Jorge Eduardo Arellano
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Como todas las cosas trascendentes de la vida que oportunamente logran su estado ideal de maduración, la anunciada “Reforma Tributaria Integral” del Gobierno llegó a la cima de su potencial en el período 2007-2008, pero de forma inexplicable se dilapidó. El beneficio de la duda hizo creer a los más optimistas que la sorprendente parálisis oficial se debía a demoras involuntarias por causa de rigurosos estudios que justificaban la prolongada espera. No obstante, han transcurrido veintiséis meses de absoluto incumplimiento en medio de una evidente pérdida de credibilidad del Ejecutivo por su incapacidad de cristalizar un auténtico cambio fiscal. Mientras tanto, la crisis planetaria de la economía y su onda expansiva local actúan como sepultureros de última hora de aquella prometida reforma que jamás se conoció.

Esencia de la concertación fiscal

Así las cosas, el sentido común y la cruda realidad nos informan de un veredicto inapelable que comienza a dibujarse en el horizonte nacional, y que hemos venido propugnando a partir de 2009: la Reforma Tributaria naufragó en su propio inmovilismo y debemos reemplazarla por un ágil proceso de concertación fiscal. No se vaya a creer que con este golpe de timón pretendemos arriar las banderas de la modernización del sistema de impuestos trasladando el problema de la frustrada reforma tributaria a las burocráticas y aburridas “mesas de trabajo” de nunca acabar; más bien se trata de encarar estos desafíos en mejores condiciones de legitimidad política, profundidad técnica y –sobre todo– consensos nacionales sobre la política fiscal.

La manera de imaginar nuestro país hacia el futuro en términos económicos, políticos y sociales debe tener como imprescindible contrapartida el régimen fiscal adecuado a ese proyecto de nación. Dijimos recientemente (revista Envío enero-febrero 2009, No. 322-323), y hoy lo enfatizamos, que la expresión material y financiera del contrato social de los ciudadanos para alcanzar el bien común se encuentra primordialmente en la fiscalidad que debemos transformar.

La política fiscal, hija dilecta y parte medular de la política económica, es factor clave de gobernabilidad democrática. Es ahí donde reside la plataforma de lanzamiento de esa gran apuesta de la concertación, entendida como el proceso de diálogo cuyo fruto inminente será la toma de acuerdos nacionales que sobre política fiscal asume y compromete a la sociedad en su conjunto. El norte de las reformas tributarias resultará siempre del abrevadero de la concertación fiscal, en tanto declaración de principios de la hacienda pública que todos honraremos y respetaremos sin chistar.

La historia que debemos consultar

Esta iniciativa estratégica sobre el logro de consensos político-financieros en aras de la prosperidad social, expresada en compromisos fiscales de nación, es completamente nueva en Nicaragua, mas no así en otras latitudes. Veamos un primer ejemplo de largo alcance: ¿sabía usted que los Pactos de la Moncloa de 1977 –aquel hito monumental de la transición democrática tras la dictadura franquista que orgullosa exhibe la historia universal contemporánea– encontraron en lo fiscal el alma y nervio de ese ejemplar acuerdo político español?
Otra experiencia, incluso más cercana y reciente: el Pacto Fiscal de Guatemala, proceso tortuoso pero rico en lecciones y experiencias que los hermanos guatemaltecos forjaron a raíz de los Acuerdos de Paz del año 2000. ¿Dónde estuvo el quiebre estructural de ese meritorio y ejemplar esfuerzo de profunda concertación nacional? ¿Qué advertencias y consejos nos entrega el Pacto Fiscal de Guatemala a propósito de la inminente concertación que en breve iniciará el país?
Apoyados en historias como éstas, en marzo de 2009, desde el Instituto Nicaragüense de Investigaciones y Estudios Tributarios (Iniet) y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) realizaremos una jornada de amplia reflexión nacional que esperamos contribuya al logro de acuerdos estratégicos sobre nuestra política fiscal.

¿Teoría de académicos o necesidad de nación?

Hasta hoy, las reformas tributarias de las últimas décadas en Nicaragua nacieron esclavas de la obsesión recaudatoria, y poco ha importado la equidad y racionalidad del financiamiento público. ¿Por qué no intentamos ahora colocar los bueyes del pacto fiscal mucho antes de la carreta de acciones tributarias puntuales, obsoletas y –en ocasiones– hasta injustas o discriminatorias?
Permítanme extraer del formidable ensayo “Los Pactos de la Moncloa de 1977”, escrito por el eminente tributarista español José Félix Sanz, una reflexión de cierre que bien podríamos extrapolar en 2009 a los casos de la “Nicaragua pendiente” o de la “Centroamérica unida” en materia de pacto fiscal: “Mejorar una economía maltrecha arranca inexorablemente de un acuerdo previo, más o menos unánime, sobre cuáles son los males que la aquejan, algo aparentemente obvio pero que en muchas ocasiones deja de serlo cuando se salta a la arena política”.

Pero como el demonio suele aparecerse en los detalles y nunca en el discurso inaugural, es menester que antes de arrancar tengamos cuidado en la determinación de objetivos claros, efectiva participación democrática de toda la sociedad, una relativamente perfecta metodología del proceso de concertación, y por encima de todo: ¡metas concretas reflejadas en acuerdos de nación!
¿Continuará el Gobierno jugando con el tiempo y “peinando la culebra” sobre política fiscal, en circunstancias de una crisis global que no admite “reptil de pelos”? El desafío por el consenso político que sobre lo económico, y en particular sobre lo fiscal, exige a todos sin excepción la gobernabilidad democrática de Nicaragua, está a la vista. ¿Quién lo toma? ¿Quién lo deja?