Jorge Eduardo Arellano
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Recientemente la firma M&R Consultores anunció que 8 de cada 10 nicaragüenses no apoyamos la idea de que un ex presidente de la República y caudillo de uno de los partidos mayoritarios del país llegue a ocupar nuevamente ese alto cargo. Ello nos conduciría a pensar en que, en vista de que las encuestadoras nacionales durante los últimos procesos electorales han demostrado que son capaces de realizar sondeos verdaderamente representativos, al parecer la probabilidad real de que dicha persona resultara electa estaría en la cola de un venado –como diríamos en buen nicaragüense–.

Sin embargo, si recordamos cómo Nicaragua fue víctima hace tres meses de un masivo fraude electoral y, además, si tomamos en cuenta cómo se materializó una nueva versión del “Pacto” en días recientes –en donde vimos precisamente al mismo dirigente liberal negociar otra vez lo que no le pertenece, cediendo a cambio de su libertad el último reducto que tenía el Estado de Derecho en nuestro país–, creo que los nicaragüenses debiéramos estar muy alertas. Esto debido a que, en nuestra opinión, es evidente que la actual crisis política ya no tiene soluciones dialogadas que no requieran del emplazamiento enérgico, pero a la vez cívico, de la ciudadanía. En otras palabras, si la adulteración de los resultados electorales fue como una puñalada artera en el corazón de nuestra democracia, pues esta última negociación política viene a ser un disparo a su cabeza, fulminante y terminal, porque ahora cualquier cosa es posible en nuestro país. O sea que si antes no debimos preocuparnos tanto por quién aspiraba a gobernar Nicaragua, era porque confiábamos en que en teoría la mayoría sabría escoger sabiamente a sus autoridades.

Pero las cosas han cambiado por la sencilla razón de que ahora los resultados de un proceso electoral no son necesariamente los verdaderos. Ello convierte al nuevo Kupia Kumi en algo particularmente nefasto, dado que a través de dicha negociación se pretende reformar las bases mismas de la República para permitir tanto la reelección presidencial continua como la creación de un improvisado cargo de “Primer Ministro” --que ningún antecedente tiene en nuestra cultura política--, todo con el fin de que los caudillos o sus testaferros se garanticen ocupar dichos puestos gracias a unos triunfos de telenovela, considerando que tienen a su disposición las mismas estructuras disciplinadas que planificaron y ejecutaron a la perfección el escamoteo de los votos municipales, además de unas milicias paramilitares que continuarán asegurando a toda costa el control de las calles --por aquello de si la población desea manifestar su espontáneo descontento--.

Porque debemos estar claros de que en Nicaragua hoy existe una fabriquita que produce votos de una manera muy eficiente. En nuestro país, ahora, uno va donde los gurús electoreros y les dice con cuánta diferencia se quiere “ganar”, cuántos concejales se desea obtener y hasta cuáles son los municipios más jugosos que se pretende conservar a toda costa, con el fin de entregarles los menos relevantes a la oposición. Creemos que es precisamente por ello que ambos caudillos apuestan al binomio Presidente-Primer Ministro, pues están convencidos de que con los enormes réditos que produjo el robo impune del 9 de noviembre, en el futuro van a poder ir donde el mismo sastre para que les confeccione siempre resultados a la medida. Y por ello una operación tan osada como lo fue el fraude electoral nos hace sospechar que no se trató de un hecho aislado, sino que forma parte de una negociación mayor –a la que podemos llamar el “Pacto Reloaded”– la que además incluye unos sobreseimientos definitivos, la entrega de juntas directivas y por último la aprobación de reformas constitucionales.

Sin embargo, es nuestra opinión que la ciudadanía desde ya debe empezar a rechazar enérgicamente cualquier manoseo que se quiera hacer a la Constitución Política, y además debemos tomar como verdadero deber cívico que se demande la anulación de los resultados electorales que son ilegítimos. Ello, aunque ya, de antemano, todos los nicaragüenses estamos claros que tanto los responsables del fraude como los candidatos que se prestaron al juego saben muy bien que lo que éstos asumieron fueron unas alcaldías regaladas; que las credenciales que recibieron son de mentira; que los ciudadanos de su municipio se burlan de su falta de legitimidad y de vergüenza. Y lo más importante, estos “alcaldes” jamás se van a sentir cómodos en sus sillas, porque siempre les van a quedar demasiado grandes.

Como conclusión, y si nos permitimos recordar un poco nuestro pasado reciente, veremos que detrás del fraude electoral está la misma mentalidad oportunista que inspiró “La Piñata”, porque quienes se robaron las propiedades en aquella ocasión lo hicieron debido a que, según ellos, estaban legitimados por una revolución que debía ser fuente del Derecho; pero al final no lo fue. Igualmente, veremos que los responsables del fraude se han equivocado dado que la verdad incuestionable es que un robo jamás va a dejar de ser eso: un robo. Y es que los robos masivos --tal como sucedió con La Piñata y como sucederá con el fraude electoral-- siempre estarán vigentes porque jamás prescriben.

Así es que no es cierto que lo robado, robado está; por más fabriquitas de votos que los responsables del fraude quieran operar en Nicaragua; por más Pactos Reloaded que negocien los caudillos.