Javier G. Hernández Munguía
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Los días 27 y 28 de noviembre de este año 2017 se celebró en Managua el V Foro Nacional de Reciclaje, evento impulsado por el Fonare en coordinación con las instituciones del Estado, nacionales, regionales y alcaldías, empresa privada, universidades y líderes comunitarios, entre otros protagonistas del sector. En principio hay que celebrar este tipo de eventos, ya que permite compartir experiencias de buenas prácticas, analizar los problemas vinculados con los residuos y buscar soluciones inteligentes.

Según los informes oficiales del Estado de Nicaragua (GEO), los residuos sólidos constituyen uno de los cinco principales problemas ambientales del país, siendo los residuos orgánicos, papel, cartón y plástico los de mayor porcentaje que genera el pueblo de Nicaragua en su patrón de consumo o modo de producción, razón por la cual el reciclaje y la reutilización se convierten en prioridades de política pública a todos los niveles del Estado.

Según la literatura, la primera y mejor medida de política pública en materia de residuos sólidos es evitar la generación de residuos, a través de la mejoría en los modos de producción y los patrones de consumo, es decir, impulsar la producción más limpia y educar a todo el pueblo para que su consumo sea menos contaminante. La segunda medida de política pública es el reciclaje y la reutilización de los residuos generados, siendo la separación en la fuente una acción clave. 

Los esfuerzos por mejorar los modos de producción y patrones de consumo, así como, el fomento del reciclaje y la reutilización, deben ser integrales y sostenibles, es decir, que tomen en cuenta toda la cadena de los residuos, desde la generación en la fuente hasta el tratamiento y disposición final, tomando en cuenta las dimensiones económica, social, ambiental, cultural, política y ética, donde el Estado juega un rol de facilitador, creando las condiciones para que todos los actores económicos realicen sus actividades en el marco de la gobernabilidad democrática y la seguridad jurídica a como reza el Artículo 98 Constitucional.

El Estado debe por tanto, impulsar estas dos medidas de política  pública de forma prioritaria, pero además, una tercera que consiste en mejorar la eficiencia de las instituciones públicas con competencias en esta materia, simplificar los trámites y fomentar el modelo de Alianza del Gobierno con la pequeña, mediana y gran empresa, y los trabajadores, bajo el diálogo permanente en la búsqueda de consensos en esta materia.

La agenda que debería tener el diálogo en la búsqueda de consensos podría ser, primero, analizar la dimensión real del problema, para lo cual se debería realizar un estudio nacional sobre la situación actual de los residuos sólidos, en el cual se analicen los modos de producción y patrones de consumo que están generando el mayor porcentaje de residuos en el país, para definir una estrategia de reducción de la generación en la fuente, con mecanismos de producción más limpia y educación ambiental; segundo, examinar el emprendimiento y las actividades público-privadas en materia de reciclaje y reutilización; tercero, establecer y actualizar las normativas necesarias, incluyendo la aprobación de una ley nacional de gestión integral y sostenible de residuos, que estipule de manera clara y precisa, los derechos de propiedad relacionados con los residuos, las competencias institucionales, evitando conflictos de competencias y erradicar los vacíos legales existentes en toda la cadena.

Finalmente, es bueno no olvidar que todas las acciones de política pública, legislación y fortalecimiento institucional planteadas, tienen que diseñarse y ejecutarse bajo el modelo de alianza y por consenso, teniendo como objetivo vivir bien, vivir bonito y vivir limpio, en familia, fe y comunidad.

* Profesor Titular de Derecho Ambiental de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León (UNAN-León). 

Emails:  javileon1969@gmail.com

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