Jorge Eduardo Arellano
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Ningún diputado sabe redactar ¿Cómo lo sé? Fácil, leo las leyes que aprueban. La Ley 641 dice textual: “Art. 75.- Al cómplice de un delito consumado, frustrado o en grado de tentativa, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y la participación del sujeto, a criterio del juez, se le impondrá una pena atenuada cuyo máximo será el límite inferior de la pena que merezca el autor del delito y cuyo límite mínimo será la mitad de éste”. ¡Qué redacción más espantosa!
La diputación es un cargo de dedo y manotazo; de dedo porque así lo escoge su caudillo, de manotazo porque el pueblo marca la boleta sin otra opción.

El Presidente de la Comisión de justicia de la Asamblea Nacional, Luis Pallais, ha dicho: “No puede tomarse un pedacito de un código y otro pedazo de otro, eso es ilegal y sirve para liberar a reos peligrosos” (EL NUEVO DIARIO, 8 de octubre 2008), pues le resulta incorrecto aplicar la ley en su conjunto ¡Qué torpe¡ Debería saber que para aplicar el Debido Proceso el juez debe ajustarse al universo jurídico que la legislación de su Estado le ofrece. Si conceptualizamos Debido Proceso podemos decir: Es la aplicación práctica de la ley que el judicial realiza en cada caso concreto que le toca resolver, valorando las pruebas aportadas, equilibrando el derecho de las partes para defender sus intereses, y haciendo respetar el orden jerárquico de las normas y códigos, manteniendo en la cúspide la Constitución. El juez está obligado a salirse del esquema de determinado código, de allí que la publicitada sentencia de la doctora Roxana Zapata es, como pocas veces se ha visto, la aplicación práctica del Debido Proceso.

Los asesores que mal redactan los códigos son ignorantes, y los 92 diputados que las aprueban lo son más porque firman. Este círculo vicioso en el que gira el pobre desempeño de la Asamblea se refleja en lo ininteligible del contenido de nuestras leyes. El CPP es tan dual que otorga a los jueces discrecionalidad sin límite para su aplicación.

A veces los errores son tan graves que los códigos deben ser reformados de inmediato. En la Ley 641 diputados y asesores olvidaron establecer el beneficio del día trabajado sin remuneración para el sentenciado. ¿Cómo era posible olvidarlo? ¿Se puede encontrar mayor ignorancia en otro sitio? Para ser diputado es bueno ser estúpido, servil con su protector, hablar sandeces ante los medios y sentirse orgulloso de serlo.

La doctora Zapata hizo lo justo, aplicar nuestro ordenamiento jurídico tomando cada norma que lo afecte. Con la Ley 641 la mayoría de los Jueces de Ejecución de Sentencia patinaron frente a la retroactividad en favor del reo, quizás por miedo al ruido noticioso, lo que no es justo para el sentenciado ni bueno para el Derecho. Aquí los periodistas están jugando un papel negativo, pues atacan la liberación de un reo sin estudiar a fondo la fundamentación de la sentencia. Con todo el respeto que merece el valiente periodismo nicaragüense les aconsejo, lean bien la ley, ustedes no son estúpidos como los diputados.

La razón de ser del Derecho Penal es restituir el derecho quebrantado, imponiendo al infractor sanción justa frente al daño que causó. El sentenciado tiene derecho que se le reconozca su empeño por reinsertarse a la sociedad, cuya tarea sólo puede cumplirla en el teatro que la justicia le designa, esto es, en el centro donde le toque cumplir su encierro. Aquí es donde el interno tiene la oportunidad de mostrar su adaptación a su nuevo estatus de privado de libertad, y aquí es donde el Juez Ejecutor de Sentencia debe observarlo, y atender su reclamo de libertad cuando ha cumplido los requisitos que la ley le otorga para reducir su sentencia.


La aplicación retroactiva de la ley cuando favorece al reo no nace del aire, sino de tornar menos aflictiva la condición del sentenciado, porque con el beneficio de una nueva ley los ciudadanos que cometan el mismo delito que él cometió tendrían prebendas jurídicas que él vería pasar de largo, siendo posible que el nuevo infractor salga libre antes que el viejo reo cumpla su pena.


*Abogado penalista