Jorge Eduardo Arellano
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No tengo dudas de que el gobierno de Daniel Ortega es diferente a cualquiera de los inmediatos anteriores, identificados como neoliberales, en cuanto a la vocación social de algunos proyectos. De esta vocación tuvieron muy poca o nada los proyectos de los gobiernos de orientación clasista tradicional. Sería el colmo, que pretendiendo ser revolucionario, no fuera diferente, en algo. Pero sus proyectos no logran conciliarse con los hechos.

Los programas sociales del gobierno no han trascendido de su discurso y siguen siendo promesas, cuya ejecución no supera su retraso con respecto a las necedades de la mayoría de los trabajadores ni de los desempleados. Al llegar a este punto, es en donde esos proyectos se encuentran, si no estancados totalmente, atrapados en las redes de la propaganda partidista, con toda la característica de campaña electoral permanente que ésta tiene.

En ese ámbito propagandístico es donde más se habla y se escribe sobre el “avance revolucionario que la derecha y el imperialismo tratan de frenar”. Esto es el componente básico del discurso oficial, multiplicado en los discursos partidarios de todos los tamaños, grosores y espesores con el cual la demagogia andante, tronante y visual nos atosiga cotidianamente.

Recetan y recitan todos los programas “cero” como una verdadera revolución. Para los oficialistas no hay fallas, deficiencias ni dudas de que su recetario está en proceso de dar solución a todo. En el orteguismo piensan que eso es lo que todos debemos pensar de sus programas, y cualquier crítica la perciben como parte de la ofensiva del enemigo y, por ello, merecedora de su reacción violenta, acompañada de una verborrea escatológica. Con esa actitud, confirman la duda de que sus programas no están resolviendo –o que se aplican con sectarismo y corrupción— y quien se atreve a demostrarlo, es presentado como un antipatriota y, por lo tanto, un “agente del imperialismo y sirviente de la derecha”.

Cuando las dudas y las críticas se asocian a la denuncia de la corrupción, sólo el infierno de la descalificación espera a sus autores. Dramáticamente cursi, pero con efectos políticamente desastrosos para una democracia en construcción, de cualquier tipo que fuere. Un primitivismo político con discurso de factura sectaria. Con todo, eso no es lo peor.

Lo grotesco de esta clase de respuestas a las críticas es que ha trascendido a lo persecutorio y lo represivo. Resumo, porque se trata de algo archiconocido: todo ciudadano que no se suma al culto de sus verdades absolutas, es tratado como una persona enemiga, no merecedora del mínimo respeto. Tolerancia cero es la única de todas sus marcas “cero” que funciona a la perfección.

En esta situación, es obligado preguntar sobre muchas cosas para definir el sistema político que el orteguismo pretende imponer bajo el rótulo revolucionario. La primera pregunta hace referencia al punto de arranque del orteguismo:
¿Qué causó más perjuicios a la imagen, a la ética y a la estructura del Frente Sandinista como vanguardia política revolucionaria: 1) haber admitido la derrota electoral en 1990, o 2) el abuso que la mayoría de su cúpula perpetró en los bienes públicos hasta convertirse en gran capitalista?
Las siguientes preguntas se relacionan a las actitudes del orteguismo en su etapa actual:
¿Es más beneficioso para un gobierno imponer su verdad por la fuerza y su legitimidad revolucionaria con la intolerancia, que reconocer honestamente la pérdida de una elección?
El trato violento, discriminatorio y restrictivo contra los críticos del gobierno, ¿es inevitable y consustancial a una revolución verdadera?
De otra forma: ¿sólo puede ser verdadera una revolución que trata con violencia, discriminación y restricciones a los ciudadanos que critican a su gobierno?
¿Se vuelve necesariamente agente de la derecha y del imperialismo el ciudadano que hace uso de su derecho a criticar y disentir de las políticas del gobierno?
Al revés: ¿un gobierno necesita condenar al ciudadano que critica y disiente como agente de la derecha y del imperialismo para legitimarse como gobierno revolucionario?
¿Demerita un gobierno su calidad revolucionaria si tolerara las opiniones contrarias a sus líneas políticas?
¿Perdería su calidad de izquierda el gobierno que discutiera con respeto y buscara convencer con razones válidas a quienes emiten críticas a su actuación?
¿Buscar cómo hacer consenso con quienes emiten opiniones críticas al gobierno por su modo de abordar los problemas nacionales, es acaso una renuncia a su condición revolucionaria?
¿Un gobierno no ve necesario convencer para buscar consenso y facilitar el éxito de sus políticas, porque cree que es mejor desarrollarlas creándoles más enemigos que colaboradores?
¿Es incompatible la transparencia administrativa del gobierno con los ideales revolucionarios que dice sustentar?
¿Es signo de debilidad política e ideológica admitir las diferencias y permitir que se expresen con libertad?
De otro modo: ¿es signo de fortaleza política e ideológica actuar con intolerancia y represión ante una crítica?
¿Con su política represiva podrá este gobierno construir consenso en torno de sus programas sociales y conciliar su desarrollo con el respeto a los derechos democráticos?
Si tiene confianza en que el pueblo acepta y respalda conscientemente su proyecto de gobierno, ¿es más importante responder a los caprichos del caudillo que a esa confianza y a ese respaldo popular?
Y si se cree más importante esa confianza y ese respaldo popular, ¿por qué asocian la suerte y el futuro de su “revolución” a la hegemonía de su caudillo?
Pregunto con especial énfasis sobre esto último, no sólo porque el presidente Ortega ha impulsado esfuerzos y tramas políticas en busca de la reelección, sino también porque es una directriz partidaria reproducida de forma reiterada por los principales funcionarios del gobierno y sus partidarios.

En general, todas las preguntas aquí planteadas tienen sus respuestas en las acciones cotidianas de este gobierno. Y estas respuestas son las que se están viviendo en nuestro país, de lo cual se desprende la anormalidad, la desconfianza y la intranquilidad política actual.

No se trata de una situación anormal estática, sino en constante agravación, desde cuando se consumó el fraude electoral el 9 de noviembre del año anterior. Y, precisamente, por tener su origen esta situación anormal que vivimos en las respuestas que negativamente está dando el gobierno en la práctica a las interrogantes aquí planteadas, es que se confirma la inexistencia de una verdadera revolución. Al margen del discurso oficial, sólo queda un régimen personalista y familiar autoritario.