Carlos Guillermo Muñiz Bermúdez*
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En los últimos días, se ha reactivado en nuestro país una discusión de mucha altura y esperanza sobre la institucionalidad y la ética. Digo reactivado, porque este tema ha estado siempre latente dado el continuo deterioro institucional del país, ya de por sí históricamente muy débil.

Está ampliamente demostrado que la institucionalidad es crucial para el bienestar de los países y sus ciudadanos. Esta consiste, entre otros, en el respeto e igualdad ante la ley para todos; la ética, concepto de servicio público y rendimiento de cuentas de los funcionarios públicos; balance de poder entre las instituciones del Estado para que velen por el cumplimento de las leyes y la Constitución; y procedimientos transparentes que garanticen una verdadera democracia, comenzando por las elecciones.

Pero en la lucha diaria por sobrevivir y proteger a su familia del hambre y de las enfermedades, muchos nicaragüenses no tienen tiempo para valorar el daño que les hace la falta de institucionalidad y la corrupción a sus sueldos y empleo, y a la educación, salud y el porvenir de sus hijos. Ya no digamos a su seguridad, ante los abusos y las arbitrariedades del poder. Recalcar esto es una tarea pendiente de las instituciones que velan por estos temas.

Es por esto que quiero referirme a un reportaje de Confidencial, del 9 de agosto del 2017, donde profesionales y empresarios de gran prestigio opinan sobre el tema y sobre a quién corresponde lidiar con los problemas de institucionalidad del país.

El reportaje comienza refiriéndose a un llamado del presidente de Funides a promover un pacto social anticorrupción en las cámaras gremiales y fortalecer (mi punto anterior) una conciencia anticorrupción en la población. Este llamado es consistente con una larga tradición de Funides que observa lo que recomienda, ya que desde hace años tiene a lo interno un código de ética y, tan importante, procedimientos para asegurar su cumplimiento.

Este es un llamado que ojalá se logre. El terreno está sembrado. Salvo uno, todos los miembros presentes del sector privado indicaron que sus gremios y empresas, o ya tenían un código de conducta codificado o en la práctica lo ejercían y/o lo están codificando. Esto es muy bueno, pero lo importante sería un pacto social que se cumpla y sirva de ejemplo a la población.

Aparte de esta actitud positiva, me preocupa ver en el reportaje la discusión referente a quién corresponde lidiar con el problema de falta de institucionalidad y de ética: si a los empresarios o a los políticos.

Creo que este no debe ser el enfoque. El problema es nacional y nos afecta a todos los nicaragüenses, aunque en el corto plazo no lo parezca, y en particular a los más vulnerables. Estamos en el mismo barco y todos tenemos que contribuir a su solución. Cada uno, a su manera y dentro de sus posibilidades y responsabilidades.

Instituciones como Funides y similares deben continuar documentando profesionalmente el problema y sus implicaciones, para el bienestar del país. También recordar los altos y bajos de nuestra historia desde 1821 con sus altos costos humanos, económicos y sociales, como lo documentó el mismo Funides en septiembre del 2011 en el estudio del Dr. José Luis Velásquez “Institucionalidad para el Desarrollo”.

La empresa privada debe continuar insistiendo en la necesidad de fortalecer nuestra institucionalidad, indicando que en su ausencia tanto la economía como el país serán perjudicados tarde o temprano, particularmente los más vulnerables, como nos enseña la historia.

La mayoría de la población que experimenta a diario el subempleo, los bajos sueldos, la falta de transporte y servicios públicos adecuados y las arbitrariedades, debería reclamar sus derechos pacíficamente.

Los partidos políticos deberían fortalecerse y asumir sus funciones, con propuestas claras de cómo resolver los problemas institucionales, económicos y sociales del país. Solo así podrán ser opciones viables y atraer a la población. Inclusive, lo que queda del FSLN podría recordar y meditar para qué lucharon.

Finalmente, pero aún más importante dada la realidad del país, los grupos que lideran el Gobierno y los otros Poderes del Estado, que son los mayores responsables de su deterioro institucional, son paradójicamente los que tienen en el corto plazo la mayor responsabilidad y la posibilidad de revertirlo. De esta forma estarían cumpliendo con su juramento y obligación de velar por el bienestar de los nicaragüenses y cumplir con las leyes. Ojalá lo entiendan a tiempo.

Nuestros hijos y nietos deberían vivir en una Nicaragua más próspera y justa.
 
* El autor es nicaragüense y director honorario de Funides. Sus opiniones son personales.