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Pese al intenso plan intimidatorio que se inició inmediatamente después de la insólita convocatoria que el propio presidente de la República hizo a las bases orteguistas para que se manifestaran el sábado 28 de febrero, dizque para dar inicio a las conmemoraciones del treinta aniversario de la Revolución, las marchas ciudadanas azul y blanco, en ocho ciudades del país, convocadas por la Unión Ciudadana por la Democracia (UCD), fueron todo un éxito, imponiéndose el civismo al acoso de las turbas orteguistas.

La intimidación fue más intensa la tarde del día anterior a las marchas, cuando simpatizantes del orteguismo se tomaron las rotondas de Managua y grupos de encapuchados armados con morteros se dieron a la tarea de recorrer las principales calles de Managua, León y Chinandega, tratando de infundir terror a la ciudadanía para hacerla desistir de su propósito de manifestarse pública y pacíficamente, en ejercicio del derecho que le garantiza el artículo 54 de la Constitución Política de la República.

El plan intimidatorio fracasó. La ciudadanía se armó de valor cívico, y demostrando no tenerle miedo a los grupos violentos del orteguismo, se hizo presente en los puntos de concentración señalados.

Ante este primer fracaso, el orteguismo pasó a la agresión, siendo Managua, León y Chinandega los lugares donde ésta fue más violenta, sin que eso signifique que no se dieron también, aunque en menor escala, en Juigalpa y Jinotega.

Pero la violencia orteguista también fracasó. En León no pudieron impedir la concentración en la plaza de San Juan ni la marcha de Chinandega. En Managua, el fracaso fue aun mayor. La marcha azul y blanco de los managuas alcanzó todos sus objetivos: llegó hasta la Asamblea Nacional, se leyó la “Proclama Azul y Blanco contra el fraude, la dictadura y el hambre” y se hizo entrega a un grupo de diputados del PLI y del MRS de las 130.000 firmas de ciudadanos que reclaman el cotejo de las actas de las elecciones del 9 de noviembre pasado.

El haber recurrido a la violencia es, de por sí, un signo de debilidad. También puso en evidencia la vocación autoritaria y totalitaria del actual gobierno, que lanzó sus turbas en contra de marchas cívicas y pacíficas de ciudadanos, tratando de impedir el ejercicio de un derecho humano, contemplado en los Pactos Internacionales sobre los Derechos Civiles y Políticos que Nicaragua tiene suscritos, en el contexto del Sistema de las Naciones Unidas, y garantizado por la Constitución Política de la República.

De esta manera, el gobierno, por su propia voluntad, dañó aún más su imagen ante la opinión pública internacional, que de ninguna manera puede ver con buenos ojos que en Nicaragua se trate de desconocer, recurriendo a la intimidación y la violencia, el derecho a manifestarse pública y pacíficamente. Es realmente increíble que este gobierno, que sabe perfectamente que necesita la cooperación internacional para superar el déficit del presupuesto de este año, esté haciendo todo lo posible, con sus desaciertos, por alejar esa cooperación, que tanta falta le hace al pueblo de Nicaragua.

Podemos, entonces, afirmar que el civismo derrotó a la violencia y demostró que sin más armas en las manos que la bandera azul y blanco de la Patria, es posible movilizar a la ciudadanía sin temor, por una causa justa, como es denunciar el fraude, recuperar el derecho a manifestarse pacíficamente por las calles de nuestras ciudades y denunciar la dictadura, el desempleo y el hambre.

Concluimos este artículo reproduciendo las cuatro demandas de la Proclama Azul y Blanco: “1. Demandamos al Estado de Nicaragua la destitución inmediata de los Magistrados del Consejo Supremo Electoral que realizaron el fraude de las elecciones de noviembre de 2009 y su reemplazo por personas idóneas e independientes partidariamente; 2. exigimos al Estado de Nicaragua el respeto sin condiciones de la libertad de expresión, de la libertad de asociación, del derecho a elegir y ser electo y en general de todos los derechos políticos que la Constitución y los derechos humanos nos garantizan a todos y todas; 3. Enfatizamos que la gobernabilidad, la estabilidad política del país y la legitimidad del Estado de Nicaragua solamente será posible restableciendo la voluntad popular expresada en las elecciones del 9 de noviembre; 4. Responsabilizamos al gobierno y en particular al Presidente Ortega por el deterioro acelerado de las condiciones de vida de los nicaragüenses, del aumento de la pobreza y de la desesperanza”.