Eddy Zepeda Cruz
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Sin querer pretender tener la varita mágica o la bola de cristal para entender la posible causa del problema recientemente salido a la luz pública relacionado al sector de personas con discapacidad, merece un minuto de atención indagar, puesto que lo discutido es consecuencia o secuela del manejo inapropiado de una problemática permanente: Quién debe rectorar o coordinar la atención a personas con discapacidad.

En este país entre 10.5% y 12%, es decir, más de 600,000 habitantes de ambos sexos y de diferentes edades tienen diferentes tipos de discapacidades (evitando el eufemismo de capacidades diferentes: físicas, motoras, sensoriales o mentales). 

La Constitución de la República, ley máxima, menciona en sus articulados al responsable de los derechos universales para los ciudadanos: El Estado, y entre esos derechos se encuentra la salud. El resto de actores son necesarios para que funcione una sociedad armónicamente: El sector privado, las familias y comunidad y toda forma de Asociación humana. Es esta premisa la que define que en la estrategia de abordaje de cada problemática particular es imprescindible que se integren con voz y voto a los afectados directa e indirectamente en cada situación particular. 

La experiencia de más de 30 años en nuestro país definió la forma de trabajo conjunto para enfrentar de manera participativa e integral la prevención, rehabilitación, inclusión e inserción socio laboral de este sector. La Ley 202 promulgada en 1995, reformada en 2010 (Ley 763) se parte de la conformación de Consejos Nacionales, Regionales, Departamentales y Municipales para la aplicación de lo reglamentado. Teoría pura hasta hoy. Buenas y nobles intenciones.

Dicha estructura organizativa incluye la existencia de dos tipos de organizaciones para  desarrollar el trabajo: Organizaciones de y organizaciones para.  Las primeras las integran las propias personas afectadas con algún tipo de discapacidad y las segundas, personas que tienen disposición de colaborar y fortalecer el trabajo (personas naturales o jurídicas: Fundaciones, Asociaciones, las ONG, etc.). Proporcionalmente, un 80% deben ser de (Discapacitados) y un 20% para (voluntarios o asalariados, con capacidad gerencial para fortalecer la organización). La evidencia ha venido demostrando que quienes más se han beneficiado de los financiamientos han sido los del segundo grupo. 

La cooperación internacional (pueblos y Gobiernos) ha venido destinando fondos para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad (Unión Europea, USA, Asia), estableciendo sus mecanismos de control para el mejor aprovechamiento de dichos recursos, validados siempre por los representantes del Gobierno nacional y socios locales. Sin embargo, la distorsión en el manejo y transparencia de los fondos se produce desde el mismo origen de los fondos y sobre la marcha. Un ejercicio de trazabilidad puede detectar los sitios donde se contamina el proceso. Delegados, representantes, gerentes, responsables a cada nivel (continente, región, país, organización). Analogía del ciclo epidemiológico, de compararlo con los procesos de enfermedad.  

Un componente que suena a muletilla dentro de los proyectos de cooperación es el de fortalecimiento institucional, es decir, la capacidad que debe procurarse en cada organización beneficiaria para ser autogestores de los procesos y no depender de recursos externos (financieros y humanos) para sistematizar y continuar eficientemente las acciones. Dicho objetivo no se cumple, al representar la posibilidad de independencia de los generosos benefactores, siendo innecesaria su presencia en la zona. No les conviene. Urge la dependencia siempre. Parte del bussines.

Ejemplo de proyectos exitosos son los que se manejan con criterios de mercado o negocios, más que con características sociales puras. No son proyectos de beneficencia suelen decir. Reales llaman reales, en su burdo lenguaje.

Transformar iniciativas sociales en comerciales ha sido otra distorsión en lo referido a proyectos en Nicaragua. Clínicas, hospitales, asociaciones, fundaciones, iniciativas nacidas como sin fines de lucro, que al final terminan siendo verdaderos negocios familiares o de grupos selectivos. 

La Ley de Organizaciones sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación debe aplicarse de manera efectiva y sin justificaciones.
* Médico