Adolfo Miranda Sáenz
  •   Managua, Nicaragua  |
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Voy a contarles una historia real que es un ejemplo de lo que está sucediendo con frecuencia suficiente para ameritar acciones correctivas urgentes de las máximas autoridades del INE y de las instancias superiores del Gobierno. Así como también de una rectificación de la empresa distribuidora de energía, el consorcio español TSK-Melfosur dueño del 84% de Disnorte-Dissur, siendo el otro 16% del Estado. Esta historia es una entre otras que se dan afectando al inversionista, al empresario privado y el desarrollo del país, pasando por encima de nuestra legislación y del ente regulador, por lo que deberían reaccionar también instituciones como Pro-Nicaragua y organizaciones como el Cosep, Cámaras de Industria, de Comercio, de Construcción, de Turismo y Amcham. Esta es una historia real (los nombres propios y detalles puedo darlos con gusto a las autoridades y organizaciones):

Un empresario inversionista construyó en Managua un edificio comercial y solicitó a Disnorte su energización. Disnorte respondió diciéndole que por estar a más de 150 metros del punto de la red de distribución, en base a la Normativa del Servicio Eléctrico (NSE 4.3.1) el propietario debía aportar los materiales y realizar los trabajos que Disnorte requiriera y aprobara para energizar el edificio, lo cual le sería reembolsado después de 18 meses según la misma normativa (NSE 4.3.2). Asimismo se le informó que Disnorte calculaba la obra en determinada suma reembolsable. El empresario inversionista aceptó y realizó la obra según diseño previamente aprobado por Disnorte. Al finalizar los trabajos, Disnorte los recibió a satisfacción mediante un “Acta de verificación final de la obra” y conectó la energía. 

Después de transcurridos los 18 meses, y estando plenamente solvente con Disnorte-Dissur, el propietario solicitó el pago de la suma reembolsable por la cantidad calculada de previo por Disnorte. Aunque había gastado mucho más se limitó a cobrar la suma calculada por la empresa distribuidora. Pero Disnorte-Dissur no respondió nunca a varias gestiones de cobro. Pasados dos años el empresario inversionista sigue recibiendo como respuesta el silencio absoluto y la negativa de ser recibido por algún funcionario del área comercial correspondiente en Disnorte-Dissur, sin ninguna explicación. 

De conformidad a la NSE 7.2.1, 7.2.2 y 7.23 interpuso su recurso de reclamo correspondiente sin respuesta alguna en dos instancias, por lo que recurrió de apelación ante el INE en base a la NSE 7.7.5. Entre los alegatos del propietario está el derecho que le asiste según lo arriba relatado, además de haberse producido el “silencio administrativo” a su favor. El INE resolvió mandando a Disnorte pagar al propietario la suma debida como reembolso, más intereses y mantenimiento de valor, dándole 15 días hábiles para informarle al INE su cumplimiento. Pero lo más grave es que a pesar de la resolución del INE, Disnorte no le paga al propietario ni lo recibe ni le responde nada; no cumplieron informando al INE y tampoco apelaron. Simplemente ignoraron la resolución del INE pasando por encima de la ley y desacatando campantemente al ente regulador. 

Alguien le dijo al empresario que Disnorte-Dissur ha venido considerando que hay un vacío en la NSE en cuanto al plazo para pagar y creen que pueden pagar hasta cuando quieran y cómo quieran, incluso “ad infinitum”; pero el Código Civil es claro al establecer que si una obligación no tiene plazo se debe entender que su cumplimiento debe ser de inmediato (Artículo 1900 C). En todo caso, hay una resolución que deben cumplir. El INE –además- recibió este caso vía denuncia contra Disnorte, también sin resultado. Ante situaciones como estas hay gente que especula, rumora, hace conjeturas que a nadie benefician y dañan al país. ¿Para qué exponerse innecesariamente? Ojalá que haya pronto reacciones positivas ante esta crítica fundamentada. 

Abogado, periodista y escritor
adolfomiranda09@gmail.com