograr su destitución.


*Abogado y Notario Público.