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Hace algunos años, un jefe policial de la capital me increpó diciéndome: Ya que usted habla con tanto entusiasmo sobre derechos humanos, podría decirme cómo resolver el problema de las personas enviadas a prisión por decretárseles apremio corporal. Hay meses en los que se carece de espacio en las celdas para tanta gente afectada por ese asunto, expresó en tono preocupado el agente.

Ciertamente, el apremio corporal es una figura consignada en dos leyes que datan del siglo pasado: Código Civil y la Ley de Prenda Agraria o Industrial, pero también en una más reciente como es la Ley de Prenda Comercial (1992).

Se estableció para asegurar la entrega de un bien dado en garantía, o el pago de la deuda, so pena de restringir el derecho a la libertad personal del deudor --mediante resolución dictada por un juez civil, no penal-- hasta por el plazo de un año de prisión. Hasta la fecha los casos pululan en los juzgados, particularmente los promovidos por bancos, microfinancieras y prestamistas particulares, en perjuicio de personas que se han visto en aprietos económicos.

En medio de estos embrollos, con conocimiento o no, difícilmente se invoca lo dispuesto en el arto. 41 de la Constitución Política de 1987: “Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente por incumplimiento de deberes alimentarios. Es deber de cualquier ciudadano nacional o extranjero pagar lo que adeuda.” Esta disposición tiene su origen en el arto. 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el arto. 7.7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, este último incluso fue copiado literalmente por el legislador nicaragüense.

De esta manera, la solución a los inconvenientes que genera el apremio corporal (violación a la libertad personal o individual, principalmente), se tendrá sencillamente al optar por la vía de la pérdida de valor en las que caen las leyes y demás órdenes contrarias a la Constitución (arto. 182), conocida en la doctrina como derogación tácita, una facultad --como he expresado (END, 4/10/08)-- raramente ejercida por nuestros judiciales.

El escaso aprovechamiento de este tipo de derogación ha llevado a hacer creer a los diputados(as) que sólo mediante la derogación expresa puede desecharse el apremio corporal; pues actualmente se mueve en la tubería parlamentaria un proyecto denominado inicialmente “Ley Moratoria a la Aplicación del Apremio Corporal por Créditos con Garantías Personales”, que luego de algunas consultas se prefirió por título uno más “antológico” que el primero: “Ley que aclara la aplicación del apremio corporal por créditos con garantías personales y que reforma el artículo 13 de la Ley No. 146, Ley de Prenda Comercial”. La lógica más elemental arroja que ante la aplicación de una ley, lo primero que cabe es la interpretación, por lo que resulta totalmente confuso que la técnica legislativa nacional pretenda antes “aclarar” un arto., y sólo así permitir su aplicación.

Soy del criterio que no es necesario legislar, menos de esta forma enrevesada, cuando de lo que se trata es de interpretar y aplicar correctamente las normas existentes, primordialmente la Constitución. Distinto fuera si se requiriera una interpretación auténtica de la ley por parte de la Asamblea Nacional, que aquí no tiene sentido llevarla a cabo. ¿Por qué entonces impedir el desarrollo del razonamiento judicial?

Sospecho que el interés en la aprobación de dicho proyecto proviene de las recomendaciones que hizo en su informe de 2006 el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas, luego de su visita al país.

De la lectura de ese documento se entiende que el mismo grupo de especialistas era más partidario de la eliminación expresa del apremio corporal en la legislación civil nicaragüense, y no de la exigencia de la aplicación del arto. 11 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos; que hubiese sido lo atinado, sobre todo deviniendo de representantes de una organización de esa índole, preocupada por el cumplimiento de los instrumentos internacionales de derechos humanos en los 192 Estados Miembros que la conforman.

Explicado todo lo anterior, sirvan estas líneas para poner en la palestra razonamientos que no son antojadizos, sino los propios que permite el Derecho interno e internacional en vista de ciertas acciones desproporcionadas que emprenden la mayoría de instituciones financieras privadas y particulares al querer recuperar los créditos otorgados valiéndose de cualquier artimaña, contando con la venia de ciertos jueces civiles y abogados litigantes, que gustan abrazar el Derecho privado, dando la espalda al Derecho público.


agateyte80@yahoo.es