Leonel Téller
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El presidente Donald Trump anunció que finalizará los programas de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Deferred Action for Childhood Arrivals program – DACA), que beneficia unas 788,000 personas conocidas como “Dreamers”, y el Estatus de Protección Temporal (Temporary Protected Status - TPS), que beneficia a unas 325,000 personas. Ambos programas protegen a los inmigrantes de la deportación, y les permiten estudiar y trabajar legalmente.  

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, instó al presidente Donald Trump a no rescindir los programas de la Era Obama que protegen a los inmigrantes, uniéndose así a líderes eclesiásticos, empresariales y otros que se oponen a la medida.

Miembros del Congreso reaccionaron también, como el líder minoritario  Chuck Schumer, el “whip” minoritario Dick Durbin, sus colegas de bancada en el Senado Kamala Harris, Al Franken, Elisabeth Warren y los republicanos Marco Rubio, Lindsey Graham, John McCain, Tom Tillis, Orrin Hatch y Jeff Flake. En la Cámara Baja se escucharon las voces de la líder minoritaria Nanci Pelosi y su colega de bancada Luis Gutiérrez, y los republicanos Ileana Ros, Steven King, Cathy McMorris Rodgers, Will Hurd, Mike Cuffman y Carlos Curbelo, quienes en resumen proponen una solución permanente a DACA y TPS mediante una ley migratoria amplia y realista.

Existen varias iniciativas para proteger a los inmigrantes, como AMERICAN HOPE del representante demócrata de Illinois Luis V. Gutiérrez; Recognizing America’s Children Act, del representante republicano de Florida Carlos Curbelo; DREAM ACT del Senador Democrata Dick Durbin de Illinois y el Senador Republicano Lindsey Graham de Carolina del Sur, la que hasta hoy es la iniciativa en el senado con mayor apoyo bipartidista; RAISE ACT presentada por los Senadores Republicanos Tom Cotton de Arkansas y David Perdue de Georgia; y Bridge Act, del representante republicano de Colorado Mike Coffman, que establece una extensión de tres años de protección para los inmigrantes bajo condiciones razonables, iniciativa con respaldo bipartidista que podría tener futuro en la eventualidad que el Congreso no logre consenso para aprobar un paquete amplio de reformas migratorias.  

Algunas estadísticas de DACA: El 72% obtuvo o está obteniendo una educación académica superior; 80% están registrados como donantes de órganos;  la suspensión de DACA resultaría en la pérdida de empleo de 700,000 personas, y una desaceleración de 460 mil millones de dólares en los próximos diez años del Producto Interno Bruto, entre otros efectos negativos.

Algunas estadísticas del TPS sobre los 3 países con mayor número de beneficiarios, Honduras, El Salvador y Haití: la tasa de participación laboral oscila entre el 81 y el 88%, muy por encima de la tasa para la población total de los Estados Unidos (63%); las cinco principales industrias en las que trabajan son: construcción (51,700), restaurante (32,400), jardinería (15,800), guardería infantil (10,000) y tiendas (9,200); viven en 206,000 hogares, 61,000 de estos con hipotecas; han procreado 273,000 hijos nacidos en Estados Unidos que son ciudadanos estadounidenses; los seis estados con la mayor población son California (55,000), Texas (45,000), Florida (45,000), Nueva York (26,000), Virginia (24,000) y Maryland (23,000); 27,000, o el 11%, de los que están en la fuerza laboral son dueños de empresas y generan empleos; y el 10% de los salvadoreños, 9% de los haitianos y 6% de los hondureños están casados con residentes legales o ciudadanos estadounidenses.  

En Texas, el 21% de los salvadoreños y el 24% de los hondureños trabajan en   construcción, mientras que en Florida es del 23% y 29% respectivamente. Terminar el TPS tendría efectos negativos en muchas industrias, pero el mayor efecto sería en Texas y Florida por los efectos de Harvey e Irma, donde el daño a la propiedad está estimado en 200 mil millones de dólares.  Lo anterior provocó que Essential Worker Immigration Coalition, que incluye una amplia gama de grupos empresariales como la Cámara de Comercio de EE. UU. y la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas, solicitaran al Congreso soluciones legislativas permanentes mediante una ley migratoria amplia y realista.

200,000 titulares del TPS de América Central viven en California, Florida, Texas y Nueva York, y aproximadamente 58,000 son propietarios de viviendas. Si se les suspende el programa, alrededor de 30,000 perderán sus hogares en un año; otros no podrán pagar sus vehículos ni continuar sus estudios, y la banca sufrirá pérdidas significativas, particularmente en Florida y Texas que están luchando por recuperarse de los recientes desastres naturales. 

Podemos continuar enumerando las consecuencias negativas para la economía de los Estados Unidos, aunadas al drama humano de la separación de las familias y el efecto socioeconómico para los países del Triángulo del Norte que luchan una guerra férrea contra el crimen organizado transnacional y las maras.

Las preguntas que caben aquí son: ¿es la decisión del Presidente Trump una acción para mantener su electorado cautivo? ¿O es una decisión bien estudiada que traerá beneficios para los Estados Unidos? De ser lo segundo, el jefe del Ejecutivo estaría en lo correcto, pero significaría que todos los centros de estudios y análisis migratorios, sociales, económicos, la Iglesia, la mayoría de los miembros del Congreso y los 1,800 gobernadores, Procuradores Generales Estatales, alcaldes, Concejos municipales, legisladores estatales, jueces, jefes de policía municipales y estatales, y cámaras empresariales que se oponen a la decisión del presidente Trump están equivocados.  

* El autor es socio de una firma 

de Lobby en Washington, DC .