Martha Guadalupe Romero
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La incansable lucha de las mujeres y sus organizaciones ha logrado avances en la equiparación de los derechos, sin embargo, la situación de las mujeres en Centroamérica sigue siendo precaria. Igualdad de oportunidades, discriminación de género, racismo, explotación sexual, violencia intrafamiliar, equidad laboral, asesinatos contra mujeres (femicidio) y acceso a la justicia, son, entre otros, aspectos que siguen pendientes para que las mujeres puedan ser consideradas ciudadanas de pleno derecho.

Centroamérica tiene aproximadamente 38 millones de habitantes, de los cuales 20 millones son mujeres. Según un informe de la Cepal de 2008, en la región, una de cada cuatro personas vive en un hogar jefeado por mujeres. Con excepción de Costa Rica (2.3), las mujeres del istmo tienen un promedio de 5.6 dependientes. El Salvador, Guatemala y Honduras exhiben avances en los hogares con jefatura femenina. Se comprobó que la desigualdad en los hogares encabezados por hombres es claramente mayor que la de los encabezados por mujeres.

Es ampliamente conocido que mientras las mujeres no tengan acceso a la educación, a la salud y no se integren activamente en el mundo laboral, los objetivos de desarrollo no podrán alcanzarse. Además, persiste el elemento cultural del machismo en relación con el cuido de la familia y la realización de oficios domésticos, impuesto a las mujeres. Éste las mantiene en el ámbito privado y en consecuencia lejos de la vida política, de un empleo remunerado y fuera de la educación formal.

El empleo es una de las áreas en las que persisten las más fuertes brechas de género, que se manifiestan en peores remuneraciones, bajos retornos a la educación y predominio del trabajo informal y de baja productividad (Naciones Unidas, 2007). Sólo un 5% de las trabajadoras tienen acceso a seguridad social. Según la OIT, las mujeres representan 2/3 de las horas trabajadas, pero sólo se les reconoce 1/3. Se estima que la pobreza en la región aumentaría en más de 10% sin el trabajo remunerado de las mujeres.

Las acciones afirmativas son medidas necesarias en el proceso de equiparación de los derechos de las mujeres, en tanto brindan ventajas temporales para que las mujeres accedan a espacios que tradicionalmente se asignan a hombres. Lo usual es asegurar un porcentaje a las mujeres. Por ejemplo, en el tema de participación política, los partidos políticos deben establecer cuotas que aseguren a las mujeres en puestos ganadores de los listados electorales, donde usualmente las usan para rellenar espacios.

Más allá de las acciones afirmativas es necesario fortalecer la institucionalidad de las mujeres. Centroamérica se inserta lentamente en este proceso, mediante varias acciones: Firma y ratificación de convenios internacionales como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw) y su Protocolo Facultativo; legislación nacional pertinente y reformas a normas penales, laborales, civiles y municipales; creación de Institutos de la Mujer, elaboración de políticas públicas y planes de acción, acompañadas por presupuestos adecuados para su implementación.

Por otro lado, el municipio es el espacio institucional más cercano a las necesidades de la gente, especialmente de las mujeres que viven en áreas rurales lejanas y que por su condición de pobreza no tienen acceso a servicios básicos. Por ejemplo, un alto porcentaje de mujeres del área rural en Centroamérica no poseen cédula de identidad y por lo tanto no existen legalmente. Debido a la falta de información con enfoque de género, no hay un dato preciso sobre el porcentaje de mujeres que no poseen la cédula, pero se estima que podría ser el 50%.

En el marco de procesos de descentralización y fortalecimientos municipales, se ha avanzado en la creación de Comisiones de la Mujer en los Concejos Municipales –nivel de decisión- y de Oficinas Municipales de la Mujer, como un mecanismo de incidencia y apoyo técnico respectivamente, a fin de que las necesidades prácticas y los intereses estratégicos de las mujeres sean incluidos en la elaboración, implementación y evaluación de los planes de desarrollo municipal. Estas instancias del nivel local, -como entes autónomos-, coordinan con las instancias centrales, en beneficio de las mujeres de los municipios. Guatemala, Honduras y Costa Rica son actualmente los países con mayor número de Comisiones y Oficinas Municipales de la Mujer.

Voluntad política, organización social, adecuación de normas, planificación con enfoque de género, políticas públicas consensuadas y especialmente la asignación de presupuestos suficientes, son elementos indisolubles en la construcción de la institucionalidad de las mujeres y en consecuencia del desarrollo.

Trascender el discurso a la acción, visibilizar a las mujeres y darles el lugar que les corresponde como protagonistas de la historia moderna de nuestros países es una necesidad urgente.


matiguas@hotmail.com