Jorge Eduardo Arellano
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El Consejo Supremo Electoral y el gobierno, responsables del escandaloso fraude electoral del 9 de noviembre de 2008, desestimaron el vigor cívico y la conciencia ciudadana del pueblo nicaragüense. Pensaron que dejando correr el tiempo y dándole posesión a los alcaldes designados por el CSE, la ciudadanía terminaría por resignarse y aceptar el fraude como un hecho consumado. Pero, los responsables del fraude hicieron mal sus cálculos. El reclamo en contra del fraude, pese a los meses transcurridos, sigue vivo y adquiere cada vez más fuerza, no sólo a nivel interno, sino también en el exterior. La cooperación internacional para aliviar el déficit fiscal y la Cuenta Reto del Milenio siguen suspendidas.

Los representantes de los países donantes han sido muy claros en cuanto a los principios indispensables para que fluya nuevamente la cooperación internacional. Entre ellos se encuentran el respeto a los procesos democráticos y la transparencia en los procesos electorales.

Mucho se equivocan los representantes del gobierno y los magistrados del CSE si piensan que los nicaragüenses vamos a dejar pasar el gigantesco fraude que perpetraron. En la historia de los procesos electorales en nuestro país, hay dos grandes fraudes que serán siempre recordados: el auspiciado por Anastasio Somoza García en 1947, en contra del Dr. Enoc Aguado, a quien le robaron la presidencia de la República, y el del 9 de noviembre de 2008, donde al menos en treinta municipios, incluyendo la capital del país, fueron declarados electos como alcaldes candidatos que la voluntad mayoritaria no eligió, robándoseles sus cargos a quienes realmente fueron electos.

Los nombres de quienes actuaron como actores principales y colaboradores necesarios de ambos fraudes, quedarán para siempre asociados a estos crímenes de lesa democracia.

La sociedad civil organizada, a la que se han sumado los partidos políticos democráticos, regresa a la calles de Managua y de otros siete municipios, convocada por la “Unión Ciudadana por la Democracia” (UCD), integrada por casi una veintena de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el “Movimiento por Nicaragua”.

Estas marchas azul y blanco, igual que las realizadas en el pasado por la sociedad civil, serán eminentemente cívicas y en el pleno ejercicio del derecho constitucional que tienen los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses de manifestarse y movilizarse públicamente, derecho expresamente garantizado por los artículo 53 y 54 de nuestra Constitución Política. Las marchas serán la expresión del amplio rechazo que tiene en la ciudadanía el colosal fraude que el gobierno y el Consejo Supremo Electoral llevaron a cabo en las elecciones municipales del 9 de noviembre pasado.

Las marchas buscan crear conciencia en la ciudadanía sobre las nefastas consecuencias del fraude: burla a la voluntad popular, suspensión de la cooperación internacional y aumento del desempleo, la pobreza y el hambre. Los ejes de la marcha comprenden también el rechazo al pacto entre los caudillos del FSLN y el PLC, que planearon y ejecutaron el fraude.

¿Por qué una marcha contra el pacto despierta el espíritu cívico y moviliza a tantos sectores de la sociedad? Porque es evidente que el pacto FSLN-PLC, sus dañinas consecuencias para nuestra institucionalidad democrática y su apañamiento de la corrupción, producen un fuerte impacto en la conciencia ciudadana, que repudia todo lo que se asocia a semejante engendro político.

La ciudadanía responsable, sin temor alguno, debe hacerse presente de manera cívica y masiva en estas marchas para exigir
el respeto a la voluntad popular, la democracia y el derecho a progresar con justicia y equidad.

Una vez más, el amor por Nicaragua congregará a miles de ciudadanos y ciudadanas decididos a demostrar, sin miedo y enarbolando únicamente la bandera azul y blanco, el sentir mayoritario de nuestro pueblo: el rechazo a la dictadura orteguista, el fraude electoral y sus graves consecuencias para la endeble economía del país y para los sectores más pobres de nuestra población.

Miles de ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses se aprestan a exigir que el CSE responda a la pregunta: “¿Dónde está mi voto?”.