Jorge Eduardo Arellano
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Si por el número de abogados se midiera el grado de desarrollo de un país, Nicaragua y Japón estarían en un mismo nivel. Ambos tenemos alrededor de 15,000 abogados. Estados Unidos ronda 750,000 y egresa 65,000 cada año.

La entropía en muchos aspectos de nuestro quehacer político, económico, administrativo y social, resulta de la inexistencia de un orden jurídico que garantice paz; estabilidad económica, seguridad ciudadana, y el progreso en todas sus dimensiones. De salida de esta noble profesión: Observo con preocupación la falta de unidad gremial, y como consecuencia, la ausencia de ética profesional; respeto por las leyes y corrupción en el cumplimiento de los deberes. Esto ha conducido a la paralización de la administración de Justicia. Evidente desde los actos de la misma Corte Suprema de Justicia, (máximo Tribunal), al implementar un inconstitucional Modelo de Despacho Judicial, (legislando para esto); hasta los vicios del lejano facilitador rural en las comunidades del interior o del Wista, o Juez Mayangna en el sistema del Talamama del caribe.

La profesión de abogado y su ejercicio deben regirse por una Ley de Abogados y su reglamento: instrumentos que serán propuestos a la Asamblea Nacional. Existe una vieja iniciativa de ley en este sentido “estratégicamente engavetada” en la Asamblea. La CSJ ha promovido y recibido algunos recursos de amparo de abogados interesados en mantener la desunión del gremio para fomentar el estado de entropía en que nos encontramos: Estos recursos se fundan en que la Constitución no obliga a nadie a tener filiación. (Pero tampoco la prohíbe). Sobra decir que la existencia de colegios y de una federación de estos colegios de abogados no es obligatoria, pero algunos prefieren mantenerse al margen de la colegiación por intereses individuales de lucro, pues se benefician del desorden y la corrupción. La CSJ no ha tramitado estos recursos mal intencionados. ¡Ni lo hará! Prefieren continuar actuando como capataces faraónicos y mantener a los abogados como a los esclavos constructores de las pirámides del capital de los políticos que los nombran magistrados, y mantienen en sus puestos como sirvientes y capataces de látigo sobre su gremio, y a otros capataces de menor jerarquía, y peor trato hacia sus pares.

“El abogado, al inscribirse en un colegio, deberá hacer promesa solemne de cumplir fielmente el Código de Ética Profesional”. No todos los abogados del país deberían ser parte de los Colegios de Abogados que se formen, los colegios son asociaciones gremiales, de afiliación voluntaria. Aunque las normas éticas rigen para todos, sólo los miembros de tales asociaciones gremiales están anuentes a que el control ético del ejercicio profesional sea ejercido por sus pares, lo que, en la práctica, representaría el mejor control que debe existir entre el gremio.

Unos pocos truculentos no están dispuestos a someterse al control ético que practicarían los Colegios. Pues formarían parte de ellos los más conocidos y prestigiosos abogados de las localidades. Intento destacar la importancia del control ético que ejercería la asamblea General del Colegio, y difundir el control ético que ejercerían los colegios. Entre otras actividades, publicando los aciertos en el desempeño profesional del afiliado, y las sanciones a las transgresiones al decoro y dignidad profesional, probidad y rectitud en las relaciones del abogado con sus clientes, entre otras. Es éste el argumento central para atraer a los nuevos abogados que juran cada año el respeto por la ética, la moralidad y la probidad en el cumplimiento de la noble y actualmente envilecida profesión legal.

Pertenecer a un colegio de abogados, con el consiguiente control ético, debiera convertirse en un antecedente valioso en el currículo de un abogado, junto al buen nombre y prestigio profesional, frente a sus pares, clientes y a la comunidad. En este sentido, especial acento debiéramos poner, tanto dentro de la profesión como fuera de ella, para introducir la idea que para ocupar cualquier cargo, ya sea profesional, académico, y tantos otros, el pertenecer a un colegio de abogados signifique un elemento que agrega valor en los antecedentes personales de los candidatos.

Quizás más importante que lo anterior será convencer a la opinión pública que, dado que la CSJ no ha ejercido la facultad de conocer y sancionar las infracciones a la ética profesional, es menester buscar y preferir aquellos abogados afiliados que sí se encuentran sometidos a un control ético.

En palabras del Dr. Arturo Alesssandri, consejero del Colegio de Abogados de Chile
... “no se conoce jurisprudencia alguna de control ético por parte de los Tribunales de Justicia, en la práctica, el único control ético efectivo que existe hoy en día es el realizado por los colegios de abogados respecto de sus miembros”.

Los abogados organizados constituimos una fuerza moralizadora y garante del ejercicio democrático con imperio de gobiernos de leyes, no de hombres, fortalecimiento de las instituciones democráticas, del estado de derecho, de los deberes y derechos de los ciudadanos, aún dentro de la militancia de los partidos políticos y del ejercicio de la democracia en general. Fomentar la división o desunión de este valioso gremio es facilitar el mantenimiento de la entropía, la corrupción, caudillismo y eventuales dictaduras. En consecuencia, para confirmar que la decisión apropiada y compatible con un recto ejercicio profesional unido al buen nombre y prestigio es lo más que debe cuidar un abogado, el Colegio debe redoblar esfuerzos para dar a conocer sus normas éticas en las universidades y en la opinión pública en general, en cada oportunidad que se le brinde, para oponer la vigencia de (estas) normas claras que se deben hacer respetar, frente a la amenaza de un déficit ético que hoy acecha a nuestra sociedad”.