Jorge Eduardo Arellano
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Lo “rural” se abandonó en casi dos décadas, por el festín neoliberal. El anuncio del programa Hambre Cero (durante la campaña electoral del FSLN y como programa “estrella” del gobierno), suscitó entre muchas personas vinculadas al agro; esperanzas, controversias y escepticismos. Algunos pecaron de ingenuos y otros comenzamos a provocar debates técnicos serios para aportar al programa y ver la posibilidad de convertir la “Cenicienta” (así es visto el campesinado) en un ser humano sujeto de derechos. Obviamente, no fuimos escuchados.

La intencionalidad del programa en combatir la pobreza y alcanzar la Seguridad y la Soberanía Alimentaria a través del Bono Productivo Alimentario (BPA) es seductora para cualquier persona que conoce la realidad del campo. De las 170,000 familias rurales más pobres tomadas como universo, se proyecta atender unas 75,000. Hasta el momento, han sido beneficiadas 35 mil mujeres con el bono productivo alimenticio (Murillo. Rosario. Dic. 2008). No obstante, los resultados no se hacen sentir ni en el campo, mucho menos en la ciudad.

Entre tantas versiones que resultaron de este programa, logré identificar algunas tendencias e inconsistencias en las que varios colegas coincidimos, las que agrupé en estos bloques para fines de este escrito:
Conceptual o filosófico: Al hablar de Seguridad y Soberanía Alimentaria, en principio se debe aclarar que no son dos conceptos símiles. La Seguridad Alimentaria, se basa en la disponibilidad y el acceso que tiene una población a los alimentos y, recoge en su seno algunas buenas intenciones que no resuelven la Inseguridad Alimentaria. La Soberanía Alimentaria es un derecho de los pueblos o países a definir su política agraria y alimentaria, sin dumping frente a países terceros; es priorizar la producción agrícola local para el autoconsumo y consumo nacional; el acceso del campesinado y de los sin tierra a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito; el derecho a producir alimentos y el de los consumidores en decidir que quieren consumir, cómo y quién lo produce; el derecho a protegerse de las importaciones agrícolas y alimentarias baratas que merman la economía campesina; la participación en la definición de la política agraria; y, el reconocimiento de los derechos de las campesinas..

En principio, resulta paradójico hablar de Soberanía Alimentaria, sin Reforma Agraria y más aún, cuando el fantasma de una Reforma Agraria pasada; inconclusa, desorganizada y deslegitimada con el advenimiento de la democracia en los 90, ronda en el ambiente. Enfrentamos el problema de la tenencia de la tierra y aunque se ha intentado invisibilizar, está latente. No se ha hecho, ni se está haciendo nada al respecto. El sector rural continúa inseguro o despojado frente a su principal recurso: la tierra. Por otro lado, parece ser que en este programa no se tomó en consideración la Política de Seguridad Alimentaria (aprobada en 2001) y el anteproyecto de Ley de Soberanía Alimentaria (engavetado en la Asamblea).

Es imprescindible conciliar estos tres instrumentos, anudar nuevamente los hilos, recoger las lecciones aprendidas y no seguir inventando el agua caliente. Otro aspecto es la tendencia sutil hacia lo “productivo”, y aunque integra ligeramente lo nutricional, sólo abarca algunos factores que coadyuvan a la Soberanía Alimentaria. Entonces, me pregunto: ¿Cómo podemos augurar desarrollo y no pobreza? ¿Qué pasará con los sin tierra? ¿Y el agua, la educación alimentaria, nutricional y ambiental, entre otros?
Organizativo: Un programa de esta naturaleza es infuncionable si carece de una estrategia de concertación a nivel interinstitucional, multisectorial e interagencial. La pobreza, en cualquiera de sus facetas, no la resuelve un Gobierno, ni una, dos o tres entidades. Además, desde una sede nacional resulta imposible ejecutar un programa (es posible en términos políticos, no técnicos) y mucho menos, garantizarlo bajo la lupa de estructuras organizativas no comunitarias.

Por otro lado, pretender hacer un “remake” de las extintas CAS (Cooperativas Agrícolas Sandinistas); sobredimensionar a estrategia de desarrollo rural la experiencia de una ONG (en este caso, el Cipres, que realmente es exitosa); o reconsiderar modelitos en desuso promovidos por algunos Organismos, ninguno es viable, peor aún cargando a cuestas un modelo neoliberal en todas sus dimensiones. Se trata pues, de retomar el concepto de Soberanía Alimentaria.

Productivo/Nutricional: Entregar una vaca, una cerda y aves, insumos para la producción (para el consumo de las especies y no de las familias), entre otros, no resolverá la accesibilidad física, social y económica de los alimentos tanto para la familia campesina como para el resto de la población. Y, dudosamente se alcanzará con esta estrategia, el cambio en las actitudes, hábitos y prácticas alimentarias de la población. ¿Existen procesadoras que puedan captar la inmensa oferta de cerdo? ¿O nos veremos obligados a consumirlo desmesuradamente, en detrimento de nuestra salud? ¿Y qué se ha hecho respecto a la certificación de las semillas?
También se pretende la reducción de la desnutrición crónica a través del consumo la ingesta del huevo, la leche y sus derivados. No obstante, según cifras oficiales del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud, suministrados al Gissan (2008), la desnutrición crónica ha llegado a afectar hasta a un 47.16% de la población de Madriz; 39.98% en Jinotega; 37.4% en Matagalpa; 37.7% en Nueva Segovia y un 33.45% en la RAAN. Evidentemente, las familias campesinas no esperaron ese “excedente” previsto a mediano plazo para comercializarlo, a como apostó el programa. ¿Se está resolviendo el problema de la desnutrición crónica? ¿O estaremos agudizando la prevalencia de desnutrición aguda?
Económico: La estrategia está dirigida al ahorro, crédito revolvente y comercialización para inyectar las economías campesinas, a partir de la venta de productos y no los bienes de capital inicial, esto implica desconocer la lógica de la economía y cultura campesina. Está demás decir que la vaquita o el cerdito son las “alcancías ambulantes”, las “cajas de ahorro” para el campesinado pobre; son su tabla de salvación ante la primera crisis. Es como meter el zorro al gallinero. Y a estas alturas lanzarse a la aventura de entregar animales significa ser muy ingenuo (y poner en riesgo la inversión) o, continuar en el pasado creyendo en un proceso de “concienciación”, cuyos resultados fueron catastróficos. En este escenario, el programa debió haber iniciado con créditos concesionales que aseguren la independencia y sostenibilidad económica de las familias campesinas a mediano y largo plazo. El hambre no entiende de razones, ni compromisos, ni reglas del juego.

Considero que ya es tiempo de abrir las puertas a todos y todas para revisar y analizar profundamente el problema agrario y se sienten las bases para la definición de una verdadera estrategia de desarrollo rural. Lo que queda claro es que la estructura actual de tenencia de la tierra debe experimentar una reestructuración y establecer la combinación óptima de áreas de uso agrícola para garantizar la disponibilidad de alimentos con los ecosistemas necesarios para la sobrevivencia del sector rural. Hasta Stiglitz (2002), premio Nóbel de Economía, para quienes les asusta el término “reforma agraria” señala que “La reforma agraria, adecuadamente implantada, que asegure que los trabajadores no sólo tengan tierra sino también acceso al crédito y a los servicios de extensión que les enseñen cómo utilizar nuevas semillas y técnicas de plantación, podría impulsar notablemente la producción”. Entonces, me permito sugerirles un primer punto de debate: la relación significativa entre el acceso a la tierra y la inseguridad alimentaria. ¿Quiénes se apuntan?