Bayardo Altamirano
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La confrontación entre España y Cataluña frente al referéndum por la independencia  que las autoridades de Barcelona se empeñan en llevar a cabo a pesar de la criminalización de la consulta por las autoridades madrileñas, se ha metido en un callejón sin salida. Crece el encono entre sus posiciones.

El gobierno de  Rajoy ha capturado y sancionado supuestamente de manera legal a diversos funcionarios catalanes. Criminalizan todo lo relacionado con el referendo, en la esperanza ilusa de amedrentar a los independentistas y hacerlos desistir de su propósito. Tal política, lejos de disuadir los afanes separatistas, los ha fortalecido y en buena medida, legitimado. El brutal autoritarismo, la cerrazón y el espíritu totalmente antidemocrático con que Rajoy se ha comportado ante el proceso independentista son nuevos argumentos para quienes desean una Cataluña soberana al margen del Estado español.

Es cierto que los partidos con mayoría en el Parlamento de Barcelona, trazaron una ruta política poco realista hacia la independencia, pero ello se explica en buena medida ante la negativa de Madrid a negociar y discutir, los principios constitucionales que cierran la puerta a una reconfiguración federal de España y más aún al reconocimiento del derecho de autodeterminación que asiste a los pueblos, de acuerdo con los protocolos internacionales de Derechos Humanos.

Tanto los gobiernos socialistas como populares han respondido con un rotundo NO a cualquier concesión a las comunidades autónomas – vasca y catalana– tal y como está establecido en la Constitución, lo que no deja a los separatismos de la península ibérica otro camino que el de las acciones unilaterales.

Es deplorable que un régimen que se dice democrático haya llegado al punto de perseguir y encarcelar a quienes tratan de recurrir al mecanismo democrático por excelencia del sufragio popular, para tomar decisiones trascendentales.

En tal circunstancia, la realización del referéndum independentista previsto para el  domingo amenaza con resultar en un fracaso para: los gobernantes catalanes, que difícilmente podrán pasar por encima del aparato judicial, policial y  militar que Rajoy ha movilizado para evitar la realización de la consulta, pero también para el bando españolista, heredero del lema franquista: España Una, Grande y Libre, que en lo sucesivo llevará el estigma de haber impedido la libre expresión de la voluntad popular y de haber enviado a la cárcel a ciudadanos que no han cometido más delito que procurar transformaciones políticas por medios pacíficos.