Adolfo Miranda Sáenz
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No se puede hablar de elecciones municipales fraudulentas si consideramos que los resultados no son aceptables como verdaderos en siete municipios (y claramente sabemos que no son aceptables).

En los restantes municipios sí lo son, sin dudas ni reclamos. Nicaragua tiene 153 municipios, de los cuales se obtuvieron resultados verdaderos y válidos en 146 y no verdaderos en 7, lo cual representa un 4.5% de municipios donde se alteraron los resultados y un 94.5% con resultados reales, honestos y transparentes. Por consiguiente, calificar esta elección de fraudulenta no es decir la verdad. Está claro que, en los siete municipios protestados por partidos de oposición, varias actas de las Juntas Receptora de Votos fueron delictivamente alteradas y el número de votos obtenidos por los partidos, consignados en dichas actas, no son los mismos que llegaron al Consejo Supremo Electoral. En algún momento fueron alteradas, sea en la propia Junta, en el Consejo Electoral Municipal, en el Consejo Electoral Departamental, o bien en el camino entre uno y otro. ¿Por quién o quiénes? Obviamente por personas del partido que salió favorecido. ¡Grave delito consignado en la Ley! 

Dije que en esos siete municipios los resultados no son “verdaderos”, pero lamentablemente son “válidos” debido a una interpretación literal de la Ley y Reglamento Electoral. No trato de justificar el delito cometido, ¡de ninguna manera! pero hay un procedimiento que no se cumplió. Los partidos afectados recurrieron directamente al Consejo Supremo Electoral sin haber recurrido -como la Ley lo establece- primero a las impugnaciones en la Junta Receptora de Votos o a los recursos en los Consejos Municipales. En base a ello, el Consejo Supremo Electoral declaró que no había lugar a los recursos que fueron presentados ante ese organismo de manera directa. Los fiscales de los partidos recurrentes expresan que en los recintos de las Juntas Receptoras de Votos no fue el problema, por lo tanto, allí no podían impugnar. Está claro que fue después cuando las actas fueron alteradas y por eso no coinciden los resultados publicados oficialmente con la copia de los fiscales. Estos aseguran que tampoco pudieron recurrir a los Consejos Electorales Municipales porque en unos casos estaba cerrado y en otros no les admitieron el recurso. Ante esa situación debieron acudir a interponer un Recurso de Amparo y a presentar una acusación ante el Fiscal Especial Electoral, y con las copias de los mismos presentarse ente el Consejo Supremo Electoral. No lo hicieron y debe quedar la lección aprendida.

Pero esa falla no justifica que el Consejo Supremo Electoral no haga nada, debe actuar de oficio, pues independientemente de todo se han cometido en siete municipios graves delitos electorales que deben ser investigados y llevar a juicio a los que resulten presuntos culpables. Hubo graves disturbios y corrió sangre. Hubo personas que murieron. A los que alteraron los resultados de las actas debe caerles el peso de la Ley, pues además ellos causaron los disturbios. No creo que haya habido voluntad de hacer fraude de parte del Consejo Supremo Electoral ni tampoco del partido gobernante.

No creo que ante la observación de la OEA hayan arriesgado su credibilidad por el 4.5% de municipios, 7 de 153, entre los más distantes, menos poblados y más empobrecidos del país. Creo que fueron hechos aislados de personas actuando por sí. El Consejo Supremo Electoral debe intervenir en este caso, pues esas personas eran parte de su personal subordinado; deben ser castigados y hacerlo público. Por otra parte, la Ley Electoral debe ser reformada pues, así como está, los abusos y delitos cometidos durante el transporte de las actas y por los Consejos Municipales dejan de manos atadas a los partidos. Estas elecciones fueron válidas, en general honestas y con buena participación, pues votó más del 50%. Las últimas dos elecciones municipales no cuestionadas y aceptadas por todos fueron las del 2002 y 2004, y en ambas también votó un poco más del 50%. Hay que limpiar la mancha de esos siete municipios enjuiciando a los delincuentes y reformar la Ley Electoral.

Abogado, periodista y escritor
www.AdolfoMirandaSaenz.blogspot.com

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