Norman Miranda C.*
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La contrademanda o demanda reconvencional que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) admitió a Colombia contra Nicaragua el pasado 16 de noviembre, versa sobre dos cuestiones y está incardinada en la litis pendentia que ambos países sostienen desde el año 2013. Me referiré a continuación a cada una de las dos cuestiones y al final las amalgamaré en un común telón de fondo para tratar de desentrañar lo que Colombia persigue.

1.- Sobre el alegato de Colombia en esta contrademanda, de que Nicaragua ha violado los artesanales y tradicionales derechos de pesca de los raizales del archipiélago de San Andrés, resulta peregrino proferirlo hasta ahora, por dos razones: a) Porque nunca antes Colombia había invocado esos derechos, desfachatadamente lo hace a postreras; y b) Porque la sentencia –de la CIJ- del 19/11/2012 no se refirió en ninguna de sus partes a esos supuestos tradicionales derechos de pesca de los sanandresanos. Colombia patentiza una vez más su consabida estrategia negacionista y de “compra de tiempo”.

Cabe discernir también que el gobierno colombiano sale ahora blandiendo estos dislates por razones intrincadas de política interna, para captarse a los habitantes del archipiélago. El anticuerpo a esto es que ni Nicaragua ni la referida sentencia son responsables del menor desarrollo relativo de los isleños colombianos respecto a los colombianos continentales.   

2.- Sobre el otro alegato de Colombia en su contrademanda, de que las líneas de base de Nicaragua son contrarias al derecho internacional, este alegato es tan insulso o más que el anterior. Contrario a lo aducido por Colombia, las líneas de base del Caribe nicaragüense están establecidas conforme a lo prescrito en el Artículo 7 de la Convención sobre el Derecho del Mar, en efecto, las islas Corn Island, los cayos y bancos adyacentes están próximos a la fachada costera caribeña nicaragüense (extensa de 551 kilómetros, con sus escotaduras), tan próximas que cumplen con el requisito –prescrito por el Derecho del Mar- de no apartamiento respecto a la masa continental adyacente. Es más, la sentencia de la Corte en su mapa 11 (mapa anexo a la sentencia y que es parte de la misma) es la culminación del razonamiento de la Corte para determinar la delimitación que hizo y en el hilo de ese razonamiento la Corte tomó en cuenta esas líneas de base de Nicaragua, mismas que ahora Colombia ataca. 

¿Por qué Colombia “se embarca” ahora en alegatos “náufragos”? Creo que, amén de las razones que di, tengo el instinto conceptual (lo que cargo a mi cuenta) de que también lo hace ahora precisamente para enchufar en tiempo con la litis marítima de Nicaragua contra Costa Rica, la que está en ciernes resolverse, probablemente en el primer trimestre de 2018. Recordemos que el canciller González de Costa Rica ha dicho sin ambages que en la delimitación que proferirá la Corte en el caso subjudice Nicaragua –Costa Rica, la Corte habrá de pensar en los derechos de tres: de su país, de Nicaragua y de Colombia,  declaraciones que no son de extrañar porque memorialmente Costa Rica y Colombia han sido cofrades marítimos contra Nicaragua. En esa alianza Costa Rica (junto con Honduras) pretendió –sin éxito- en el año 2010 ser tenido como tercer Estado interviniente en la disputa bilateral Nicaragua-Colombia. La necesidad de Costa Rica de contar con el “pie de amigo” colombiano crece en el tanto en que tras la sentencia del 19/11/2012, Costa Rica le disputa a Nicaragua espacios marítimos que nunca le disputó a Colombia. 

El meollo del asunto estriba, a mi parecer, en que, ante la Corte es riesgoso para Costa Rica la ausencia de una Declaración formal de caducidad del Tratado Facio-Fernández de 1977, el cual frena las proyecciones de Costa Rica en el Mar Caribe porque en él Costa Rica aceptó tope terminal Norte en la latitud de Punta Castilla. Esto le dificulta en la Corte a Costa Rica obtener ganancia de causa sobre su pretendido arco de mar que alega contra Nicaragua, arco de abultada convección hacia el Noreste que saliendo de la desembocadura del Río San Juan daría ventaja a Costa Rica sobre Nicaragua en su proyección hacia mar adentro. Costa Rica dijo a la Corte en el 2010 que aunque ese tratado no lo ha ratificado (Colombia sí lo ratificó), se comporta como que lo hubiese ratificado, lo que en derecho internacional genera lo que se llama: “compromiso unilateral”. Este hecho ambiguo de Costa Rica es una pifia y como tal necesita enmendarla y que para ello Colombia le ayude. En el 2010 Costa Rica fue a la Corte en auxilio 
de Colombia, ahora en el 2017 Colombia le devuelve el favor. Creo que es ése el intríngulis de la advenediza contrademanda de Colombia, y se va salir con la suya en términos de comprar tiempo porque el Artículo 80 numeral 1 del Reglamento de la Corte trata a la contrademanda, no como un incidente, sino como una auténtica demanda autónoma e independiente, lo que hará demorar mucho la resolución de la disputa marítima colombo nicaragüense. Preparémonos a no cansarnos en La Haya.

* Especialista en Derecho Internacional y Derecho del Mar por la Universidad de Niza, Francia.

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