Juan Manuel Sánchez Ramírez
  • Managua, Nicaragua |
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Revertir el alto costo social en la convivencia armónica y el desarrollo de los nicaragüenses que transitan en nuestro país, es lo que resultaría de una reforma audaz del marco legal que fortalezca la seguridad vial en Nicaragua. Los accidentes de tránsito se han convertido en un grave problema de salud pública.

Pareciera que hemos llegado a la cima de una crisis. Solo en los primeros meses del año 2017 se registran en promedio dos muertes por día, 160 accidentes de tránsito por día y 7 personas lesionadas por día. Estas cifras ubican a los accidentes entre las primeras causas de muerte, llegando casi al nivel de las enfermedades cardiovasculares, los tumores malignos y las complicaciones de la diabetes mellitus.

La reacción a esta situación normalmente ha estado enfocada en campañas de concientización a nivel general y de las escuelas, y en la ejecución de operativos por la Policía Nacional a los conductores nicaragüenses. Hay muchas acciones ligadas a responsabilidad social empresarial y en alianza con públicas privadas. Sin embargo, es muy débil la calidad de la normativa y de los mecanismos para la supervisión y control del transporte público, y casi inexistente una cultura de movilidad segura a nivel de las empresas, organizaciones y ciudadanos en general.

Según cifras de estudios elaborados por la Fundación Mapfre, uno de cada 275 trabajadores se ve inmerso cada año en un accidente laboral; y uno de cada 7 trabajadores se verá afectado por un accidente de tránsito en su vida laboral; así mismo, el 32% de los accidentes laborales de una empresa sucede en la calle. Como vemos, no solo es un tema social que afecta a otros, sino que también afecta al capital humano de las empresas.

¿Qué podríamos hacer desde la empresa privada? Primero, cada empresa debería de evaluar sus riesgos en términos de seguridad vial según el giro del negocio, y con base en ello, establecer su plan de movilidad segura con las medidas adecuadas para minimizarlos. Y segundo, la formación de sus empleados y colaboradores es primordial, actualizándolos sobre las normas de tránsito, así como, asegurando el desarrollo de competencias laborales en movilidad motorizada y seguridad vial en general. Esto se convierte en un nicho de oportunidad para los centros educativos.

En el caso de empresas que están dedicadas en un cien por ciento al servicio de transporte, de carga y de pasajeros, incluyendo los dedicados al turismo y los taxis, debería ser obligatorio certificarse según la norma ISO 39001, sobre gestión de la seguridad vial laboral.

El objetivo de esta certificación es el de reducir los accidentes de tráfico, promoviendo prácticas para generar entornos más seguros y saludables, garantizando así el derecho de las personas a la protección de su salud e integridad. Además, también se tiene en cuenta el impacto de la movilidad sobre el medio ambiente y la importancia de hacer un uso más eficiente de los recursos mediante la implantación de formas de desplazamiento sostenible.

Implementar estos planes de movilidad segura, o certificarse bajo la norma ISO, son medidas firmes y sostenibles para la reducción de los riesgos de accidente, que resultarán en una mejor actitud y compromiso de los trabajadores hacia su labor y su empresa. Nada más agradable que saber que trabajo en una empresa que se ocupa de mi seguridad como trabajador. En adición, la empresa también obtendrá otros beneficios como: rebajas en las primas de seguros, reducción en los costes de operación de las flotas, y un uso más efectivo de los vehículos.

Movernos seguros es una responsabilidad que todos compartimos, no solo de las autoridades, y de las empresas, o las organizaciones, sino que cada nicaragüense debe comprometerse a ejercer su rol de conductor con responsabilidad: dar prioridad al peatón, usar casco al viajar en moto, respetar las velocidades permitidas, evitar el uso del celular al conducir, no conducir si toma alcohol, entre otras. Si todos juntos cumplimos nuestra parte, en los próximos años, 9 de cada 10 accidentes pueden ser evitados, y en todos ellos sus efectos adversos puedan ser atenuados ¿Qué esperas para hacer tu parte?

* Abogado, Especialista en Políticas Públicas
y Desarrollo de Cadenas de Valor