Jorge Eduardo Arellano
  •  |
  •  |
  • END

Las instituciones estatales no son entes inanimados como rocas, sillas o paredes, eternamente inhibidas de escuchar y resolver. Todo lo contrario, estas organizaciones nacionales son conducidas por mujeres y hombres que han jurado --mano en alto y vista al frente-- tarde o temprano rendir cuentas de sus actos en nombre propio, de su honra y de la ley.

El Ministerio Público, “entidad llamada a representar los intereses de la sociedad”, conforma una de esas instituciones del Estado de la República de Nicaragua. A ella me quiero referir. La dirige un Fiscal General, el Dr. Julio Centeno Gómez. La Fiscal General Adjunta es la segunda al mando, destacada mujer-combatiente y, hasta hace poco, sobresaliente mujer-policía, Lic. Ana Julia Guido.

Pues bien, hace unos días llegó al Ministerio Público una vergonzosa denuncia que intenta denigrar a nueve prestigiadas luchadoras sociales, guerreras de los derechos humanos e integrantes de la Red de Mujeres Contra la Violencia –Marta María Blandón, Ana María Pizarro, Luisa Molina, Yamileth Mejía, Juanita Jiménez, Violeta Delgado, Martha Munguía, Mayra Sirias y Lorna Norori–. Además de dar fe de su transparencia e integridad, expongo ante los citados servidores públicos una reflexión que a ellos exclusivamente atañe y a nadie más: cuando una denuncia como ésta es absolutamente infundada y ajena al quehacer y funciones primordiales de la Fiscalía, debe rechazarse de plano por notoriamente improcedente y de inmediato mandarse a archivar.

Así consta en la Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley No. 346) y en su Reglamento (Decreto No. 133-2000). Además, el artículo 224 del Código Procesal Penal (Ley No. 406) advierte al Fiscal General y a la Fiscal Adjunta en tono categórico y proverbial: “Si el hecho denunciado no constituye delito o falta, o es absurdo o manifiestamente falso, el Ministerio Público desestimará la denuncia”.

¿Cómo demuestran las autoridades del Ministerio Público su respeto al principio constitucional del debido proceso, si estas personas investigadas declaran ante la Fiscalía desconociendo por completo el escrito de la denuncia? ¿Por qué los fiscales Centeno y Guido emprenden esta investigación basados en una causa (el triste y doloroso caso de “Rosita”) que la misma Fiscalía hace meses dio por cerrado y oficialmente clausuró?
En consecuencia, el solo intento de continuar la Fiscalía con esas peligrosas indagaciones en nombre de una supuesta legalidad, ofende a la mujer, agrede a la sociedad y coloca al Ministerio Público en el rol no deseado de provocador indirecto de agitación e inestabilidad que su conducta ocasionaría por ignorar la ley.

Por la reputación que el Dr. Centeno y doña Ana Julia deben merecer ante la población, en mi carácter de ciudadano invito respetuosamente a estos funcionarios para que en sus respectivos hogares ensayen el caso en cuestión. Platíquenlo, consúltenlo, traten de justificarlo, si pueden; sentados a la mesa actúen como acusadores mientras el resto de su familia lo haga como defensores de las damas denunciadas… y sorprendidos podrán constatar que madres, esposas e hijas, y cuanto hombre sensato pueda opinar, todos al unísono les dirán que la única salida ética y jurídica del Ministerio Público sería el entierro definitivo de tan frágil investigación.

Mientras en el aciago 2007 poco a poco la patria se nos desangra por los cuatro costados de la decencia y la moral, jamás quedaría impune esta mal disimulada cacería en contra de nueve ciudadanas cuya defensa activa compete a la comunidad. Médicos, amas de casa, pobladores de a pie, reconocidas personalidades –como el nutrido grupo que días atrás se pronunció en su favor–, estudiantes, obreros y cuanto ser pensante con un poquito de vergüenza aún sienta en el alma a su país, tenemos la obligación de sentenciar a una sola voz: Sr. Fiscal General y Sra. Fiscal General Adjunta, por vuestro nombre y por la dignidad de su función, por su compromiso ante la sociedad y ante la ley, ¡respeten a estas ciudadanas y háganse respetar!