Eddy Zepeda Cruz
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Procurando ser propositivos en los asuntos que atañen a nuestra problemática de salud y aprovechando los recientes eventos de Educación Médica Continua (simposios, congresos), surge la inquietud sana de proponer a los tomadores de decisión de la administración pública y privada considerar la posibilidad de generar consensos en salud pública, cuyo beneficiario principal es el ciudadano, el que tiene capacidad de pagar por su salud y el que tiene solamente la necesidad de tener salud sin poder pagarla.

La medicina basada en evidencia es una estrategia o herramienta que nos permite garantizar una adecuada respuesta ante los diferentes cuadros de morbimortalidad que presenta la población. El Mapa de Salud que ha presentado la institución rectora, el Minsa, es un punto de partida para conocer una línea de base acerca de las principales patologías que se presentan en los 153 municipios del país, a propósito de prontas elecciones. 

Consensuar significa llegar a acuerdos para hacer las cosas, independiente de quien gane la contienda. Fortalecer las semejanzas y eliminar las diferencias requiere un alto nivel de tolerancia, respeto y voluntad patriótica, por encima de mezquindades y egoísmos.

En materia de salud pública existe una especie de torre de Babel cuando se habla de prevención, diagnósticos, tratamientos y fomento/rehabilitación. Existiendo diferentes subsistemas de atención, basados en aspectos económicos y de cobertura, cada uno tiene sus propias guías y protocolos a seguir. Quien puede pagar más recibe las mayores y mejores ofertas, que se reflejan en una mejor calidad de vida. Tristemente, quien tiene menos o ninguna capacidad de pago recibe un poco o nada, conformándose con la voluntad divina (expresión propia de la sabiduría popular). 

El desarrollo y avance de la ciencia y la tecnología nos permite considerar como curables o al menos mejorables muchos males que hace apenas 20-30 años eran imposibles siquiera de diagnosticar. Enfermedades genéticas, cardiacas, neurológicas, infecciosas, endocrinas, mentales, que  hace dos o tres décadas eran desconocidas, hoy son diagnosticadas y tratadas.  

Muchos tipos de cáncer, de procesos neuropsiquiátricos (epilepsias, bipolaridad, esquizofrenias, demencias), infecciosos (VIH-Sida), autoinmunes (procesos reumatológicos, lupus, psoriasis), del desarrollo infantil (trastornos por déficit atencional, autismos) hoy pueden considerarse dentro de las posibilidades de manejo y resolución, o al menos control, devolviendo calidad y dignidad de vida a pacientes y sus familias. 

Hablar de consensos en el título de la presente reflexión es precisamente el objetivo de la misma. Los diferentes subsistemas sanitarios mencionados poseen capacidades diferentes de resolución, desde el mismo acceso a la información. Los métodos usados en la parte privada difieren de la parte pública (Minsa) o subvencionada (INSS). ¿Podría decirse que es una diferencia discriminatoria? Seguramente no. Es más una cuestión de derechos humanos (¿utopía?, ¿demagogia?) y de manejo eficiente de la cosa pública, en parte. La capacidad de pago es una variable imprescindible en este tipo de sociedad de mercado. 

En los servicios de hospitales estatales existen los medios y métodos similares a los de la parte privada, en buena medida, e incluso, la capacidad humana en su mayoría es formada por la parte pública. El fenómeno de la migración de los recursos humanos tiene otras condicionantes conocidas, difíciles de superar todavía. Económicas fundamentalmente. A veces de egos patológicos. Justificadas o no, es un tema complejo, que debe ser discutido y debatido en otras instancias.

De justicia es compartir con la población que la capacidad, calidez y calidad la encuentran de manera gratuita todavía en sus unidades de salud locales. Cuidar y aprovecharlas adecuadamente es el aporte para seguirlas obteniendo. Esperemos que en las próximas elecciones de autoridades municipales se contemplen acciones para fortalecer Consejos Municipales de Salud para que sean auditores permanentes del funcionamiento, cuido y mantenimiento de tales oportunidades.

Urge el consenso público-privado y comunitario para hacerlo realidad. Donde participen todos.

Identificar las capacidades y ponerlas a disposición de la ciudadanía es una obligación moral.

El autor es médico.