Msc. Vilma Báez Valdez*
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Son palpables la cantidad de razones para el planteamiento firme y contundente de una reforma profunda al Sistema de la Integración Centroamericana. Las que son producto de una alargada crisis dada su debilitada institucionalidad, el alto grado de dispersidad jurídica, la falta de eficacia para garantizar un verdadero compromiso, el que no ha sido posible dada la  carencia de un equilibrio entre el carácter del sistema y los intereses gubernamentales que no obedecen al derecho comunitario. El planteamiento de las reformas se vienen presentando desde 1997, primero con una reforma limitada a la Corte Centroamericana de Justicia y al Parlacen, en el 2004 con la creación de una comisión "Ad Hoc" para atender algunos criterios sobre las reformas. En 2009, se pretendió  modernizar al Sistema para dar respuesta a las necesidades del mismo, en 2010 se realizó un relanzamiento al sistema que incluyó la seguridad democrática, la integración económica, social, la prevención y mitigación de desastres naturales, efectos del cambio climático y fortalecimiento institucional. En 2012 el énfasis de las reformas se colocó en la necesidad de alcanzar mayores cuotas de eficiencia, transparencia y participación, fortalecimiento, coordinación, racionalización y modernización de las instituciones; reformas correspondientes a garantizar la eficiencia, transparencia y participación equitativa en los mismos de todos los países miembros de SICA, comenzando por una nueva revisión del estado de cumplimiento de los mandatos presidenciales, en 2013, se aprobó una reforma, sobre los nombramientos de los cargos más altos de las secretarías, los que deberían ser por rotación entre los países miembros, así como el ordenamiento de los mandatos presidenciales, y la creación de un borrador de presupuesto único equitativo con ajuste de cuotas, entre otros aspectos.

Como producto de esas reformas se generaron avances importantes en la modernización del Sistema, especialmente en el seno de la SG-SICA, se crearon las direcciones de Planificación y de Seguridad Democrática, se impulsó el trabajo de la asesoría jurídica, se mejoró en la definición de normativas, en los mecanismos de seguimiento de los mandatos presidenciales, se activó el Consejo Fiscalizador Regional (CFR), se creó en Reglamento de toma de decisiones, entre otros muchos logros, lo que permitió mantener al sistema. Sin embargo es urgente que el sistema se enfoque en hacer mejor las cosas; a claras luces y durante pasa el tiempo tales reformas se hacen más que necesarias, y estas tienen que ser más profundas, y basarse en la definición de estrategias y procedimientos que permitan destacar al sistema, atendiendo de forma prioritaria, el carácter institucional del mismo entorno a políticas comunitarias, que se dé un respeto hacia las demás instancias y órganos del sistema, que la reunión de presidentes no asuma competencias que no le corresponden, que se reconozcan y respeten las competencias de la Corte Centroamericana de Justicia que trata de garantizar el cumplimiento del Derecho Comunitario, que el sistema cuente con mecanismos financieros estables para el ejercicio de sus diferentes funciones, y se garantice la participación representativa y equitativa de cada uno de los Estados en la estructura del sistema, así como es vital buscar un acercamiento con la sociedad civil que permita al proyecto integracionista estar al alcance de las sociedades centroamericanas.

En definitiva, el período 2016-2020 deber ofrecer resultados tangibles de forma inexcusable para las reformas. Pero el panorama no está claro, sigue faltando un posicionamiento fuerte por parte de los Estados, por tal razón hay que considerar tomar en serio y con responsabilidad la posición de la hermana República de Costa Rica ante tales reformas y apoyarle en ese sentido.

* Docente universitaria.