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Cierto pensador expresó públicamente que, “el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente”, quedando esto totalmente evidenciado con el comportamiento de nuestro actual Presidente de la República.

Ante tanta arbitrariedad e ilegalidad de este personaje público, cabe preguntarse: ¿Se creerá predestinado contraventor de cualquier ley nacional y, poseedor de la verdad absoluta que además le confiere, infalibilidad e inmunidad vitalicia propia?, ¿estará asumiendo que, ser electo a la Presidencia de la República, conlleva un cheque en blanco, permitiéndole colocarse por encima de la ley?
Caracterizándose por ser, un personaje político de grandes contrastes, pues, discurriendo en el clandestinaje de la lucha armada contra la dinastía somocista, estuvo en riesgo permanente de perder su propia vida por la concretización de una Nicaragua donde imperasen todos los derechos humanos, jurídicos, y de paz con dignidad; posteriormente, encabezando una mal lograda revolución, hizo de Nicaragua en los años ochenta, el país más atrasado del Continente, el de más baja capacidad productiva, con la peor hiperinflación y la deuda más alta de su historia, con éxodo generalizado y, el sacrificio de más de 50 mil jóvenes, en una guerra desgastante que bien pudo evitarse, mediante una conducción política y diplomática inteligentes; en fin: haciéndola retroceder casi cuatro décadas, convirtiéndola del “granero de Centroamérica” en un país desabastecido y con escasísima producción.

Más tarde, actuando como opositor partidario, procedió a “gobernar desde abajo”, mostrando firme vocación antidemocrática, irrespetando y actuando en contra de la decisión ciudadana nacional, expresada mediante las justas y bien supervisadas elecciones nacionales de 1989, en las que se había decidido, gobernase la Sra. Violeta Barrios; sin embargo, en el pensar de este personaje, se trataba en aquel momento, de sabotear una restauradora conducción gubernamental de esta señora y posteriormente, del Dr. Arnoldo Alemán y del Ing. Enrique Bolaños, valiéndose de algunos gremios infiltrados, copados y dominados por su obcecada conducción partidaria opositora. Luego, como Poder Ejecutivo electo, gobernando nuevamente desde arriba, a partir de enero del 2007...ya sin la excusa de una “guerra impuesta”..., continúa empecinado en repetir los mismos errores del pasado, perjudicando nueva e ingentemente a toda Nicaragua. ¿Cómo catalogar una actitud reincidente de persistencia en los mismos errores?
Su actitud presidencial de asegurar que, toda acción o manifestación contraria a su forma de gobernar o de pensar, forma parte de un intento desestabilizador hacia su gobierno, cuyos supuestos propiciadores ideológicos y financieros, son los Estados Unidos de América y más recientemente, la Unión Europea, con la supuesta colaboración “antipatriótica” de sectores oligárquicos internos, organizaciones de la sociedad civil, ONG y algunos medios de comunicación, cuando realmente, él mismo ha sido, el más decidido conspirador y desestabilizador de gobiernos nacionales electos, ha sido y sigue siendo financiado por gobiernos foráneos como el de la extinta URSS en la década de los ochenta, y más recientemente el venezolano, con el apoyo de ciertos sectores antidemocráticos y antipueblo, afectos a su caudillismo político-partidario; apegada a la muy conocida frase: “firmar me harás, cumplir jamás”.

Sus dos últimas violaciones constitucionales, a través de los decretos presidenciales 77-2008 y 78-2008; en el primero, autorizando el ingreso de varias naves militares rusas a aguas territoriales nicaragüenses, violatorio del Arto 92 Cn.: “Podrá autorizarse el tránsito o estacionamiento de naves, aeronaves y maquinarias extranjeras militares para fines humanitarios, siempre que sean solicitadas por el Gobierno de la República y ratificados por la Asamblea Nacional”, y en el segundo, reformando el presupuesto nacional del año pasado, violatorio del Arto. 112 Cn.: “Toda modificación al Presupuesto General de la República que suponga aumento o disminución de los créditos, disminución de los ingresos o transferencias entre distintas instituciones, requerirá de la aprobación de la Asamblea Nacional…”, atribuciones ambas de competencias exclusivas de nuestra Asamblea Nacional, aunándoseles además, la violación del Arto. 183 Cn., donde se expresa que “Ningún poder del Estado, organismo de gobierno o funcionario, tendrá otra autoridad, facultad o jurisdicción que las que les confiere la Constitución Política y las leyes de la República”, pasando de la División real de los Poderes del Estado Nicaragüense, propios de un Estado de Derecho, al ejercicio de un Poder Absolutista del Ejecutivo. Acciones éstas por las cuales, debería ser acusado y destituido por un parlamento verdaderamente patriótico y democrático.

No valorando las oportunidades que la sociedad nicaragüense, le ha permitido de gobernarla, incumpliéndole los propósitos de mejores condiciones de vida, de que nunca más fuese sometida por la bota dictatorial de cualquier ideología, conduciéndola prepotentemente por el sendero tenebroso del irrespeto a las leyes y los procedimientos legales, en detrimento de su seguridad jurídica, haciendo prácticamente suya la frase del monarca Luis XIV: “EL ESTADO SOY YO”; por el de sus discursos confrontativos hacia organismos, gobiernos donantes y financiadores de buena parte del Presupuesto General de la República, creando desfinanciamiento inesperado de casi 130 millones de dólares, aunados a los casi cinco mil ochocientos millones de córdobas que son parte del déficit presupuestario del presente año, y que aún, no ha sido aprobado por el Parlamento, agravando los efectos de la crisis económica mundial a nuestra economía; por el de la complicidad con los instrumentos institucionales del fraude electoral en las pasadas elecciones municipales, violentándose la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Arto. 21 inciso 3: “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas…”, y el Arto. 51 Cn.: “Los ciudadanos tienen derecho a elegir y ser elegidos en elecciones periódicas y optar a cargos públicos…”; por el del desprestigio a los medios de comunicación independientes que critican sus errores y desaciertos.

Pensando sustituir tal desfinanciamiento presupuestario, con la ayuda venezolana, proveniente de una economía casi totalmente dependiente de la venta del petróleo, cuya producción, se ha reducido de aproximadamente tres millones de barriles diarios en el 2,008 a casi 2.5 millones diarios, a lo cual, se debe agregar la estrepitosa caída del precio del crudo venezolano, afectación que forzosamente, la hace muy difícil de materializar. Más bien, es secreto a voces que esta ayuda, ha sido usada casi toda, en el financiamiento de un proyecto acumulativo y consolidativo de poder económico e igualmente político, por una cúpula oligárquica danielista. ¿Entonces, a qué viene tanta crítica de su parte, a una oligarquía de derecha? Aquí podría aplicarse apropiadamente aquel conocidísimo refrán: “La olla le dice al comal”.