Jorge Eduardo Arellano
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CIUDAD DE MÉXICO
Poco antes de las elecciones estadounidenses de noviembre pasado, el entonces candidato a vicepresidente Joe Biden fue ampliamente criticado por predecir que, con casi total certeza, la administración Obama sería sometida a prueba por lo que dijo que sería una crisis internacional “generada”, muy a la manera como la Unión Soviética “probó” a John. F. Kennedy cuando asumió el cargo. Biden no apuntó a una región específica del mundo, pero mencionó el Oriente Próximo, el subcontinente indio y Rusia como las áreas problemáticas más probables.

Hayan sido poco atinadas o no en lo político, las angustias de Biden parecen haber dado cuenta de varias de las primeras decisiones de política exterior de la administración, como los gestos conciliatorios del propio Biden hacia Rusia en la reciente Conferencia de Seguridad de Munich, y el nombramiento de Richard Holbrooke por parte de Barack Obama como enviado especial para Pakistán y Afganistán, y el de George Mitchell en un puesto similar para Israel y Palestina.

Sin embargo, con todo lo urgente que puedan ser los problemas de Oriente Próximo, el sur de Asia y Rusia (así como Irán y Corea del Norte), otra crisis mucho más cercana a casa podría representar tantos peligros como un Irán nuclear, una Rusia con nuevos y agresivos bríos, o incluso un Pakistán dominado por los islamistas.

Esa crisis ocurre en México, que se encuentra en caída libre, con sus instituciones estatales amenazadas como no lo habían estado desde al menos la Guerra de los Cristeros a fines de los años 20, y posiblemente desde la Revolución Mexicana de 1910. Si bien es obvio que la administración Obama está consciente de lo que pasa al sur del Río Grande, la amenaza simplemente no llama la atención que exige su gravedad.

La crisis consiste en nada menos que un esfuerzo de los principales carteles de la droga por poner de rodillas al estado mexicano, y no sólo a la franja fronteriza con los Estados Unidos, aunque allí está el epicentro de la crisis. Sin embargo, a través de una política del terror que se extiende desde Oaxaca en el sur hasta Acapulco en costa del Pacífico y las grandes ciudades fronterizas de Tijuana y Juárez (sexta y séptima ciudades más pobladas de México, respectivamente), han dejado muy claro que están intentando lograr la impunidad.

El único paralelo reciente en América Latina fue un intento similar hace quince años por parte de los carteles colombianos de la droga. Ese golpe encubierto fracasó –apenas- y no hay garantías de que el resultado sea similar esta vez en México.

Periodistas con larga experiencia en zonas de guerra afirman haber estado más preocupados de su seguridad en la frontera mexicana que en Bosnia, Afganistán o Irak, aunque gran parte de la violencia se centre en luchas intestinas. De las miles de personas que han sido asesinadas, con frecuenta tras haber sido horriblemente torturadas, la mayoría –si no todas- han sido miembros de los carteles de la droga y sus familias.

Sin embargo, la campaña de asesinato selectivo de cualquier autoridad mexicana que parezca representar una amenaza seria a los carteles del narcotráfico es lo que hace tan grave esta crisis. Primeramente, en mayo de 2007 los carteles asesinaron a José Nemesio Lugo Félix, coordinador general de información del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia. Poco tiempo después, un sicario asesinó a Edgar Milán Gómez, la autoridad policial de mayor rango en México.

En noviembre de 2008, un avión en el que viajaba Juan Camilo Mouriño, Secretario de Gobernación de México, se estrelló en misteriosas circunstancias. Y hace muy poco, el General retirado Mauro Enrique Tello Quiñones, uno de los oficiales más condecorados del ejército mexicano, fue secuestrado, torturado y asesinado menos de una semana después de asumir un nuevo cargo como jefe antidrogas de la ciudad balneario de Cancún.

A pesar de todo lo que se suele decir de la boca para afuera en cuanto a las relaciones con México (y, de hecho, con América Latina en términos más generales) desde los tiempos de Franklin D. Roosevelt a Obama, la verdad es que lo que ocurre en México siempre ha tenido poca incidencia en los presidentes estadounidenses. No hay duda de que la inmigración ilegal es un problema importante, así como el narcotráfico, pero el gobierno estadounidense siempre los ha considerado como problemas más bien nacionales que como preocupaciones esenciales de su política exterior.

No deja de ser emblemático el que, si bien Obama ya ha recibido al Presidente mexicano Felipe Calderón, sólo hace poco la Casa Blanca haya anunciado que su primer viaje al extranjero será a México. Y a la nueva Secretaria de Estado Hillary Clinton no se le preguntó casi nada acerca de México en su audiencia de confirmación, y que ella no haya puesto énfasis en sus relaciones con el vecino del sur en su propia declaración ni en las que ha hecho tras asumir el cargo.

De hecho, en los Estados Unidos se parte del supuesto que la política de México acerca de la inmigración ilegal y las drogas será prerrogativa de la nueva secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano (que fue gobernadora de un estado fronterizo). Mientras tanto, los departamentos del Tesoro y Comercio manejarán la política comercial acerca del Acuerdo Norteamericano de Libre Comercio.

Ésta es la manera en que, por décadas, se ha manejado la relación con México. Y, con todo lo ofensivas que hayan sido para las susceptibilidades mexicanas -y dañinas para encontrar soluciones de largo plazo al dilema de la inmigración hacia el país del norte- estas actitudes complacientes nunca habían significado un peligro tan claro y acuciante como el que representan en la actualidad.

David Rieff es autor de At the Point of a Gun: Democratic Dreams and Armed Intervention. Su libro más reciente, Swimming in a Sea of Death: A Son’s Memoir, trata acerca de su madre, la novelista y crítica Susan Sontag.

Copyright: Project Syndicate, 2009.

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