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En Nicaragua, como todos sabemos, hay profundos desequilibrios sociales que demandan con urgencia ética ser atendidos, son impostergables. No es posible que el país salga adelante si muchos de sus habitantes no tienen acceso efectivo a una salud pública gratuita, a una educación pública de calidad, y a los servicios de justicia y seguridad ciudadana con prontitud y gratuidad. Estos tres aspectos son fundamentales para el desarrollo humano sostenible, lo demás vendrá por añadidura.

Los intentos inconclusos de reforma político-social de la Revolución Sandinista durante la década del ochenta, particularmente por el conflicto militar de agresión, el bloqueo y los propios errores de la administración estatal, el modelo capitalista excluyente, indiferente y oligárquico impulsado en Nicaragua en las últimas décadas, de conformidad con lo dictado por organismos financieros internacionales y la falta de formulaciones congruentes, integrales y de largo plazo de las administraciones nacionales, impuso en Nicaragua y en general en América Latina, la reducción del Estado, dejando al mercado, a quienes lo controlan, “plena libertad” para obtener sus beneficios sin establecer regulaciones que permitieran equilibrar los déficit sociales, proteger a los sectores vulnerables y asegurar transferencias efectivas de los ingresos de los sectores más pudientes a los menos. La privatización de todo ha inundado la vida política, económica y social de nuestros Estados y sociedades. El crecimiento económico no se ha distribuido racionalmente y amplios sectores populares van quedando desamparados en sus necesidades básicas, particularmente, de salud, educación, justicia y seguridad.

Una de las medidas más oportunas y de gran expectativa del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional fue anunciar, en los primeros días de su mandato, la suspensión de los cobros en hospitales y centros educativos públicos. La salud y educación pública no fue ajena a la privatización. En los hospitales, había un área para atención a “privados” y otra para quienes no podían pagar que eran la mayoría. La consecuencia fue que el personal, las medicinas y las condiciones básicas estaban solamente en el “área privada” y la otra “agonizaba”. Asumir esa decisión es fundamental y el punto de partida, ahora el problema es destinar los recursos estatales suficientes para atender la demanda creciente y suministrar a los pacientes, no sólo la atención médica apropiada, sino el tratamiento que necesitan. Los principales indicadores de salud pública estaban en decadencia: la muerte materna infantil, las jornadas de vacunación, la prevención sanitaria; no fueron una prioridad. El presupuesto real de educación y salud fue reducido a pesar de que la población crecía. El negocio de la educación y la salud cubrieron la esfera pública y privada, perdiéndose los límites entre ambas. La atención médica a los asegurados del Seguro Social fue privatizada. Sin personas sanas, sin programas de prevención, sin condiciones sanitarias apropiadas, no es posible contar con rendimiento laboral, ni productividad ni satisfacción social. Sin personas con educación básica y técnica no tendremos oferta laboral de calidad, ni participación beligerante de los ciudadanos en la vida político-social, no seremos competitivos ni se facilitará la inversión que demande mano de obra calificada; seguiremos siendo “enclaves de maquilas”, la “zona franca del subdesarrollo”. El promedio educativo de los nicaragüenses es un poco menos de cinco años; según Unesco, el mínimo para el desarrollo son diez años de escolaridad; estamos a menos de la mitad del mínimo. Transformar esa triste realidad, en la que casi un tercio de la población es analfabeta, implica desprivatizar la educación, masificar la educación, generalizar la alfabetización, abrir las aulas, eliminar las barreras para el ingreso de los niños y jóvenes a los centros educativos para los próximos veinte años. La actual capacidad de infraestructura es insuficiente, está deteriorada, el mantenimiento de las instalaciones fue abandonado por las administraciones neoliberales, el gasto presupuestario requiere asumir con beligerancia, independientemente del déficit que genere, esta prioridad evidente. Es la única que puede salvar, en el mediano y largo plazo, al país de su letargo impuesto o asumido. Las personas sanas y capacitadas son el principal potencial de que dispone el país en medio de sus abundantes, diversas y encantadoras riquezas naturales.

El tercer aspecto principal es el acceso efectivo y gratuito a la justicia y la seguridad. Estos servicios fundamentales para la vida de las personas, para su libre e integral desarrollo, requieren ser ofrecidos con prontitud, oportunos y sin costo. Nadie tiene por qué pagar el combustible para que la Policía llegue a cubrir un robo por el cual ha sido víctima, ni pagar los viáticos de los policías, ni las reparaciones o mantenimiento de las patrullas, instalaciones o equipos. Todo, absolutamente todo, tiene que asumirlo, en medio de las limitaciones de país pobre, el gasto público. Tampoco deben ser los particulares, empresarios o asociaciones quienes, por cualquier motivación conocida o desconocida, financien cualquier tipo de gastos de la policía o tribunales. Si alguien paga, como aparente ayuda, estará “condicionando” la actuación o resolución de la autoridad policial o judicial, eso es peligroso, no aconsejable.

La seguridad y la justicia no han estado ajenas a la huracanada ola de privatización. Han proliferado las empresas privadas de vigilancia, los pagos que los ciudadanos tienen que hacer para efectuar trámites, obtener certificaciones, etcétera. Si una persona puede pagar un servicio privado de vigilancia, es legítimo que lo haga y que dicha empresa, al pagar sus impuestos, genere ingresos tributarios que el Estado pueda revertir al gasto social o la inversión pública, sin embargo, es incorrecto que las seguridad pública, aquella que las personas comunes y corriente demandan sin costo, la que los ciudadanos requerimos, esté sujeta a otras fuentes de financiamientos ajenas al presupuesto gubernamental o a las donaciones o créditos internacionales gestionadas por el gobierno central. La fuente debe ser única, la vía de financiar la seguridad y la justicia deber ser regulada. Nunca he compartido la creación de fuentes paralelas de financiamiento provenientes de “Asociaciones de amigos” o “empresarios privados” quienes asumen gastos de la policía y seguramente condicionarán la prestación del servicio inclinando la balanza hacia ellos. Los policías, maestros, médicos y enfermeras requieren salarios justos que les permitan cubrir con dignidad al menos la canasta básica. El Estado debe asumir ese costo para que los servicios que presten sean de “calidad”.

El país, en el contexto económico mundial actual, tiene muchas adversidades. Por un lado el inalcanzable precio del petróleo, la crisis financiera norteamericana, la escasez, el alza de los precios de los servicios básicos y el incremento de la delincuencia organizada transnacional, particularmente el narcotráfico, que amenaza nuestros espacios territoriales y lesiona el tejido social e institucional. El contexto interno acumula graves déficit sociales, una infraestructura física insuficiente, altos niveles de desempleo, pero también mucho potencial natural y humano que, si lo juntamos, sobre la base del consenso con una visión de nación que modifique el actual orden injusto de las cosas, seguramente tendremos un nuevo porvenir. Educación, salud, justicia y seguridad pública gratuita, accesible y de calidad, son básicos para lograrlo.


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