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Según nuestra legislación, al Servicio Público de Transporte Terrestre en autobuses, taxis y otros servicios especiales, le son aplicables los siguientes principios:
1. Comodidad.

2. Eficiencia.

3. Seguridad para el usuario.

Consecuentemente, los usuarios del servicio público de pasajeros tienen los siguientes derechos:
1. Exigir un servicio seguro, confortable, higiénico e ininterrumpido.

2. Recibir un trato respetuoso y digno de parte del conductor y ayudantes.

Los responsables ante la sociedad y el Estado por la calidad de los servicios de transporte y el cumplimiento estricto de la legislación vigente, son el regulador y el concesionario, quien durante la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre debe asegurar el derecho de los usuarios y el cumplimiento de los principios del servicio, a través de la actitud y comportamiento de sus conductores y ayudantes.

De estos principios, en el Transporte público de Pasajeros, el principio supremo es el respeto y/o aseguramiento de la vida e integridad física de los pasajeros. Esa es y siempre debe ser la principal responsabilidad del regulador, del concesionario y de conductores y ayudantes.

Evidentemente, en la atención a esta problemática deben involucrarse otros agentes, como la Policía Nacional a través de su especialidad de seguridad del tránsito, los encargados de las vías de transporte terrestre, etc.

En nuestro país, la accidentalidad en el transporte público es un tema recurrente, que sale a luz pública cuando se incrementan las muertes por esta causa. Ante un pico en la crisis permanente, se toman medidas, se anuncia la implementación de programas de prevención, pero el problema no se resuelve. Quizás porque damos un tratamiento sintomático, pero no estudiamos y resolvemos las causas reales del fenómeno.

Sabemos que la accidentalidad en las vías terrestres tienen múltiples causas:
T Insuficiencias en las vías, tanto en capacidad como en calidad del diseño.

T Mal estado de medios de transporte.

T Factores ambientales adversos, como problemas de visibilidad, adherencia a la vía, etc.

T Factores institucionales, como los métodos de contratación y remuneración de conductores, los niveles de regulación del tránsito y de las operaciones del transporte público, etc.

T Pero también y sobre todo, factores humanos. Como la conducción responsable producto de la cultura de respeto a la vida y al derecho de los demás, la pericia de los conductores, etc.

Siempre tendremos accidente de tránsito; sin embargo, cabe preguntarnos si nuestra accidentalidad se encuentra dentro de los rangos promedios para sistemas de transporte como el nuestro o son extremadamente altos. Indicadores como accidentes graves por cada 100,000 kilómetros recorridos nos dan esa medida. Las autoridades de la materia deben conocerla y pueden orientarnos al respecto. A pesar de que el público no conoce esas mediciones, existe la percepción de que el nivel de accidentalidad en el transporte público de Nicaragua es muy alto.

En cualquier país, el esquema de organización del transporte público tiene alguna relación con sus niveles de accidentalidad. Para los especialistas en la materia, los sistemas de transporte público tradicionales, como el nuestro, son afectados por la llamada “Guerra del centavo”.

La guerra del centavo es el fenómeno por el cual el sistema permite, porque contiene incentivos ocultos que apuntan en esa dirección, la conducción temeraria de los medios de transporte. La guerra del centavo es la lucha de los conductores de medios de transporte en la vía para incrementar el recaudo diario de las unidades. Existe cuando están presentes los siguientes factores:
1. Alto nivel de fraccionamiento de la propiedad de los equipos.

2. Administración económica individual de los medios de transporte.

3. Insuficiente control del recaudo diario.

4. Remuneración a los conductores vinculada al nivel de recaudo diario de la unidad.

5. Falta de profesionalismo de los conductores.

6. Alto nivel de paralelismos en las rutas.

7. Debilidad en la capacidad regulatoria de las autoridades de la materia.

Guerra del centavo es lo que sucede en las Rutas del Transporte Urbano Colectivo de Managua, cuando un bus se estaciona por cierto tiempo en una parada y después circula a velocidades prohibitivas, accidentando a sus pasajeros hasta la muerte; hombres, mujeres, niños y ancianos.

Guerra del centavo, es lo que sucede en las carreteras Carazo–Managua, principalmente en el servicio de taxis interlocales, pero también en el servicio de buses.

Guerra del centavo, existe en las vías de Chinandega y León; Guerra del centavo, existe en todo el país.

Es tarea difícil bajar los niveles de accidentalidad en el transporte público si no desaparece la guerra del centavo. Las medidas de control policial son importantes, pero no suficientes para llevar a límites razonables este problema. Se requiere un programa interinstitucional y multidisciplinario para controlarlo. No se avanzará si se atienden los síntomas o efectos sin trabajar sobre las causas.

En el transporte público, el control del recaudo y la gestión de flota es necesaria; pero sobre todo pasar, de un sistema que promueve la competencia por el pasajero en la vía (competencia en el mercado) a otro que promueva la competencia por obtener y conservar el derecho a explotar una ruta o área de servicio en base a la calidad del desempeño (competencia por el mercado). Nuestra Ley General de Transporte Terrestre permite avanzar en esa dirección.

Es esencial establecer una política tarifaria que concilie el propósito de mantener los servicios de transporte público accesibles a los bolsillos de los nicaragüenses, con la necesidad del sistema de recuperar sus costos, alcanzar algunos beneficios y reproducirse en condiciones de calidad adecuada.

No se puede dejar atrás la necesidad de profesionalizar a los conductores del transporte público de pasajeros. Para mejorar notablemente el desempeño de los conductores deben dejar de ser “dilleros” y pasar a ser empleados estables de los concesionarios, con seguridad en su empleo, un salario decente y el goce pleno de sus beneficios laborales. Los conductores de transporte público de pasajeros no solamente deben adquirir una licencia de conducir con categoría profesional, deben adquirir sobre todo una formación especial que les permita recordar en todo momento la enorme responsabilidad que tiene de preservar la vida de sus pasajeros y demás usuarios de la vía por donde circulan.

Mejorar la calidad de los servicios de transporte y la seguridad en las calles y carreteras del país, es responsabilidad de todos, debe ser un objetivo nacional a alcanzar en el corto plazo con medidas educativas, y de fortalecimiento institucional, pero también de control efectivo del cumplimiento de las responsabilidades de todos los actores.

*Especialista en Organización de Sistemas de Transporte Público.