Jorge Eduardo Arellano
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“El camión cisterna se volcó y de inmediato se prendió. La muerte del conductor fue prácticamente instantánea”, dijo un experto del cuerpo de bomberos cuando era entrevistado por un medio de comunicación local. Los vecinos del lugar aseguran que el conductor del camión aún estaba con vida y que durante varios minutos intentó desesperadamente que alguien viera las luces intermitentes y acudiera en su ayuda. “Ni la Policía ni los bomberos nos permitieron pasar, el hombre aún estaba vivo y lo dejaron morir”, exclamaba un solidario ciudadano.

Es un caso lamentable, la realidad concreta nos obliga a preguntarnos si en un suceso como éste existe obligación legal de socorrer y, por ende, responsabilidad penal por incumplir tal deber. Es decir, si los ciudadanos estaban obligados a auxiliar y las autoridades tenían el deber de permitirlo, o si más bien eran los propios bomberos y policías quienes debían prestar el socorro necesario. Desde otra óptica de análisis, conviene preguntarse si la obligación legal es para todos los casos, con independencia del riesgo que se tenga que correr, o si en algunas circunstancias el deber se vuelve inexigible por las propias normas del Derecho.

Aunque ayudar al necesitado ha sido siempre un principio más o menos compartido por nuestro entorno social, con el Código Penal de julio de 2008, éste se ha convertido en un imperativo legal. No prestar socorro a una persona desamparada cuando se encuentra en grave peligro la vida, la integridad y la propia libertad, constituye un hecho delictivo castigado por el artículo 160 del Código penal.

La norma va dirigida a los ciudadanos en general y se castiga con multa. Pero cuando la conducta es de autoridades, funcionarios o profesionales sobre los que recae un nivel mayor de exigibilidad, así el caso de los bomberos, los socorristas, los policías o los médicos, el hecho, conforme lo señalado por el artículo 23 del Código Penal, puede convertirse en un delito de homicidio en comisión por omisión, castigado con una pena que puede llegar hasta los quince años de prisión.

En primer lugar, ha de tratarse de un peligro manifiesto y grave para la vida o la salud de las personas. En otras palabras, que la situación de peligro sufrida por la víctima debe ser ostensible al exterior de forma tal que pueda ser captada por cualquiera como un peligro grave, no basta entonces una mera molestia respiratoria o una caída de la que nos incorporamos con facilidad. Para que surja el deber de socorrer es necesario que el sujeto sufra un peligro de tal entidad como el derivado de un accidente de tránsito, de un disparo con arma de fuego, de un paro cardíaco y, por supuesto, del que resulta de estar atrapado en la cabina de un camión cisterna a punto de explotar.

En segundo lugar, la persona necesitada de auxilio ha de ser una persona desamparada. Por tal ha de considerarse a todo aquel que sufre un peligro grave para la vida o su integridad, y no tiene a nadie que eficazmente le preste el auxilio necesario para solventar la situación. Si existen otras personas que ya están prestando auxilio, el deber de socorrer desaparece respecto de los demás, pero subsiste si el auxilio es insuficiente o si existe un tercero mayormente capacitado para prestarlo. No cabe ninguna duda de que el conductor del camión estaba desamparado.

En tercer lugar, el auxilio demandado por la ley con carácter obligatorio ha de ser posible sin que por ello se corra un riesgo significativo de carácter personal. Esta situación de exclusión de la responsabilidad deviene de la máxima jurídica de que “el Derecho no puede exigir comportamientos heroicos”. El derecho no puede exigirle a un sujeto que salve a otro que se ahoga cuando no sabe nadar siquiera. Tampoco podrá exigirle que rescate a un compañero que ha perdido una pierna al caer en campo minado en tanto él podría ser el siguiente. Y en el caso que nos ocupa el Derecho no puede exigirle a nadie, ni siquiera a los policías y bomberos, que rescataran a alguien cuando la acción salvadora representaba un peligro para todos los presentes. Aunque el conductor no hubiera muerto todavía, el derecho no podía exigir una acción de salvamento. En situaciones como esta es que se añoran los héroes.

*Profesor de Derecho Penal UCA

Doctor en Derecho Penal por la Universidad de Alcalá, España