Ezequiel D’león Masís*
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El Gobierno Central promueve, con la Campaña “Vivir Limpio, Vivir Bonito”, algo llamado “modelo de responsabilidad compartida”: se trata de la integración de pobladores y autoridades en las mejoras del entorno urbano municipal. De acuerdo con esta política pública, toda planeación urbana debe dar respuestas a las particularidades de cada lugar.

En temas de urbanismo los problemas no son fáciles, pero tampoco imposibles de solucionarse. El arquitecto Rafael García afirma que “conocer las demandas reales y no confundirlas con las tensiones de la ciudad como tablero de negocio permite establecer opciones de equilibrio y eficiencia entre lo comercial y lo habitacional”.

La ciudad de Masaya tiene una densidad poblacional muy alta (704 habitantes por km, según AMUDEMAS). Está asentada en un valle que, desde tiempos precolombinos, es un eje de comercio con un sinnúmero de rubros. 

Alrededor del mercado municipal Ernesto Fernández ha venido prosperando de forma exponencial un vértigo comercial que ya ha avanzado hacia el centro de la ciudad e invadió zonas habitacionales. La Asociación de Pobladores del Reparto La Reforma presentó este año (2016) una petición administrativa ante el alcalde con el propósito de rescatar la zona del Boulevard de Héroes y Mártires, un área tomada por comerciantes emplazados ahí ilegalmente: un alarmante caos vial y ambiental con afectaciones a la seguridad pública.

Es complejo el tema de límites urbanísticos en Masaya. Es síntoma de algo que muchos nicaragüenses llevamos dentro: la “cultura del para mientras”, por la cual naturalizamos la instalación improvisada de negocios “temporales” que acaban determinando la fachada y los interiores de una ciudad. Solemos justificar esto argumentando: “lo mismo pasa en otros lugares”, “todos tenemos derecho a ganarnos la vida”. 

La petición administrativa presentada constituyó en sí una oportunidad positiva para la Alcaldía Municipal de Masaya, pues ha empezado a ejercer sus competencias para crear condiciones hacia la solución de este problema en cumplimiento del ya mencionado “modelo de responsabilidad compartida” y de los artículos 7, 16 y 39 de la Ley de Municipios, vigente desde 1988.

A tal efecto la alcaldía no solo reconoció legalmente al barrio organizado, también señalizó la zona, ha habido jornadas conjuntas de limpieza comunitaria, se despejó junto con la Policía Nacional a camiones que obstruían el tráfico vial ahí, se ha reforzado la seguridad de los parques y hay una comisión interinstitucional.

Como todo en la vida, esta experiencia es un proceso, requiere de seguimiento y compromisos. Falta por hacer, pero merece hacerse público un reconocimiento tanto a la Alcaldía de Masaya como a pobladores de La Reforma, porque ambas voluntades están en marcha, gracias a un proceso de diálogo, incidencia colaborativa y entendimiento.

Esta experiencia muestra que las políticas públicas son viables cuando hay una implicación real de pobladores y autoridades que asumen responsabilidad. No todo depende de la planeación urbana municipal ni de la coordinación interinstitucional, sino en gran medida también de la conciencia ciudadana ante la necesidad de superar viejos patrones culturales. 


* Abogado y artista multidisciplinario 
prolegal.asesoramiento@gmail.com