Msc. Vilma Báez Valdez*
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En la complejidad y las condiciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales que se presentan en el escenario del SICA, existen algunas aristas que son opacadas e insuficientemente tratadas, como es el tema de la educación jurídica especializada en materia de derecho comunitario o derecho de integración,  dirigida hacia los profesionales del Derecho de los países miembros del sistema. La región padece un alto nivel de inseguridad jurídica, está plagada de violación hacia los derechos humanos, está llena de abusos,  delitos como la extorción, el secuestro, la amenaza, la delincuencia común, y la altamente organizada, lo que hace más difícil el desarrollo y la convivencia armónica y pacífica en la región centroamericana.

Por estas razones y más, debe de ser una prioridad fundamentar los conocimientos  jurídicos de ese conjunto de normas en los profesionales. El derecho comunitario cobró vida a inicios de los años noventa en el derecho de integración, y ha producido una comunidad jurídica propia, novísima, de carácter transdisciplinario y multitematico, que le brinda legitimidad y credibilidad a la institucionalidad del SICA. Sin embargo, tales normas se encuentran anquilosadas en las esferas de las élites políticas de los gobiernos y de los principales órganos normativos del sistema, es necesario que estas normas estén al alcance de las colectividades, sean divulgadas y puestas en práctica, ya que su aplicabilidad abonaría mucho en garantizar la seguridad ciudadana en la región. Por tal razón es primordial que entre las instancias del SICA, y de los sectores académicos de los capítulos nacionales se armonicen esfuerzos dirigidos hacia una educación jurídica integral, que incorpore la dimensión del derecho comunitario en los pensum académicos de las carreras de estudio, con el propósito de que le permitan al profesional del Derecho tener una visión más amplia de los sistemas de normas que coexisten y dejar de pensar, sentir, decir y actuar para permanecer enclaustrado en el problema local, pretendiendo seguir resolviendo los conflictos a espaldas del derecho comunitario.

No es tarea fácil cambiar el pensamiento y el esquema del profesional del Derecho, ya que eso significa romper con estereotipos nacionalistas y constitucionalistas bien arraigados, lo que ha dificultado la aceptación y aplicabilidad de este conjunto de normas que son escasamente conocidas y aceptadas por el pensamiento profesional.

El profesional del Derecho debe de ser capaz de pasar del plano  nacional al regional, desarrollar una actitud jurídica integradora, apropiarse de las reglas comunitarias y aplicarlo con plena conciencia centroamericana. Debe convertirse en un abogado especialísimo, comunitario centroamericano, acreditado ante la Corte Centroamericana de Justicia, para ejercer el derecho comunitario en toda la región, que le permita conocer, la doble vía jurisdiccional que tiene el Derecho Comunitario, de las competencia y procedimiento de ordenanzas de la Corte, de los actos de comunicación, de cómo se presenta y se inicia una actividad procesal, de los actos de decisión, sentencias, autos, providencias, de los procedimientos especiales de apelación, de la consulta e interpretación prejudicial  y demás procedimientos  establecido por ese alto tribunal de justicia para resolver mediante derecho los conflictos que se presentan en todos los ámbitos de la dinámica de la región. Una educación jurídica integral es de gran relevancia social, económica y cultural, las colectividades deben de fomentar una conducta nueva del rol del abogado, que lo conduzca a un reposicionamiento en el ejercicio del Derecho frente a las nuevas realidades y ante las crecientes necesidades y amenazas que tiene Centroamérica, una de las claves del éxito de un proceso de integración es que la sociedad reconozca la existencia de sus reglas comunes.

*Docente Integración Regional.