Jorge Eduardo Arellano
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La denuncia de discriminación racial interpuesta por la diputada Brigette Budeir Bryan en contra de la discoteca Chamán ha generado fuertes debates durante las últimas dos semanas debido a que se está cuestionando la legitimidad institucional de la Constitución Política de Nicaragua, la adherencia de Nicaragua a las convenciones internacionales de Naciones Unidas referidas a la lucha en contra del racismo y más importante aún, la conciencia moral de la nación nicaragüense que asegura ser multiétnica y pluricultural.

Aun cuando en el pasado han surgido denuncias de este tipo en contra de funcionarios públicos, medios de comunicación, discotecas, etc., por primera vez en la historia de Nicaragua la víctima de discriminación racial cuenta con un marco legal que le permite interponer una denuncia formal ante la Fiscalía y exige al Ministerio Público realizar las gestiones necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley. El marco legal en este caso se fundamenta en los artículos 427 y 428 del nuevo Código Penal de Nicaragua.

Cuando una nación decide discutir seriamente un tema tabú como el racismo, surgen opiniones y perspectivas diferentes y muchas veces contradictorias. Estos puntos de vista se pueden resumir en tres tipos: opiniones de personas que conocen el problema y quieren buscar soluciones correctas y duraderas; opiniones de aquellos que subestiman la gravedad del problema y están satisfechos con mantener el estatus quo, así como las opiniones de los que asumen posiciones apologistas y paternalistas que pretenden atribuir flagrantes manifestaciones de racismo a una supuesta discriminación social o clasismo.

Por ello me permito agregar un nuevo concepto a nuestra acalorada discusión: El Endorracismo. En el contexto de Nicaragua y Latinoamérica, endorracismo se entiende como el repudio hacia cualquier característica indígena o afrodescendiente y la sistemática negación de las contribuciones políticas, sociales, económicas y culturales de estos pueblos en la conciencia individual y colectiva de la nación. Resulta difícil para el endorracista aceptar la existencia del racismo, por cuanto y a pesar de ser un miembro evidente de la etnia o raza discriminada, anhela pertenecer al grupo de su victimario. Por ello, a pesar de todos los argumentos y la evidencia de que existe racismo en Nicaragua, persisten aquellos que aseguran este mal fue erradicado en la década de los ochenta y sostienen “lo que prevalece en Nicaragua es más bien la discriminación social o clasismo.”

Si de eso se trata, quisiera destacar la diputada Brigette Budeir Bryan es una legítima líder afrodescendiente, hija del Reverendo Palmerston Budeir de la Iglesia Morava, de Bluefields, domina el inglés y el español, ha viajado alrededor del mundo y trabajado arduamente para obtener cada uno de sus méritos. Esto la convierte en una digna representante de la clase social más elevada de la Costa Caribe de Nicaragua. ¿Será que su estatus social debe ser confirmado y certificado por porteros de una discoteca de Managua, a como lo establece el sociólogo Lorenzo Romeo?
Es absurdo negar la existencia del racismo en Nicaragua que se manifiesta a través de prejuicios históricos y actitudes racistas pre-existentes; invisibilidad de pueblos indígenas y afrodescendientes; privación de Derechos políticos, económicos, sociales y culturales; discriminación en los medios de comunicación y el endorracismo. Ello fue reconocido por el Dr. Doudou Diene, Relator Especial sobre Racismo y Discriminación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, luego de su visita a Nicaragua en julio de 2004, cuando señala que a pesar de una excelente legislación, en Nicaragua aún prevalece el racismo hacia pueblos indígenas y afrodescendientes.

La aprobación del Estatuto de Autonomía (Ley 28), la Constitución Política de Nicaragua de 1987 y la ratificación de la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial en 1979, constituyeron pasos significativos para combatir el racismo. Sin embargo, es hasta ahora que están siendo traducidas en políticas públicas efectivas y no fue hasta 2006 que se incorpora el delito de discriminación racial en el Código Penal de Nicaragua.

Ningún sociólogo serio puede afirmar que la simple aprobación de una legislación constituye una fórmula mágica que inmediatamente tiene la propiedad de cambiar actitudes y prácticas racistas que durante siglos han sido cultivadas y transmitidas de generación en generación. La realidad revela lo contrario. Las leyes son asimiladas en la medida en que una sociedad las pone en práctica y se establecen precedentes significativos que luego se constituyen en jurisprudencia. Este proceso puede tomar mucho tiempo, pero cuando ocurre tiende a promover importantes cambios institucionales que hacen que la sociedad sea más incluyente, justa y unida.

En la medida que aprendemos a descodificar valores falsos fijados por siglos en nuestras iremos construyendo una cultura de igualdad que debe impregnar nuestras relaciones cotidianas y la formulación e implementación de políticas públicas con un enfoque de Derechos de pueblos afro descendientes que promueva activamente el orgullo de nuestro legado africano.

*Lic. Ciencias Políticas, Universidad Thomas More

El autor es miembro del Movimiento Jóvenes Estableciendo Nuevos Horizontes
(JENH-Cedehca)