Jorge Eduardo Arellano
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Los repartos de prebendas, los afanes de conseguir algún beneficio extra y los codazos abriéndose campo hacia mejores posiciones en estas y futuras negociaciones de cúpulas para lograr los máximos dividendos de los restos del fraude electoral, es lo más visible en el escenario político nacional. Entre tanto, la mayoría de los nicaragüenses somos espectadores más o menos pasivos.

Y entre más atención se ponga a las minucias de la politiquería, menos oportunidad habrá para ver la motivación del fraude y su conexión con la política exterior del presidente Daniel Ortega. Primero, que el fraude no nació el 9 de noviembre de 2008, y que ya no tenía frontera nacional desde el momento en que fue concebido. La raíz del fraude está en la necesidad del presidente Ortega de ofrecer la idea hacia el ámbito internacional de que la “victoria” de su partido robustece el raquítico 38% obtenido en las elecciones presidenciales de 2006, lo cual legitima su “revolución”.

El 9 de noviembre de 2008 sólo fue la fecha de confirmación del fraude. Lo que impulsó a Ortega a darle la importancia y la atención de elecciones presidenciales a las elecciones municipales (por ello con su propaganda personal anuló la imagen de sus candidatos locales), fue –además de consolidar su poder político— el hecho de que para él un resultado favorable era como visar de nuevo su pasaporte hacia una proyección internacional como líder revolucionario. O su carné de identidad y legitimidad ante el club de los gobiernos de izquierda afiliados a la Alternativa Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (Alba).

Lo contrario, reconocer la pérdida electoral hubiese sido, sino el fin de su plan, la confirmación de las dudas acerca de la legitimidad de su “proceso revolucionario”. El fraude no borró las dudas, pero le permite seguir especulando con su “revolución”, dado que no hay en el mundo otra concepción de un proceso revolucionario que no cuente ni se apoye en la actividad mayoritaria de las masas populares. Daniel necesitó darle vuelta a su favor al verdadero resultado de las elecciones, porque aceptarlo le hubiera sido fatal a su imagen en el exterior, y vio más rentable pagar el costo político al interior del país.

Y era ilógico que con tan perentoria necesidad, el fraude lo improvisara a última hora. Lo concibió desde el principio de la toma del gobierno, porque las evidencias y el porcentaje con que lo ganó, le aseguraban que en 2008 no ganaría la mayoría de los municipios, menos Managua.

La ruta del fraude es archiconocida: remachó su influencia sobre el Consejo Supremo Electoral (de su presidente, sobre todo); aplicó las restricciones contra los partidos MRS y Conservador (a esta represión política añadió la represión física contra las manifestaciones de protesta con sus fuerzas de choque y marginó a la Policía como guardiana del orden público, lo cual se hizo evidente en su actitud pasiva y hasta complaciente ante el vandalismo oficialista); fabricó argumentos sobre una conspiración imperialista combinada con la oposición “oligarca”, como la califica sin discriminación alguna (extremando su lenguaje ofensivo contra los sectores de la oposición de izquierda); montó juicios artificiales contra organizaciones femeninas beligerantes y periodistas críticos como Carlos Fernando Chamorro y Sofía Montenegro. En contra de éstos utilizó a la segunda al mando de la Fiscalía, una ex comisionada orteguista de la Policía Nacional.

Dentro de ese ámbito prefabricado y represivo creó una crisis real, a la cual también le ha aplicado maniobras politiqueras palaciegas junto a la represión jurídica y física. La compra-venta de votos y voluntades políticas no ha sido extraña en esto, con el fin de fragmentar aún más a sus adversarios y crear mayor confusión entre el gran público.

De esta situación creada con el fraude electoral y de la participación del presidente Ortega en los foros de la izquierda latinoamericana se compone y se refuerza la dualidad de su política. Afuera, Daniel Ortega se presenta como impulsor de un “proceso revolucionario” acosado por el imperialismo y la oligarquía, y con heroísmo prestado a la única y real etapa revolucionaria de los 80, le saca dividendo a su imagen del pobre presidente de un país pobre, acosado por el imperialismo y la oligarquía. Así, la solidaridad y la cooperación de gobiernos y pueblos en revolución, principalmente de Venezuela, sigue fluyendo a su favor. (Para sus aliados, el pueblo nicaragüense está pintado en la geografía centroamericana, o toman como “el pueblo” a los incondicionales de Ortega).

Esa cooperación en manos de Ortega, a cambio de sus reciclados discursos “revolucionarios”, no entra al control de la ciudadanía, porque la margina del Presupuesto General de la República. En consecuencia, la maneja a discreción, como si fuera resultado de su actividad económica privada. Con especial dedicación, invierte esos recursos en promocionar el culto a su persona. Esa actividad propagandística tiene fines personales en el interior del país, y también hacia el exterior: pretende demostrar la popularidad de su “proceso revolucionario”. Algo le sugiere aquello de que revolución sin pueblo es como vender “sopa de gallina sin gallina”.

La paradoja de la “revolución”: mientras Ortega reprime las actividades políticas de la oposición --fundado en la “conspiración” de la oligarquía pro imperialista contra la “revolución”--, es complaciente con los poseedores de una parte del gran capital, pagándoles millonarias sumas en dólares en calidad de intereses (más de ciento cinco millones de dólares en los últimos días) en medio de una crisis económica por la cual su gobierno está reduciendo los presupuestos para la salud y la educación del pueblo.

¿Quiénes son esos capitalistas beneficiados? Los que cobran los bonos de indemnización al Estado por propiedades confiscadas (ahora en manos de la Bolsa de Valores), algunas de ellas apropiadas por gente de la cúpula orteguista después de la derrota electoral de 1990. Y los poseedores de los Cenis, son los que se beneficiaron de la quiebra artificial de varios bancos, cuyas deudas al Estado (al pueblo) lo hicieron asumir. Entre estos beneficiados, tampoco falta algún capitalista del orteguismo. Todo esto, lo justifica el asesor económico del presidente, otro ex revolucionario, es para complacer al Fondo Monetario Internacional.

Con sólo estos pocos ejemplos, el falso “proceso revolucionario” del presidente Ortega se desnuda a sí mismo. Sin embargo, sus aliados en Alba y aún más allá, en la izquierda oficial latinoamericana, parecen ignorarlos, por lo que se muestran satisfechos con el discurso demagógico con el cual Ortega les vende el cuento de la “revolución”. Y también parecieran avalarlo. En otra ocasión, opiné que la ética y la moral revolucionaria quedan al margen cuando están de por medio las razones e intereses de Estado. Una lamentable situación en la izquierda continental.