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Las palabras de William Pitt, hace más de dos siglos, se vuelven una actualidad en nuestro país, sobre todo con la talla de presidente que ha demostrado ser el señor Daniel Ortega Saavedra, ahora acuerpado por una institución sumisa, deliberante y violatoria no sólo de los derechos elementales de los ciudadanos, sino también de la ley que la rige y de la Constitución Política, como lo demostró la Policía Nacional el pasado 19 de diciembre.

Los argumentos de la directora general de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera Sacasa, justificando la agresión al periodista Jorge Loáisiga, no pueden ser más elocuentes.

Sus palabras reflejan el grado de degradación institucional ante su máximo jefe para conseguir uno de dos objetivos: o la jefa policial desea congraciarse con Ortega para que confíe en esta institución; o simplemente es una actitud sumisa para esconder el apoyo policial a grupos paramilitares que pretenden establecerse en el país al amparo del nuevo poder.

Si es lo segundo, los nicaragüenses estaríamos asistiendo al nacimiento de una nueva forma de “seguridad del Estado”, encarnada en estos señores vestidos de azul, que recuerda a los famosos “Camisas Azules” o “División Azul”, como se le conoció a los voluntarios españoles miembros del ejército franquista que pelearon al lado de Adolfo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial.

La comisionada Granera admitió públicamente que “la Policía Nacional se apoya en personas que no necesariamente pertenecen a las estructuras de la institución, para realizar actividades de seguridad”, del presidente Ortega. Como dirían los abogados, “a confesión de parte, relevo de pruebas”.

Con su admisión, la jefa policial viola la Constitución Política, cuyo artículo 95, párrafo segundo, establece claramente que “no pueden existir más cuerpos armados en el territorio nacional que los establecidos en la ley”. Y nuestra legislación contempla que los “cuerpos armados” de Nicaragua son la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua. Nadie más.

Las preguntas obligadas son: ¿Cuál es el respaldo jurídico de estas nuevas fuerzas de seguridad ya conocidas como los camisas azules? ¿Con qué autoridad actúan estos elementos? ¿Cuáles son sus órdenes? ¿Tienen derecho a portar armas?, y, finalmente, ¿cuáles son los alcances o sus funciones?
La última pregunta es en relación conque si estos señores también realizarán acciones de espionaje, vigilancia y control de la oposición y de los periodistas, o de cuanta persona consideren peligrosa para la seguridad nacional. A juzgar por las palabras de la primera comisionada Granera, tienen carta blanca y el total respaldo de la Policía para hacer lo que les plazca.

Cualquier ciudadano nicaragüense que conozca sus derechos y deberes, sabe que no tiene por qué respetar a ninguna autoridad que no sean las legalmente constituidas, por tanto, los “Camisas Azules”, están al margen de la ley y pueden ser considerados delincuentes comunes o una amenaza a la seguridad ciudadana.