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Según cifras oficiales, en 2008 en Guatemala se produjeron 6,292 muertes violentas. 690 víctimas eran mujeres. El promedio es de 17.24 muertes diarias. El 83.23% de las muertes se produjeron por armas de fuego. Los expertos en la materia expresan que las cifras de 2008 son las más altas en los últimos veinte años de la historia de Guatemala y están entre las tres más altas de América Latina.

Según del Departamento de Control de Armas y Municiones (Decam), dependencia del Ejército de Guatemala, se tienen registradas 375 mil armas de todo tipo, distribuidas en 40 mil licencias de portación. Diariamente se atienden 50 solicitudes de portación. Organizaciones civiles calculan que aproximadamente 500 mil armas circulan ilegalmente. 50 millones de municiones fueron vendidas legalmente en 2008. El Ministerio Público ha informado que de 40 mil armas decomisadas solo el 33% están registradas. La ley de armas y municiones, que data de 1989, no establece límite para la compra de armas, lo cual permite que una persona pueda comprar el número que desee, según su propio interés y necesidad.

La situación de inseguridad que vive la ciudadanía guatemalteca trae como consecuencia un incremento en la compra y venta de armas, dado que algunas personas consideran que al tener un arma tendrían la posibilidad de defenderse mejor. Otros prefieren contratar servicios de seguridad privada. En cualquiera de los casos, comprar armas o contratar servicios de seguridad es privilegio de unos pocos, porque la mayoría de la población simplemente no cuenta con recursos para ello y por lo tanto permanecen indefensos, debido a la incapacidad del Estado de brindar seguridad a la población en general. Por otro lado, la violencia se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del país. Según el Informe Nacional del PNUD de 2005, en Guatemala, el costo de la violencia fue de 17,900 millones de quetzales, aproximadamente unos 2,386 millones de dólares.

La Constitución de 1985, en su artículo 38, establece la tenencia y portación de armas de uso personal no prohibidos y reguladas por la ley. Los acuerdos de paz, que pusieron fin al conflicto armado de más de 30 años en Guatemala, particularmente el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una sociedad democrática, -firmado en 1996-, en su capítulo sobre la Agenda de Seguridad, inciso 33, Tenencia y Portación de Armas, establece que “….para hacer frente a la proliferación de armas de fuego en manos de particulares y la falta de control sobre su adquisición y uso, el Gobierno de la República se compromete a promover la reforma de la Ley de Armas y Municiones a efecto de: a) Hacer más restrictiva la tenencia y portación de armas que se encuentran en manos de particulares, de conformidad con lo previsto por el artículo 38 de la Constitución; b) Otorgar responsabilidad sobre la materia al Ministerio de Gobernación. Lo referente a la tenencia y portación de armas ofensivas se considerará en casos muy excepcionales y calificados, y para ello se deberá contar con la opinión del Ministerio de la Defensa. 34. En concordancia con esta ley, el Gobierno se compromete a: a) Hacer efectivo el sistema de registro de las armas en circulación y la identificación de sus propietarios. b) Transferir los registros que actualmente se encuentran en depósito en el Departamento de Control de Armas y Municiones del Ministerio de la Defensa al Ministerio de Gobernación…”

Poco se ha avanzado, después de doce años de firmado el Acuerdo. Sucesivos gobiernos han fracasado en el intento. Organizaciones de la sociedad civil, así como bancadas minoritarias, apoyadas por la cooperación internacional, continúan trabajando sin éxito hasta hoy, en la reforma. Intereses de diverso tipo, relacionados a este tema obstaculizan la reforma y, aunque ésta es una atribución del Congreso, la responsabilidad recae en el Estado de Guatemala en su conjunto.

La vigencia de la ley de 1989 es una de las principales causas del estado de violencia e inseguridad que vive el país y facilita el accionar de organizaciones criminales, cuyas estructuras se han incrustado en el Estado guatemalteco en detrimento de la seguridad ciudadana y de la institucionalidad democrática. Hace pocos días, el Presidente de Guatemala anunció la suspensión de la emisión de licencias de portación de armas ofensivas registradas como deportivas y expresó que aproximadamente unos tres mil pertrechos de tipo ofensivo estaban registrados como deportivos, también dijo que si hubiese que hacer cambios a la ley, enviarían una iniciativa.

En Nicaragua, aunque no escapamos a situaciones de delincuencia común, podemos afirmar que vivimos en una situación diferente a Guatemala, en relación a la seguridad ciudadana, especialmente por el profesionalismo de instituciones como la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua. La Ley 510, de noviembre de 2004, es una norma avanzada en el ámbito centroamericano, sin embargo a la luz de los últimos acontecimientos, es necesario revisarla con el fin de perfeccionarla, en bienestar no solo de la ciudadanía nicaragüense sino de Centroamérica.

matiguas@hotmail.com