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A como se esperaba, el pasado 5 de enero el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras desestimó el recurso de nulidad presentado por la Alianza de la Oposición a los resultados de las elecciones generales efectuadas el 26 de noviembre 2017, e impugnadas por sospechas de un fraude que habría dado lugar a la reelección del actual presidente Juan Orlando Hernández.

La Alianza de Oposición, liderada por Salvador Nasralla, tendrá oportunidad de apelar la decisión ante la Corte Suprema de Justicia, previéndose que, por concluida la fase del contencioso electoral, el próximo 27 de enero Hernández juramente su cargo.

Sin una campaña mediática internacional como la que estila al cuestionar a los gobiernos progresistas, la Organización de Estados Americanos (OEA) sembró la duda sobre los resultados de las elecciones hondureñas y sugirió a los países que la integran aprobar el informe que identifica el “cumulo de irregularidades” del proceso.
Hernández mantiene el apoyo de la élite militar y el control de las instituciones decisoras en los comicios. Ello se evidencia en la postura del TSE frente a las denuncias de irregularidades de los organismos observadores, erigiéndose en fiel escudero del oficialismo al defender reiteradamente la legitimidad de los resultados. Se espera que la Corte Suprema de Justicia, que ratificó el fallo favorable a su reelección presidencial (cuestionado por inconstitucionalidad), actúe de forma similar.

Nasralla cuenta con el apoyo del expresidente Manuel Zelaya, derrocado en el golpe del 2009, de diferentes organizaciones de la sociedad civil y sectores populares que vienen movilizándose desde antes de las elecciones, celebradas en un marco caótico, con represión y violencia en las calles, cuyo saldo es de más de 30 muertos, incrementándose a tal nivel que un comando de la policía “inconforme con la situación” se rehusó a seguir matando al pueblo hondureño. 

Con velado entusiasmo, Estados Unidos e Israel reconocieron formalmente la victoria del autoproclamado presidente electo. Por su parte, la misión de la OEA insiste tímidamente en que no se puede determinar un ganador en los comicios del 26 de noviembre, considerando el estrecho margen de votos entre los dos primeros candidatos, las irregularidades y errores del proceso, pero, de facto, están ausentes sobre el terreno y no están promoviendo acción concreta alguna para defender la democracia, más allá de sugerir una repetición de los comicios, que Hernández ya ha descartado.

La crisis política, social e institucional que vive Honduras actualmente, augura un complejo panorama de difícil gobernabilidad para Hernández. Sostener su gobierno implica un escenario aceptable para Estados Unidos, cuyo gobierno tiene intereses en el país, relacionados con la compra de armas y el control militar regional a través de la presencia de tropas en la base de Palmerola, ubicada a 90 Km de Tegucigalpa y donde operan al menos 500 soldados norteamericanos.

Definitivamente, Hernández no es el candidato idóneo de la administración estadounidense, dado su extremismo y ligereza para utilizar la represión, pero lo asumirán como propio si su ausencia supone la llegada de un candidato como Nasralla, al que consideran peligrosamente más próximo a los gobiernos progresistas latinoamericanos.

En un año de seis importantes elecciones, en orden cronológico: Costa Rica, Paraguay, Colombia, México, Brasil y las inciertas elecciones en Venezuela, es indispensable prestar atención a la crisis electoral de Honduras. 

Honduras le habla a América Latina, en varios sentidos tiene una historia que contar. En 2009, el entonces presidente propuso realizar una consulta ciudadana para modificar la constitución y permitir la reelección para un segundo período. Fue destituido mediante un golpe. La justificación fue que la supranorma contenía cláusulas pétreas, inmodificables y la prohibición de la reelección era una de ellas.

Bajo estas normas hubo una elección en 2009 y otra en 2013, siendo elegido Juan Orlando Hernández en esta última. Una decisión de la Corte Suprema de abril de 2015, a su vez, anuló las cláusulas pétreas, reformando de hecho la Constitución, proceso que solo es viable por medio de una elección constituyente.

Así se permitió la candidatura del presidente en ejercicio, reelecto en noviembre pasado,  en condiciones menos que transparentes y con un cierto déficit de legitimidad de origen. La cuestión no es el qué, la reelección, sino el cómo, cambiar las reglas del juego sin neutralidad institucional, desde el poder y en beneficio directo de quien lo ocupa.

Quizás esta sea la lección fundamental de Honduras para un continente en el que se vota con insuficiente constitucionalismo, donde los sistemas electorales deben ser repensados.

* Diplomático, jurista y politólogo.

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