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Existe consenso dentro y fuera de Nicaragua sobre la necesidad de reformar la Ley Electoral, para ofrecer mayor  transparencia y confianza al electorado y mayores garantías en la integridad de los resultados de los aspirantes a los cargos de elección popular.

La misión de acompañamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA) señaló, nuevamente, la necesidad de renovar el sistema electoral nicaragüense, dos días después de los comicios municipales del 5 de noviembre pasado. Subsecuentemente, el presidente Daniel Ortega se comprometió públicamente a realizar dichas reformas. En este contexto, el Departamento de Estado de Estados Unidos también respaldó la propuesta de la OEA y pidió al gobierno nicaragüense que se fortalezcan las instituciones democráticas, la separación de poderes y los procesos electorales.

Por su parte, la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) retomó la promesa del presidente Ortega, sugiriendo enfocar las reformas en un nuevo sistema de promoción de las elecciones y del conteo de los votos, para hacer del Poder Electoral “una institución creíble en la cual el pueblo pueda salir con alegría a una fiesta cívica a expresar su voto”.

Suponemos, entonces, que las elecciones municipales de este año podrían marcar un antes y un después en los procesos electorales de Nicaragua, porque buena parte de la agenda política del país girará en torno al cuándo, cómo y qué se reformará y qué implicaciones tendrán tales cambios en futuros comicios, empezando por las elecciones regionales de la Costa Caribe de 2018, pero sobre todo de cara a las elecciones presidenciales de 2021.

Es importante reconocer que en las elecciones municipales del pasado noviembre, hubo algunos cambios y precedentes relevantes, que son fundamentales para la transparencia del ejercicio democrático. Por un lado, el Consejo Supremo Electoral (CSE) aceptó la solicitud de la OEA de publicar las actas de escrutinio de cada mesa en su página de Internet, una práctica que el CSE había dejado de ejercer desde hace varias elecciones, en detrimento de la trasparencia de los comicios, pues los mismos son una prueba de cómo votaron los nicaragüenses en cada calle, barrio o comarca. Esto sirvió para que dos partidos de oposición documentaran mejor los reclamos y recursos de revisión presentados al CSE, sobre la votación en territorios específicos como San Pedro de Lóvago y Rancho Grande. En estos casos, los reclamantes mostraron datos comparados de los centros de votación publicados por el sitio del Poder Electoral y datos obtenidos por sus fiscales durante el escrutinio.

Por otro lado, y no menos importante, el CSE, como parte de los acuerdos con la OEA, permitió la observación del proceso electoral, que si bien esta vez se hizo de una forma limitada por la falta de tiempo y de recursos, establece un importante precedente para las elecciones futuras, y que a juicio de la mayoría de actores de la sociedad, debería ser ampliado para incluir mayor supervisión nacional e internacional.

Otros aspectos relevantes que la misión de la OEA recabó, que servirán como elementos para la reforma, fueron las 214 denuncias de irregularidades del día de la votación, plasmadas en su informe preliminar en que hace señalamientos y recomendaciones puntuales, como que “en algunos casos aislados se permitió votar a ciudadanos que no estaban ni en el padrón ni en la lista de cedulados”.
Adicionalmente, La OEA hace énfasis en que “la confianza en las instituciones es un elemento fundamental en todos los procesos electorales” e insta a “fomentar el sufragio de la ciudadanía a través de reformas que habiliten a ejercer su derecho al voto a la mayor cantidad de personas”.

También sugiere “encontrar mecanismos que permitan fortalecer y promover la participación activa de representantes de las organizaciones políticas en las actividades del poder electoral”, para generar mayor confianza en la autoridad e institucionalizar los canales de diálogo.

En resumen, la OEA describe un sistema electoral rudimentario, con vacíos legales y reglamentarios, bastante cerrado en cuanto al acceso a la información que interesa a electores y competidores, por lo que urge una reforma amplia.

Se espera que esta semana el CSE cierre de forma oficial el conteo de votos y dé una explicación detallada de las revisiones solicitadas por los partidos Liberal Constitucionalista (PLC) y Ciudadanos por la Libertad (CxL), para que la población sepa si los reclamos fueron resueltos con justicia y transparencia. Igual de importante será el informe final de la OEA, todavía pendiente.

¿Qué garantiza la realización de reformas institucionales y políticas para mejorar el sistema electoral y afianzar la democracia en Nicaragua? En principio, el acuerdo de cooperación entre la OEA y el gobierno, que continuará los próximos tres años. A la vez, la participación de las diferentes fuerzas políticas con el fin de ayudar a perfeccionar el sistema. Si se logra, los primeros en agradecerlo serán los ciudadanos, independiente de sus preferencias partidarias, porque podrán contar con la confianza de que su voto será respetado siempre.

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