Theódulo Báez Cortés
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El artículo 102 (numeral 1) del Código Tributario (CTr) estipula dentro de los deberes generales de todo contribuyente y responsable ante la Administración Tributaria "presentar las declaraciones a las que por disposiciones de la ley estuvieren obligados, en los plazos y formas de ley”. De lo anterior se desprende la responsabilidad de presentar declaraciones, en tanto el contribuyente o responsable posea obligaciones tributarias activas ante la DGI.

Por su parte, el artículo 117 (numeral 3) del CTr establece dentro de las infracciones tributarias “la omisión de presentar declaración o presentarla tardíamente”. En este sentido, el artículo 134 segundo párrafo del CTr expone: “Incurre en presentación tardía, cuando lo hiciere fuera de los plazos determinados por las leyes o reglamentos respectivos”. Asimismo, el tercer párrafo del artículo 134 de manera expresa prescribe “La declaración incompleta o errónea, la omisión de anexos a la declaración o la presentación incompleta de estos… será sancionada administrativamente…”. Estas se constituyen en multas por la infracción administrativa de obligaciones formales, según el artículo 127 del CTr.

Desde esta perspectiva, se ha planteado que la simple presentación tardía de declaraciones ante la DGI constituye una infracción administrativa sujeta a multas. No obstante, debemos remitirnos al artículo 116 del CTr, el cual define claramente infracción administrativa tributaria como “toda acción u omisión del cumplimiento de los deberes sustanciales del contribuyente que provoca un perjuicio al fisco y que implica violación de leyes y reglamentos tributarios”.

Como podemos ver, la conceptualización de infracción administrativa tributaria destaca los elementos de “perjuicio pecuniario al fisco” y “violación de leyes y reglamentos tributarios”. Al presentar una declaración tardíamente pero en cero o con saldos a favor, (o sea sin ninguna cantidad económica a pagar), no existe perjuicio pecuniario al fisco aun cuando se incumpla el deber formal de presentarla en el plazo indicado en la Ley de Concertación Tributaria. 

En conclusión, el artículo 116 del CTr (para cuya aplicación debemos referirnos a la literalidad de lo expuesto en el mismo, según lo dispuesto en el artículo XVI del Título Preliminar del Código Civil de Nicaragua), es claro respecto a la inexistencia de sanción pecuniaria, a pesar de existir alguna violación de leyes y reglamentos tributarios, sino existe perjuicio económico al Fisco. Por tanto, la imposición de multas es improcedente e inaplicable en estos casos, en tanto la Administración Tributaria no demuestre que tales declaraciones debieron presentarse con saldos a pagar. 

Para finalizar, los criterios expuestos anteriormente han sido ratificados por el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo (TATA) a través de la Resolución Número 78-2007, la cual puede consultarse en la página web www.tta.gob.ni 

* Especialista en temas tributarios.